Por Luis Ángel Saavedra
La participación del Ecuador en el mercado mundial del carbono ha generado complicaciones en los pueblos indígenas y comunidades afroecuatorianas, quienes no sólo han visto reducidos sus derechos a usar sus territorios para actividades ancestrales, sino que en sus organizaciones se han generado divisiones por la oferta gubernamental de instaurar bonos monetarios anuales a quienes participen de su programa insignia, Socio Bosque, impulsado por el Ministerio del Ambiente desde mediados del 2008.
25 de octubre, 2011.- En efecto, el presidente Rafael Correa, en su cadena radial sabatina del 23 de mayo de 2009, anunció que se encontraba estudiando ingresar en el mercado de los bonos de carbono para proteger el medio ambiente del país, especialmente de la región amazónica.
En Ecuador se produce “una gran cantidad de aire puro con la selva amazónica y hay otros países que consumen; esos países deben compensarnos”, aseguró Correa en este enlace.
Al incluir la conservación de los bosques nativos en el marco del mercado de bonos de carbono y presentarlos como una estrategia ambiental de su gobierno, Correa asumió el discurso de los países más contaminantes, quienes no hacen ningún esfuerzo por reducir la emisión de carbono generada por sus industrias, pero presionan para que las comunidades de los países pobres no usen los recursos de sus bosques, pues éstas, como lo han hecho ancestralmente, usan leña para sus fogones y construyen sus casas con maderas nativas.
A cambio, los países ricos, a través de organismos multilaterales y grandes organizaciones no gubernamentales, ofrecen una compensación a los gobiernos que atienden sus pedidos, que resulta irrisoria si la comparamos con los gastos que deben asumir para reducir sus propias emisiones de dióxido de carbono (CO2). Ecuador pretende acceder a US592$4 millones comprometidos por Naciones Unidas a cambio de proveer servicios ambientales en el mercado internacional.
Una parte de esta compensación se traslada, a través del Programa Socio Bosque, a las comunidades que se pliegan a esta propuesta y, además, muestran simpatía por el gobierno, lo que convierte a este programa en un instrumento clientelar, pues una vez firmado el acuerdo, las comunidades se ven obligadas a participar en las concentraciones de respaldo al Presidente.
“La última vez que vino el Presidente a [la ciudad amazónica de] Lago Agrio [el 16 de setiembre], la Dirección Provincial de Medio Ambiente movilizó a las comunidades kichwas y cofanes que tienen acuerdos con Socio Bosque”, asegura Paco Chuji, Presidente de la Federación de Organizaciones de la Nacionalidad Kichwa de Sucumbíos, Ecuador (FONAKISE).
Los bonos o créditos de carbono forman parte de los mecanismos de desarrollo limpio incluidos en el Protocolo de Kioto sobre cambio climático vigente desde el 2004 y que permiten que países o empresas de países industrializados que hayan sobrepasado sus límites de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del cambio climático, y no hayan cumplido con sus cuotas de reducción, tener la posibilidad de comprar bonos de carbono.
Un bono de carbono es el derecho a enviar a la atmósfera una TM de CO2. Esto quiere decir que si, por ejemplo, una empresa que tiene un límite de emisión de 100,000 TM de CO2 anuales, supera esa meta y emite 10,000 TM más, debe adquirir bonos de carbono equivalentes a ese exceso. A su vez, los proyectos que dejan de emitir GEI pueden obtener Certificados de Reducción de Emisiones (CER); cada CER representa una TM que se deja de emitir a la atmósfera y puede ser vendido en los mercados de bonos de carbono.
Organizaciones fraccionadas
Si bien el anuncio lo hizo en el 2009, el gobierno de Correa ya había avanzado en el diseño de esta propuesta, a través de Socio Bosque, convocando a las comunidades y personas propietarias de bosques nativos a inscribirse en el programa y recibir un bono de $30 anuales por cada hectárea de bosque conservado.
Según el Ministerio del Ambiente, con este programa se busca la conservación de unos 4 millones de hectáreas de bosques nativos y la protección de los servicios ambientales, como la emisión de oxígeno, que brindan estos bosques. El ministerio también resalta que se mejorarán los ingresos de las comunidades propietarias de bosques nativos.
