Contaminación en rio Lircay por rotura de la represa de minera Caudalosa
Servindi, 05 de enero, 2011.- El Poder Judicial aún no toma conciencia sobre la magnitud de los delitos ambientales y el Estado peruano solo recibió 2 mil soles -aproximadamente 714 dólares- de reparación civil por los delitos en que incurrieron empresas medianas y pequeñas durante el 2010, denunció Julio Guzmán, procurador del Ministerio del Ambiente (Minam).
"De las 2,140 denuncias que hemos presentado, el 80 por ciento se encuentran en etapa de investigación fiscal y solamente el 20 por ciento están judicializadas”, explicó Julio Guzmán Mendoza.
Según una nota informativa publicada hoy por el diario La República el procurador dijo que el Poder Judicial no prioriza la solución de los problemas ambientales que aqueja a la población peruana.
Por ejemplo, el caso de la minera Antamina fue archivado por las autoridades judiciales pese a las consecuencias que viene generando en las comunidades aledañas.
“El fiscal provincial ambiental de Áncash archivó las denuncias que presentamos contra la empresa minera Antamina por contaminar a la comunidad de Juprog”, lamentó Guzmán.
Asimismo, informó que la Procuraduría pública del Minam solicitará a la empresa Caudalosa una reparación superior a los 30 millones de soles que el Estado invertirá en reparar los daños en el río Opamayo, envenenado con toneladas de relave minero.
Finalmente, informó que la mayoría de las empresas no cumplen con efectuar los pagos correspondientes por los daños que ocasionan en el país. “Las empresas se niegan al pago pero esto tiene que cambiar”, dijo.
Desde julio de 2010, la Procuraduría del Ministerio del Ambiente asume la defensa jurídica de todas las instituciones estatales afectadas por delitos ambientales.
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