Bolivia: “La ley de consulta es un chantaje a los pueblos indígenas del TIPNIS”

Foto: Wara Vargas / Página Siete. De izquierda a derecha: Javier Viscarra, editor de opinión;

Gonzalo Colque, director ejecutivo de la Fundación Tierra y Raúl Peñaranda, director de Página Siete.

Gonzalo Colque, director de la Fundación Tierra dice que la ley es “una trampa”

13 de febrero, 2012.- Apenas promulgada la Ley 222 de consulta a los habitantes del TIPNIS para ver si deciden o no construir la carretera, Página Siete conversó en un desayuno de trabajo con el director ejecutivo de la Fundación Tierra, especializada en temas agrarios e indígenas, para conocer las implicaciones que tendrá esta nueva disposición.

- ¿La nueva ley de consulta implica algunos riesgos?

Sí. A todas luces es una ley que no es pertinente. Incumple todo lo que manda la Constitución sobre lo que debe ser una consulta previa, informada y de buena fe.

Es una ley que el Gobierno acepta a pedido de una facción del TIPNIS. El Conisur es una organización intermedia que está sobrepasando la voluntad de las comunidades de su territorio que se expresa a través de la subcentral del TIPNIS. Esta ley va a generar mayor conflicto por este territorio. Por ejemplo, las federaciones cocaleras del trópico se han ido extendiendo en busca de tierras para sembrar coca en el TIPNIS.

El Polígono 7, donde se asientan los integrantes del Conisur, representa unas 100 mil hectáreas de tierras que siguen siendo área protegida pero ya no Territorio Comunitario de Origen (TCO).

En este panorama, la ley está dándole el apoyo estatal a este sector (cocaleros) para que se haga la carretera, para que sea una vía de penetración de nuevos asentamientos.

- ¿Cómo y con quiénes debe realizarse la consulta?

La Constitución y los convenios que Bolivia ha ratificado, especialmente el Convenio 169 de las NNUU, dicen que la consulta se hace por normas y procedimientos propios de los pueblos indígenas y mediante instituciones de esos pueblos indígenas. En ese sentido, la institución contraparte con la que el Gobierno debe dialogar y hacer el proceso de consulta es la subcentral del TIPNIS, cuyo presidente es Fernando Vargas, que participó en la primera marcha (octava) pero no en esta última. Pero el Gobierno, en la ley aprobada, ni siquiera cita a esta institución.

En la ley se cita de manera general y ambigua que habrá una consulta a las comunidades que viven en el parque, que son chimanes, mojeño-trinitarios y yuracarés, sabiendo que varias de estas comunidades también viven en el Polígono 7, muchas de ellas ya convertidas en sindicatos de cocaleros; (en la consulta) podría darse cierta contaminación con fronteras muy difusas sobre quién tiene derecho a expresarse y a ser consultado. Y el Gobierno sabe que existe este posible conflicto.

La ley debió incluir una lista de comunidades reconocidas legalmente dentro del TIPNIS y eso está en los expedientes agrarios del INRA que ha hecho un censo agrario y de comunidades.

- Según la visión que usted expone, ¿la ley está o no en el marco constitucional?

Es inconstitucional, porque además el Gobierno está sobrepasando la voluntad de la principal organización, la subcentral del TIPNIS, voluntad que se tradujo en la ley 180 del año 2011, que prohíbe la carretera. Esa voluntad de que no se haga la carretera por el TIPNIS está siendo desconocida por el Gobierno que, además, se inmiscuye en la vida orgánica de las comunidades del TIPNIS al querer hacer consultas a organizaciones intermedias y de base sin consultar a la principal organización. Esto es anticonstitucional y viola la Convención 169.

- ¿Cuál es la posición de la Fundación Tierra sobre hacer o no la carretera?

No tenemos una opinión sobre la construcción. El cuestionamiento que hacemos es que el Gobierno, si quiere proponer este proyecto, debe cumplir con ciertos protocolos que garanticen el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, que es una ley marco de consulta.

