Perú: Los indígenas del Putumayo, tras 100 años no han sido reparados de palabra ni de obra

Fotografía de Javier Ugaz

Servindi, 14 de abril, 2012.- La antropóloga Frederica Barclay Rey de Castro sostuvo que los pueblos del Putumayo aún no han sido reparados ni de palabra ni de obra, por los crímenes ocasionados por la explotación de caucho hace cien años.

Así se expresó la especialista durante la presentación del Libro Azul Británico. Informes de Roger Casement y otras cartas sobre las atrocidades en el Putumayo, que elaboró Roger Casement para el gobierno británico y en el que estimó que en el Putumayo se exterminó inmunemente a 30,000 indígenas, principalmente Huitoto, Ocaina y Resígaro.

Es la primera vez que el informe se difunde públicamente como libro impreso lo que constituye toda una revelación para conocer los perversos mecanismos con que operaba la Peruvian Amazon, de origen británico, en la amazonía.

Barclay observa la inacción del Estado peruano que negó los hechos por mucho tiempo "alegando la necesidad de dar garantías al capital extranjero y atribuyendo las denuncias a motivaciones dañinas contra los intereses nacionales".

Se trata de una grave omisión del Estado con los pueblos del Putumayo que se intentó escudar en "el derecho de la nación a prosperar a expensas de cualquier otro costo" y que "aún tras 100 años no ha sido reparada, de palabra ni de obra".

Cabe citar que Roger Casement es el tema central de la obra literaria "El sueño del Celta" del premio nobel de Literatura 2011 Mario Varga Llosa.

La presentación del Libro Azul Británico se efectuó el jueves 12 de abril en el Museo de la Nación gracias a una edición del Grupo Internacional sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) y el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP). Gracias a la distribuidora Horizonte ya se encuentra en las principales librerías.

Barclay es una especialista en historia amazónica y co-editora de la Guía Etnográfica de la Alta Amazonía. Es licenciada en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú con estudios de postgrado en el London School of Economics and Political Science y efectuó estudios de Historia en la Universidad de Barcelona.

A continuación reproducimos el discurso de Frederica Barclay durante la presentación:

Tras 100 años los pueblos del Putumayo no han sido reparados, de palabra ni de obra

Por Frederica Barclay

ervindi, 13 de abril, 2012.- Esta publicación es un viejo proyecto de Alberto Chirif, quien al menos desde fines de la década de 1980 estuvo empeñado en hacer traducir y publicar esta documentación además de otros materiales que han sido publicados en los últimos años, en Iquitos y Lima. Gracias a este empeño, en el que le ha acompañado en los últimos años Manuel Cornejo del CAAAP, hoy en día los estudiosos y el público disponen de un conjunto de fuentes que permiten conocer de primera mano y sin filtros lo que ocurrió en las cuencas del Putumayo a inicios del siglo XX. La obra permite a su vez dar una mirada a una compleja coyuntura política nacional e internacional.

El Libro Azul, que da título a esta publicación, es el informe que el gobierno de Gran Bretaña presentó en 1912 al Parlamento británico, y formalmente al gobierno peruano, sobre “el trato dado a súbditos británicos e indios nativos empleados en la recolección de gomas en la zona del Putumayo”, hace exactamente 100 años.

Entre los documentos que componen esta publicación figura de manera prominente la correspondencia entre Roger Casement, Cónsul General de Gran Bretaña en Río de Janeiro, y Edward Grey, el entonces Ministro británico de Asuntos Exteriores, en relación al modus operandi de la Peruvian Amazon Co. Esta correspondencia incluye las cartas y telegramas con los informes, interrogatorios y otros anexos recogidos por Casement durante sus dos visitas a Loreto, en 1910 y 1912.

El cónsul Casement, había sido comisionado para estudiar la situación de los súbditos británicos, originarios de Barbados, contratados por la Peruvian Amazon Co., la empresa que el cauchero peruano Julio César Arana registró en 1907 en Inglaterra sobre la base de las propiedades de la Casa Arana. Algunas denuncias habían aparecido ese mismo año en la prensa de Iquitos y rebotado en Londres, las que dos años más tarde se convirtieron en un escándalo de grandes proporciones cuando un semanario inglés publicó una serie bajo el título del “Paraíso del diablo”, indicando que el caso guardaba similitudes con los abusos perpetrados en el Congo belga que Gran Bretaña había documentado exhaustivamente.

Estas noticias derivaron en interpelaciones en el parlamento inglés al gobierno británico, que forzaron a éste a llevar a cabo una investigación y ejercer presión sobre el gobierno peruano para remediar la situación. Ello a pesar de que a la fecha ambos gobiernos estaban en los mejores términos tras la firma de un nuevo convenio con la Peruvian Corporation Ltd., la de los ferrocarriles, que solucionaba algunos temas pendientes del Contrato Grace de 1889.