La propuesta fue bien recibida por dirigentes de varias comunidades indígenas, como los cofanes que habitan en la Amazonia norte, en la frontera con Colombia, quienes accedieron, sin consultar a sus bases, a firmar un acuerdo con el Ministerio del Ambiente que propone la conservación de unas 7,100 Ha de bosques de la comunidad Dureno, y 80,000 Ha de la comunidad Zabalo. Este acuerdo prevé la existencia de guardaparques que se encuentran en la franja limítrofe de estas comunidades y vigilan que no exista caza indiscriminada de especies, tala ilegal de madera ni “invasiones” por parte de otras comunidades.
“El gobierno paga a los guardaparques, paga a la comunidad por conservar el bosque, y estamos contentos con eso, porque tenemos ingresos y nos han dicho que podemos seguir cazando, que podemos usar la madera conforme necesitamos. No sabemos más”, afirma el dirigente cofán José Quenamá.
Los convenios establecen que en caso de incumplir el acuerdo o de querer terminarlo de forma anticipada, puede haber una serie de “sanciones administrativas, civiles, penales” que no están definidas con claridad en los convenios, ni en el Manual Operativo del Programa Socio Bosque.
“En determinado momento, cuando las comunidades sean críticas con el gobierno o no vayan a sus movilizaciones, la tala de árboles para la construcción de las casas de la comunidad podrá interpretarse como un incumplimiento del acuerdo y se les dará sanciones que nadie conoce con precisión”, afirma Chuji.
Al igual que los cofanes, otras comunidades amazónicas kichwas y shuar han firmado acuerdos similares, aún en contra del criterio de sus organizaciones regionales, como el caso de comunidades pertenecientes a la FONAKISE.
“Los problemas de la división vienen del Socio Bosque, porque algunas comunidades dicen que necesitan ese dinero, y nosotros decimos que por el dinero vamos a perder el territorio”, afirma Mery Salazar, presidenta de la organización de mujeres de la FONAKISE. Salazar se refiere a las posibles sanciones que hablan de una restitución de valores al Ministerio de Ambiente, que serán difíciles de devolver y, pese a que la Constitución establece que los territorios indígenas no se pueden embargar por deudas, el gobierno ha mostrado mucha creatividad para someter económicamente a las comunidades indígenas, tal como lo ha mostrado con la nacionalidad secoya.
La vida hipotecada
A mediados del 2010, algunos miembros de la nacionalidad secoya, ubicada en la Amazonia norte del Ecuador, talaron unas 174 Ha de bosque nativo y sembraron palma africana, previo acuerdo con una empresa privada que les compraría la cosecha.
El Ministerio del Ambiente inició un proceso administrativo a los secoyas y a principios de setiembre les impuso una multa de $375,000 por haber hecho caso omiso de la norma constitucional que prohíbe la tala de vegetación nativa y el cambio de uso de suelo, sin antes haber presentado un plan de aprovechamiento forestal y haber obtenido la debida autorización de ese ministerio.
Las comunidades secoyas se habían resistido a ingresar al Programa Socio Bosque, pero al parecer, ahora deberán hacerlo de manera forzada, pues frente a la imposibilidad de pagar esta multa, el gobierno ha propuesto a los dirigentes secoyas el incluir en el Programa Socio Bosque las hectáreas de territorio ancestral que tiene la comunidad, para con los bonos descontar el valor del bosque talado en un plazo de 10 años. Los secoya poseen 25,000 Ha de bosque nativo en los que cultivan cacao, plátano y yuca, además de la palma.
La gobernadora de la provincia de Sucumbíos, Nancy Morocho, también propuso a los secoyas otras alternativas de pago: la primera consiste en pagar con las utilidades que genere la explotación petrolera de la empresa estatal Petroamazonas en su territorio, y la segunda es designar las utilidades del cultivo de palma para este pago. Cualquiera de estas formas de pago que adopten los secoyas implica hipotecar sus formas de vida.
Lo que llama la atención de este caso es que junto a los territorios secoyas existen grandes empresas dedicadas al cultivo de palma africana, en extensiones mucho mayores que las utilizadas por los secoyas. Sin embargo, no se conoce que estas empresas hayan sido multadas tal como se hizo con estas comunidades indígenas.
La Asamblea General de la Organización Indígena Secoya del Ecuador (OISE) decidió desconocer la sanción y no aceptar las alternativas de pago, a la vez que pidió a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) que respalde su decisión. CONAIE ha incorporado este tema en la agenda de sus luchas pendientes.
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Fuente: Eco Portal.Net: http://www.ecoportal.net/content/view/full/100781
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