Como no se hizo esto de principio, todo se ha distorsionado y se ha producido el conflicto

Ahora, otra cosa grave es el objeto de la consulta, el término “intangibilidad”. Es decir, la restricción que el mismo Gobierno introdujo con este término, que fue planteado por los diputados indígenas en octubre pasado y luego sacado por el Parlamento. Pero cuando llegó a Palacio, el Presidente devolvió la ley para que se vuelva a incluir el término “intangibilidad”. En ese ir y venir lo que ha ocurrido es que el término “intangibilidad” -pensado como un escudo de protección del TIPNIS ante agresiones externas-, ha sido convertido por el Gobierno en una espada de sometimiento contra los propios indígenas, como un chantaje. La ley corta se convirtió en un chantaje a los pueblos indígenas del TIPNIS porque dice: “vamos a hacer la consulta para ver si sigue o no vigente la intangibilidad”.

- ¿Y dónde está el chantaje?

En este momento, este término está puesto como una barrera que restringe el uso de los recursos naturales a los indígenas y por otro lado restringe también la construcción de la carretera por el medio del TIPNIS. Así, el Gobierno consultará a los pueblos indígenas si quieren o no levantar el término de intangibilidad para que los indígenas puedan acceder al uso de sus recursos naturales, pero también para la carretera. Es un chantaje, es una pregunta mañuda.

La estrategia del Gobierno es utilizar el término intangibilidad para someter a los pueblos indígenas para que acepten la carretera. (') Los legisladores no conocen estos temas y las leyes, como la de la consulta, es de mala fe, tiene trampa, está hecha ambiguamente, casi maquiavélicamente con su término “intangibilidad” pero indirectamente planeada para que se acepte la carretera. Más o menos te dice, “¿quieres comer? Entonces acepta la carretera”.

- Hace unos días al Gobierno decía que al no haber comenzado la construcción la consulta es todavía previa, no posterior. ¿Cuál es su opinión?

El Convenio 169 y la declaración de las Naciones Unidas dice que la consulta debe ser previa, informada y, lo más importante, de buena fe. En el país se aprobó, mediante ley, el financiamiento de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos; por lo tanto, se ha adoptado una decisión sobre un territorio indígena sin hacer la consulta. A todas luces la consulta que se hará ahora ya no es previa; incluso la CIDOB propuso que se anule el contrato con la OAS y se comience todo desde cero. Si todo esto se analiza en el marco de la neutralidad y transparencia, el Gobierno no podría demostrar que actuó de buena fe.

- ¿Cuál es su opinión sobre la política del Gobierno de respeto al medio ambiente?

Creo que el Gobierno ha abandonado muy rápidamente su discurso radical de defensa de la Madre Tierra. La llegada de la marcha a La Paz, la presencia de cientos de miles de personas que la apoyaron, le han dicho al Presidente, “usted no es el defensor de la Madre Tierra ni de los derechos indígenas”. Ahora el Gobierno ya no tiene ese discurso.

De hecho, el Gobierno ha aceptado el pedido de la CSUTCB de paralizar el proceso de saneamiento de las TCO para que ya no haya más pueblos indígenas reconocidos. Incluso ha apadrinado la propuesta de campesinos y colonizadores de revisar el derecho de propiedad de las TCO y redistribuir la tierra. Esto sin embargo, (lo contrario) está entre los acuerdos logrados tras la marcha contra el camino.

- ¿Cómo debería ser una ley marco de consulta en su criterio?

Bueno, hacerlo responde a la necesidad de buscar el ejercicio de la democracia comunitaria y de la democracia liberal. Es el intento de los países que tenemos pueblos indígenas de convivir entre la democracia comunitaria y la liberal, que está instalada en nuestro Estado por más que se llame plurinacional.

La consulta previa sería beneficiosa porque identificaría los impactos negativos de un megaproyecto y propondría medidas compensatorias para los pueblos indígenas. En otras latitudes se han dado casos en que el Gobierno ha desistido de seguir con un proyecto por los elevados costos sociales de compensación.

Por ahora en el país no es fácil llegar a esto, hay mucha desconfianza entre Estado y pueblos indígenas y, además, el Gobierno actual no es amigo de un Estado de Derecho; entonces, no se puede creer en las leyes y en su actuación. Con todo este deterioro debiéramos esperar antes de tener una ley marco. Este momento no es el adecuado. Necesitamos reconstruir las condiciones previas para establecer una legislación marco para procesos de consulta.

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Fuente: Página Siete: http://www.paginasiete.bo/2012-02-12/Nacional/Destacados/06-07nacional-001-0212.aspx