La República, 31 de octubre, 2011.- La ex defensora del pueblo, Beatriz Merino, analiza los primeros cien días del gobierno de Ollanta Humala. Destacó entre los buenos pasos la aprobación de la Ley de Consulta Previa y la estabilidad económica lograda.
Entrevista de José Víctor Salcedo. Cusco
- ¿Qué sensación le deja los cien primeros días de gobierno del presidente Ollanta Humala?
En materia económica creo que hemos encontrado una estabilidad que hace que el Perú retome un rumbo macroeconómico. Digamos que después de los temblores de la campaña electoral, estamos ahora en tranquilidad y eso está bien. Creo que en materia social hay una especie de tensa espera para ver los resultados de la reglamentación de la Ley de Consulta Previa. Es una aprobación que hay que aplaudir de hecho, que su promulgación haya sido en Bagua es un gesto de reconciliación. Claro que hay problemas, pero casi todos los países del mundo los tienen. En lo estructural, que es la economía y lo social, me parece que la población está viendo avances.
- ¿Cree que la Ley de Consulta Previa contribuirá a desactivar los conflictos del país?
En ninguna parte del mundo una ley resuelve por sí sola un conflicto o un problema. Las leyes son solamente instrumentos. Hoy día tenemos el último reporte de conflictos. Tenemos 251 conflictos, 12 nuevos; sin embargo, si uno observa, entre las regiones que más conflictos tienen, Cusco está en el segundo lugar después de Puno, con 16 conflictos activos, empatado por así decirlo con Áncash. La gran mayoría de estos conflictos son socio-ambientales. Por sí mismo el conflicto no es una mala noticia, el problema es la violencia. El gobierno ha anunciado un enfoque intercultural. Lo que es más importante es que va a haber una participación de las comunidades en la reglamentación para aportar y así lograr un trabajo consensuado.
- Para algunos la norma es imperfecta al señalar que se someten a la consulta pueblos originarios e indígenas y se excluyen a otros. ¿Piensa igual?
La ley es muy clara y no ha ido ni un milímetro más allá del Convenio 169 de la OIT. La ley, por ejemplo, no dice que los resultados de la consulta sean vinculantes. El Estado va a decidir, pero respetando los derechos fundamentales de las comunidades indígenas. Yo diría que lo bueno es que se ha aprobado la ley, se está convocando a las comunidades, se ha nombrado a buenas personas para hacer el trabajo. Esperemos con optimismo y tranquilidad el desenlace de todo.
- Sin embargo, también es cierto que se ha creado una sobreexpectativa respecto a la Ley de Consulta Previa, como si esta fuera a resolver el problema...
Sin duda, no es mala la expectativa. Ahora ya se sabe por qué se ha creado la expectativa, porque se ha demorado 16 años para aprobar esa norma, entonces lo más importante es que se va a respetar al pueblo indígena, su identidad cultural, y darle la oportunidad para ver si la inversión trae desarrollo.
- La creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, además de ser un gesto político, ¿dará resultados en la lucha contra la pobreza, tal como lo ha prometido este gobierno?
Yo creo que es muy temprano para estar elucubrando. Creo que eso lo sabremos en un tiempo más. Lo que sí es claro es que va a depender de que haya políticas claras, y sobre todo de que la mayor parte del dinero llegue a los necesitados. No se quiere que se pierda en la burocracia.
- ¿Qué comentario le merece el escándalo en el que está involucrado el vicepresidente Omar Chehade?
La única enseñanza que nos deja es que un funcionario debe comportarse con transparencia. La palabra es transparencia y la transparencia es cuando uno sale a los medios de comunicación a decir que en una reunión se ha hablado de esto y de tal cosa o cual cosa.
- ¿No es sospechosa esa cita?
Claro que uno debe dejar de lado las acciones que lleven a la sospecha y el secretismo. Tocar temas de Estado en restaurantes u hoteles llevan a sospechas. Entonces el país se altera, hay escándalo.
- ¿Qué aspectos de su hoja de ruta olvida el presidente?
Desde mi punto de vista, creo que es muy temprano para hacer un análisis sobre este gobierno, hay que tener calma.
- En su condición de presidenta de la Asociación de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, ¿debe haber una reforma del Sistema Privado de Pensiones?
Claro que sí. Ya se formó una comisión, integrada por expertos que van a hacer una propuesta de norma que recoja los cambios. Han pasado 18 años desde su creación, es momento de reformas. Estas se van a validar luego de la propuesta.
- Siendo así, ¿qué aspectos en su opinión debería contemplar la reforma?
El primer cambio, en la cobertura del caso, debe revisarse este aspecto. Una mejor retribución para los afiliados, hay costos innecesarios en el sistema que pueden reajustarse. En 18 años las AFP no perdieron ni un sol, han producido una renta nominal de 13% por año. Este año, pese a la crisis internacional, no han perdido dinero. Esas son las reformas claras que se necesitan.
Apoya proyecto para niños en Arequipa
- Usted vino a apoyar un proyecto privado. ¿En qué consiste el proyecto Huasac?
Desde hace siete años hay una alianza estratégica entre la AFP Profuturo y Unicef para ejecutar el proyecto Huasac (dedicado a desarrollar capacidades locales para la promoción, defensa y ejercicio de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres). Este proyecto empezó con mil niños en la comunidad de Huasac y ahora beneficia a cuatro distritos: Caicay, Huancarani (Paucartambo), San Salvador y Lamay (Calca). Gracias al convenio, 20 mil niños, madres y adolescentes de 56 comunidades están siendo beneficiados, y ahora hay otras 10 (municipalidades) que están interesadas.
- ¿Qué se ha logrado con el proyecto?
Por ejemplo, hemos logrado un 80% de cobertura de salud, la gente está capacitada en limpieza, y lavado de manos. Hoy tienen un modelo desarrollado para atender a niños. Aproximadamente 4 mil niños han recibido sus certificados de nacimiento y sus documentos de identidad.
- ¿Cuál es la proyección de este modelo de acción?
Se espera ampliar a muchas más comunidades, el proyecto Huasac puede ser tomado como modelo para otras empresas privadas, para otras municipalidades, porque la responsabilidad social (de las empresas privadas) debe involucrar a las comunidades.
- ¿Podría pasar a aplicarse en el sector público?
Este es un proyecto que debería replicarse y ser parte de una política regional y eventualmente una gran política nacional.
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Fuente: Diario La República: http://www.larepublica.pe/31-10-2011/beatriz-merino-ahora-se-respetara-los-indigenas
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