Fue la participación de de súbditos británicos como empleados de la empresa “británica” denunciada lo que justificó el viaje de Casement, y son las espeluznantes entrevistas con 30 de estos Barbadenses lo que le permitió confirmar que las denuncias de la prensa no constituían una exageración. En base a su investigaciones y el estudio de los registros de la empresa Casement estimó que en el Putumayo se exterminó inmunemente a 30,000 indígenas, principalmente Huitoto, Ocaina y Resígaro. Casement también desnudó los perversos mecanismos con que operaba la Peruvian Amazon Co.

Las investigaciones conducidas por los jueces peruanos Valcárcel y Paredes a raíz de la presión externa, confirmaron los hechos en todos sus extremos y ofrecieron evidencias adicionales de crímenes contra la humanidad. Sin embargo, y a pesar de los señalamientos del Juez Paredes. Arana y los principales jefes peruanos lograron evitar la cárcel y éste tuvo tiempo de encargarse de la disolución de la empresa registrada en Londres y de tramitar la recuperación de sus activos, principalmente la posesión de sus propiedades en el Putumayo.

El Libro Azul además contiene la correspondencia diplomática en torno a este tema entre el Ministro de Asuntos Exteriores británico y funcionarios británicos en Lima, Iquitos y Washington y con la Cancillería de los Estados Unidos en torno a los procedimientos adoptados para conseguir que el gobierno peruano, entonces presidido por Augusto B. Leguía, tomara cartas en el asunto.

En esa medida el Libro Azul ofrece también una mirada a un interesante capítulo de la historia diplomática del Perú y de los países de la cuenca Amazónica así como de la economía política de la época.

Justo cuando el cauchero Arana logró el registro de su empresa en Inglaterra se constituía también un sindicato con inversionistas norteamericanos (Hnos. Selleck) sobre la base de unas propiedades otorgadas por el gobierno colombiano a una empresa colombiana, Cano, Coello & Cía. El Putumayo era una zona en disputa entre Colombia y Perú lo que explica que los empresarios caucheros adoptaran en la época la estrategia de asociarse a inversionistas extranjeros y de registrar sus empresas en el exterior en procura de garantías ante eventuales disputas territoriales. A la postre las denuncias de la violencia ejercida contra los indígenas fueron tan tremendas que quien asumió la cerrada defensa de Arana fue solo el gobierno peruano.

A pesar de que el gobierno de Leguía encumbró a Arana como el defensor de la soberanía nacional su accionar nada tenía que ver con lealtades nacionales, sino con un negocio de alta rentabilidad. Otro tanto ocurrió en Colombia que igualmente respaldó a sus caucheros, negando que antes de Arana ya hubiera existido en el Putumayo un régimen de fuerte violencia contra los indígenas.

Las propiedades otorgadas por el gobierno colombiano a Cano y Coello venían aparejadas de la cesión del derecho de navegación de los ríos Putumayo y Caquetá y de la obligación de abrir vías de acceso hacia la región conformada por ambos ríos. Pero endeudados y amedrentados por Arana, Cano & Coello terminaron cediendo su concesión al cauchero peruano.

Por su parte Arana no tuvo reparos en asociarse con otros inversionistas y políticos colombianos como el diplomático Enrique Cortés, que en 1907 era Ministro Plenipotenciario de Colombia en Washington, quien no solo era su agente comercial en Londres, a través de The Cortes Commercial & Banking Co. Ltd., sino que fue socio fundador de la Peruvian Amazon Co., habiendo estado representado en su junta directiva por el director Medina. Podemos especular que de esta manera Arana confiaba en que podría buscar eventualmente la protección de Colombia en caso que el territorio del Putumayo se determinara colombiano en algún momento.

Cuando la Peruvian Amazon Co. vio que Gran Bretaña, donde estaba registrada la compañía, le daba la espalda –viéndose el gobierno presionado tanto por el parlamento como por la Sociedad Antiesclavista y la opinión pública – Arana volvió nuevamente sus ojos al Perú y recordó a las autoridades que su presencia era la única garantía para la soberanía peruana en el Putumayo.

Basado en un criterio geopolítico, e influido por Arana que además tenía cooptadas a las más altas autoridades regionales al actuar de agente bancario para pagar sus sueldos y movilizar al personal, el gobierno peruano cerró filas con el cauchero y negó cuanto pudo los hechos denunciados. Las autoridades llegaron a asumir y emplear el argumento de Arana de que la violencia en el Putumayo era causada por la barbarie y el canibalismo de los indígenas y que la tarea que llevaba a cabo era llevar la civilización a zonas remotas empleando la mayor delicadeza. Por eso también el gobierno permitió y alentó al cónsul peruano en Manaos, Carlos Rey de Castro, a actuar directamente como su principal publicista. Incluso en 1911, en el momento de la mayor presión, el gobierno peruano nombró a Arana su representante ante la Exposición Mundial de Caucho que se celebró en Londres, ese año, encargo al que finalmente se vio obligado a renunciar.

