Perú: La tierra y el poder

Por Bertram Zagema*

17 de marzo, 2012.- De acuerdo con la campaña CRECE de Oxfam, el sistema mundial de alimentos se ha roto. La apropiación de tierras es síntoma de un sistema que no funciona, lo que se presenta con claridad en Tierra y poder. El creciente escándalo que rodea la nueva ola de inversiones en tierras” incluido en el reciente informe de Oxfam.

La inversión internacional juega un papel vital en el desarrollo y la reducción de la pobreza. Puede mejorar el bienestar y crear puestos de trabajo, servicios e infraestructura cuando se gestiona de manera responsable y bajo un marco regulador eficaz.

Pero el modelo reciente de inversión en tierras es muy diferente. Cuenta una historia de rápido aumento de presión sobre la tierra, un recurso natural del que depende la seguridad alimentaria de millones de personas que viven en la pobreza. Sin medidas nacionales e internacionales para defender los derechos de estas personas, las inversiones han resultado en el despojo, el engaño, la violación de los derechos humanos y la destrucción de los medios de subsistencia.

En los países no desarrollados, hasta 227 millones de hectáreas –un área del tamaño de Europa occidental– han sido vendidos o arrendados desde 2001, principalmente a inversionistas internacionales. La mayor parte de estas adquisiciones de tierras se ha producido durante los últimos dos años. Este reciente incremento puede explicarse en parte por la crisis de precios de los alimentos en 2007 y 2008, que llevó a inversionistas y gobiernos a poner atención en la agricultura tras décadas de abandono.

Tendencias y controladores

El informe, “La tierra y el poder” de Oxfam, analiza las tendencias y los factores que impulsan la adquisición de tierras a gran escala y examina en detalle cinco apropiaciones de tierras en Uganda, Indonesia, Guatemala, Honduras y Sudán del Sur, buscando ayudar a comprender el impacto de las expropiaciones de tierras para identificar los factores que subyacen en las relaciones entre empresas, comunidades locales y gobiernos, así como examinar el papel de los inversionistas internacionales y los gobiernos de sus países de origen.

Todos los actores de estos procesos enfrentan el fracaso en cuanto al respeto de los derechos humanos, la gestión de la inversión hacia el interés público y las respuestas a una de las tendencias más alarmantes a la que se enfrentan las poblaciones rurales de los países no desarrollados: el respeto al consentimiento libre, previo e informado, que es crucial para la gobernanza de la tierra y esencial en la reducción de la pobreza.

Necesidad de cambio

Los gobiernos nacionales han fracasado en la protección de los derechos e intereses de las comunidades locales y de quienes tienen derechos sobre la tierra. Parece que se han aliado con los inversionistas, dándoles la bienvenida con reducciones en los precios de la tierra y otros incentivos, e incluso ayudándoles a ‘limpiar’ la tierra de gente, en procesos que no son guiados por normas y reglas establecidas. Las comunidades locales pueden encontrar alternativas en determinados mecanismos de denuncia, pero estos parecen ser subutilizados.

En general, la respuesta de la comunidad internacional ante esta devastadora ola de acaparamiento de tierras ha sido débil.

El equilibrio de poder tiene que cambiar a favor de los más afectados por los acuerdos sobre la tierra. El derecho de las comunidades a conocer y decidir debe ser respetado por todos los involucrados.

Oxfam concluye que existe un imperativo claro de acción a varios niveles, tanto para asegurar que este cambio estructural se lleve a cabo, como para remediar los conflictos que surgen de estas situaciones. Teniendo en cuenta que la opinión pública puede ejercer presión sobre gobiernos y empresas, y que la sociedad civil, los medios y la academia pueden ayudar a proteger esos derechos y fomentar la transparencia, el informe concluye con las siguientes recomendaciones:

A nivel internacional, los gobiernos deberían adoptar normas de buen gobierno en relación con la tenencia de la tierra y la gestión de los recursos naturales.

Los gobiernos de los países anfitriones y las autoridades locales deben promover el acceso equitativo a la tierra y proteger los derechos de las personas.

Los inversionistas que operen proyectos de agricultura deben respetar todos los derechos sobre las tierras existentes, evitar la transferencia de derechos sobre la tierra lejos de los productores de alimentos a pequeña escala, y llevar a cabo y guiarse por las evaluaciones de impacto social y ambiental.

Los financistas de las empresas agrícolas y los compradores de productos agrícolas deben asumir la responsabilidad de lo que sucede en sus cadenas de valor.