Servindi, 26 de julio, 2012.- Los indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) solicitaron mediante una acción de amparo constitucional “ la suspensión de la consulta gubernamental” por el incumplimiento de la sentencia 0300/2012 del Tribunal Constitucional que dispone el consenso entre indígenas y Gobierno previo a la consulta.
La citada sentencia declaró en junio la "constitucionalidad condicionada" del artículo 1 de la Ley 222 de Consulta Previa al señalar que ésta solo será aplicable y solo será constitucional en cuanto se concerte con los pueblos indígenas el contenido del proceso y sus procedimientos para la construcción de una carretera por el medio del TIPNIS.
Algo que hasta el momento no se ha dado ya que son varias las comunidades que le han negado el ingreso a sus territorios a los brigadistas del Ministerio de Obras Públicas que tienen a su cargo la “socialización” del protocolo de la consulta.
Fernando Vargas, dirigente de la Subcentral del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, interpuso la acción de amparo constitucional este miércoles en el Tribunal de Justicia de Chuquisaca. La acción se da a solo días de que se inicie oficialmente el proceso de consulta.
El recurso legal fue presentado en contra de los ministros de Obras Públicas, Vladimir Sánchez; de Medio Ambiente y Agua, Felipe Quispe; de Economía, Luis Arce; de Comunicación, Amanda Dávila; de la presidenta del Senado, Gabriela Montaño; y de otros funcionarios públicos que “desconocieron la obligación del Órgano Ejecutivo de concertar el contenido de la consulta”
Tras citar una serie de argumentos a su favor como lo dispuesto por la propia Constitución Política del Estado y los acuerdos internacionales, la dirigencia del TIPNIS solicitó la nulidad de todos los actos administrativos adoptados e implementados por el Órgano Ejecutivo por vulnerar la parte resolutiva de la Sentencia Constitucional 0300/2012.
De otro lado solicitaron que se disponga de otra medida cautelar que ordene la suspensión de toda acción e intervención gubernamental en el territorio ya sean de alcance nacional, regional o local y pidieron el retiro de los efectivos militares y policiales que actualmente se encuentran dentro de sus territorios.
Según la Constitución Política del Estado "la resolución final se pronunciará en audiencia pública -en un plazo no mayor a 48 horas- inmediatamente recibida la información de la autoridad o persona demandada y, a falta de ésta, lo hará sobre la base de la prueba que ofrezca la persona accionante.
El recurso legal se suma a las acciones de resistencia anunciadas por los indígenas para impedir la realización de la consulta sobre la construcción de la vía Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.
El domingo 29 empezará la consulta de acuerdo a las previsiones del Gobierno. Si los indígenas apoyan el levantamiento de la condición de intangibilidad del parque abrirán paso a la construcción de la vía.
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