Esta posición del gobierno de Leguía coincidía con los esfuerzos llevados a cabo por el gobierno peruano por crear un clima que atrajera la inversión británica hacia el Perú y cuando negociaba en Londres un empréstito por 450,000 libras esterlinas. Paradójicamente por la misma época las potencias europeas debatían la creación de una Corte Penal Internacional se proponía administrar justicia sobre un código internacional de derecho penal humanitario, un intento que fracasó en 1909. Hubiera podido ser éste un caso para esa corte?

Solo ante la apremiante presión del gobierno británico se ordenó una investigación judicial -llena de obstáculos como denunció el Juez Valcárcel-, y más tarde se aceptó la participación del gobierno británico en la investigación de la que formó parte Roger Casement. Las las presiones británicas y no cesaron hasta la publicación del Libro Azul en 1912, lo que se hizo de común acuerdo con el gobierno norteamericano, acto motivado explícitamente por falta de compromiso del gobierno para asegurar que los culpables fueran castigados de acuerdo a lo dictaminado por el Juez Paredes.

En Londres, el Encargado de Negocios en la Legación peruana, Eduardo Lembcke, recibió del gobierno de Leguía reiteradamente y hasta el último momento instrucciones de desmentir las denuncias aparecidas en la prensa británica. Pero a lo largo del tiempo se hizo tan evidente que en el Putumayo se había cometido las mayores atrocidades, que un año antes de que el Libro Azul fuera publicado, Lembcke vio necesario insinuar al gobierno de Leguía que debía actuar porque la publicación del informe de Casement produciría un “terrible efecto en el mundo civilizado por los detalles que contiene sobre los horrores cometidos en esas apartadas regiones..” (Lembke a Lima, 7.7.1911). Es que además en 1850 Perú había firmado con Gran Bretaña un tratado que establecía la obligación de no permitir la esclavitud, por lo que Lembcke anotaba que se corría también el riesgo de que el gobierno británico lo catalogara como un país donde persistía la esclavitud, con sus consecuencias para el comercio y la reputación del país (Lembcke a Lima, 19.7. 1912, # 125 Putumayo).

Diversos estudios han analizado la documentación de Casement para tratar de entender la aparente irracionalidad económica de la empresa de Arana que implementó un régimen de terror y asesinatos masivos de indígenas cuando en realidad la extracción de las gomas dependía de esa mano de obra. Casement dio la clave al relievar el hecho de que la empresa de Arana ofrecía primas a sus funcionarios en función del volumen extraído, una política implementada para situarse como el principal productor en el Amazonas peruano y lograr su registro en Londres y que alentó la sobreexplotación de la mano de obra y la necesidad de reprimir cualquier resistencia. Otros observadores de la época hicieron notar que los peones esclavos poco le costaban y podían ser repuestos “acorralando las tribus a bala”. Se trataba de una lógica extractivista no solo sobre los recursos naturales sino sobre la propia población originaria de la zona.

Si bien el caso del Putumayo y de la empresa de Arana resulta particular porque controló por sí misma una gran extensión y a una significativa población indígena, la violencia, el trabajo forzado y los abusos contra los indígenas amazónicos fueron la moneda corriente durante el auge gomero. Si tal extremo se morigeró no fue porque el Estado peruano intervino sino porque la crisis internacional de precios y la primera Guerra Mundial aniquilaron la producción amazónica.

La publicación que hoy presentamos es un documento de primera mano sobre estos acontecimientos ocurridos en la primera década del siglo XX. Pero no es solo una fuente imprescindible para el conocimiento de la historia amazónica, sino que este año, en que se cumplen 100 años de su primera publicación, el Libro Azul del Putumayo se erige en Memoria de la inacción del estado, como lo ha señalado en Vice-Ministro, frente a las graves denuncias de violencia contra los pueblos originarios del Putumayo. La inacción fue incluso más allá porque el estado peruano negó los hechos por mucho tiempo alegando la necesidad de dar garantías al capital extranjero y atribuyendo las denuncias a motivaciones dañinas contra los intereses nacionales y señalando el derecho de la nación a prosperar a expensas de cualquier otro costo.

Termino señalando que se trata de una omisión con los pueblos del Putumayo que aún, tras 100 años no ha sido reparada, de palabra ni de obra.