Carlincatura de Carlos Carlín, diario La República, 9 de abril, 2o11
Servindi, 10 de abril, 2011.- No ha quedado clara la razón por la cual el 7 de marzo el Ministerio de Energía y Minas canceló el convenio suscrito con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para revisar los Estudios Ambientales (EA) del sector minero y energético a pesar que las observaciones de este organismo fueron decisivas para cancelar el proyecto Tía María.
A 17 días de iniciadas las protestas en Islay, Arequipa, que dejaron el saldo de tres personas fallecidas, el gobierno decidió cancelar definitivamente el proyecto Tía María de la cuprífera Southern Perú por fallas en los estudios.
Las observaciones realizadas por la UNOPS lueg0 de evaluar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero fueron importantes para la decisión del ejecutivo.
Veamos la cronología de las relaciones entre la UNOPS y el MINEM, respecto al proyecto Tía María:
23 de noviembre de 2010. El titular del MINEM, Pedro Sánchez, anuncia la firma de un convenio con la UNOPS, con el fin de mejorar “los procedimientos ambientales para llevarlos a un mejor nivel de excelencia”.
En el convenio se establecía que la UNOPS revisaría un paquete de 100 Estudios Ambientales (EA) complejos, a los cuales haría recomendaciones y observaciones técnicas que serían dirigidas al MINEM.
Además, el convenio mencionaba el “establecimiento de un sistema estandarizado de revisión interdisciplinaria y paralela de los EA, que incluye: procedimientos, protocolos, manuales, y un módulo de gerencia completamente informatizado”.
Por el trabajo de un año (el 2011) la UNOPS recibiría el pago de 6 millones de dólares por parte del Estado peruano.
1 de diciembre de 2010. El MINEM publicó en el diario oficial El Peruano la resolución directoral Nº398-2010/MEM/AMM, en donde se encargaba a la UNOPS evaluar el EA de Tía María.
El director de asuntos ambientales mineros del MINEM, Felipe Ramírez, consultado por IDL-reporteros afirmó que “antes de la firma del convenio se vio la necesidad de ver Tía María, sino no estaría mencionado en el convenio”.
Sin embargo, consultado por el mismo medio y sobre el mismo tema, el asesor técnico principal del proyecto de UNOPS respondió que “en el inicio del convenio no estaba previsto el análisis de este caso (Tía María)” y que esa decisión se tomó “posterior a la firma del convenio, por razones de urgencia”.
3 de marzo de 2011. Cuando los técnicos del proyecto de UNOPS ya se encontraban en las fases finales de la evaluación al EA de Southern Perú, el MINEM anuncia la cancelación del contrato con la UNOPS argumentando falta de presupuesto.
Para esto, argüían que el 28 de diciembre de 2010 el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitió una norma que no les permitía utilizar los recursos que no se utilizaron en el 2010.
Felipe Ramírez además afirmó que el 60% del presupuesto del MINEM para el 2011 ya estaba asignado para otras cosas.
No obstante, fuentes consultadas por IDL reporteros informaron que el 6 de diciembre ya se había hecho el depósito de 1 millón de dólares a la UNOPS y que el 31 de enero – después del anuncio del MEF – el MINEM se había comprometido a depositar los 5 millones restantes el 15 de febrero.
Además, según Rodolfo Peña, director del área de programación del MEF, “nadie le dice al MINEM en qué tiene que gastar, (…) esa es una decisión institucional y tendrán que decir por qué deciden pasar algunas cosas a segundo plano”.
16 de marzo del 2011. Ante la negativa del MINEM de recibir el informe de la UNOPS sobre el proyecto Tía María, éste fue filtrado a un dirigente del Frente de Defensa del Río Tambo. Ese mismo día se reanudaron las protestas.
El informe de la UNOPS incluía 138 observaciones al Estudio de Impacto Ambiental presentado por Southern Perú. Entre las observaciones se encuentra que el EIA no cuenta con un estudio hidrogeológico, y que el agua utilizada por el proyecto no provendría del mar tal y como se había acordado, sino de un estero.
Aún no se esclarece el motivo por el cual el MINEM decidió rescindir el contrato con la UNOPS, que según el convenio original debería haber evaluado 99 proyectos más que podrían presentar irregularidades como en Tía María.
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