Foto: Costa Rica por Regiones
Servindi, 14 de abril, 2011.- Los indígenas bribri de Keköldi, Reserva de Talamanca, provincia de Limón, corren el riesgo de ser desalojados de su territorio, debido a la venta de 50 hectáreas de su territorio a un ciudadano extranjero.
La Asociación de Desarrollo Indígena del territorio Keköldi denunciaron que la fuerza pública planea desalojar a los indígenas de la finca conocida como Patiño, dentro de la reserva indígena.
Por su parte, José María Villalta, diputado por el Partido Frente Amplio, dijo que según la ley indígena vigente, aunque nunca aplicada desde 1977, “ese territorio es inalienable y nadie puede apropiarse ilegalmente de ese territorio”.
El diputado denunció que la policía amenaza con desalojar a los indígenas de la reserva. Asimismo manifestó que un extranjero consiguió algún abogado o topógrafo corruptos.
Solo de esa manera lograron inscribir en el Registro Público una escritura a nombre de ese extranjero” y ahora quieren desalojar a la propia comunidad indígena de su propio territorio ancestral", denunció el diputado durante el Plenario Legislativo.
Villalta anunció que había remitido al ministro de Seguridad, José María Tijerino, una resolución del Registro Público, y que éste último se ha comprometido a revisar el caso.
Asimismo, explicó que el registro concluye que dicha finca (Patiño) forma parte del territorio indígena, a pesar de que se hizo un plano catastrado y se inscribió la finca alegando que se encontraba en áreas fuera de la reserva o áreas protegidas.
La resolución tiene la fecha del 4 de octubre de 2010, expediente 2010-0396 del Registro.
El diputado indicó que es “inaceptable que se haga un desalojo administrativo a estos pobladores indígenas que están reclamando su derecho histórico a la tenencia de la tierra, sus derechos ancestrales”
El legislador agregó que esos derechos están reconocidos en el Convenio sobre Pueblos Indígenas N° 169 de la Organización Internacional del trabajo (OIT), y en la Ley Indígena.
Asimismo explicó que en el Ministerio de Seguridad llegó y les pidió que hicieran un desalojo administrativo, llegó a decir que era su obligación hacer el desalojo porque él era el propietario".
“Las autoridades tienen que escuchar a la comunidad indígena, aquí están los papeles, aquí están las pruebas de que esta finca forma parte del territorio indígena”, explicó el diputado.
Agregó que “es una barbaridad que, un día sí y otro también, en este país, sujetos inescrupulosos, con la ayuda de algunos funcionarios públicos, también inescrupulosos, sigan inscribiendo como fincas privadas los territorios indígenas”.
“Esto tiene que acabarse, hacemos votos para que el Ministro de Seguridad suspenda indefinidamente este desalojo, que no cabe porque es un asunto, la nulidad del título, que tiene que ir a los tribunales de justicia”, concluyó Villalta, y aseguró que no habrá ningún desalojo en la comunidad.
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