Foto de Ultimahora.com, tomada de la Secretaría Nacional de Cultura
Servindi, 29 de marzo, 2011.- Los representantes de pueblos indígenas de Paraguay, Argentina, Brasil y Bolivia que se reunieron el Anambay, Paraguay, en el Segundo Encuentro de la Nación Guaraní, exigieron al gobierno de Paraguay que resuelva un litigio de propiedad de tierras ancestrales.
Las tierras tienen una extensión de 4.500 hectáreas y están ubicadas en Canindeyú, departamento al oeste de Paraguay, en donde históricamente habitan las dos etnias: aché y ava guaraní, quienes se disputan la propiedad.
Los indígenas entregaron al presidente Fernando Lugo un documento, poco antes de la clausura del evento que se realizó la semana pasada, para que las tierras que actualmente son propiedad de la Secretaría del Ambiente (Seam), les sean transferidas.
Según dicha secretaría los líderes exigen la “inmediata definición del caso”. Asimismo esperan que las tierras sean transferidas a las comunidades que las habitan. Cerca de 1.500 nativos se responsabilizan del manifiesto, indicó la Seam.
La propiedad, conocida como “Finca 470”, está ubicada en el distrito de Curuguaty. Las tierras pertenecían al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), pero fueron cedidas a la Seam.
Ello debido a que las tierras se encuentran en la zona de influencia de la Reserva de la Biósfera del Mabaracayú. Sin embargo, la Seam explicó a los indígenas que una acción judicial planteada por las mismas organizaciones es la que impedía la trasferencia.
En el manifiesto se lee: “Requerimos que el Gobierno Nacional respete el derecho de autonomía y autodeterminación de nuestros pueblos y garantice los territorios ancestrales a nuestros hermanos indígenas, sin influencia externa de organizaciones no gubernamentales”.
Por un lado, las tierras son reclamadas en su totalidad por los indígenas aché de la comunidad Kuetyvy, a pesar de que existen documentos que afirman que las tierras han estado habitadas previamente por las tres comunidades ava guaraní: Ytu, Tajy Poty y Tekoha Ka’a Poty.
Los ava guaraní iniciaron en 1995 acciones ante el Instituto Nacional del Indígena (INDI) y el entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR) para poseer el inmueble.
Por otro lado, los aché aparecen en el ámbito legal en el 2002, con la firma de un acuerdo entre la Seam, la Fundación Moisés Bertoni y el entonces propietario, según informó la Seam.
Más adelante la tierra pasó a propiedad de MOPC, en el marco del Programa de Corredores Viales, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Hasta la fecha, la SEAM ha convocado a los líderes de ambas comunidades en tres ocasiones a fin de buscar una salida consensuada, aunque sin éxito debido a la negativa de las etnias de compartir el terreno.
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