Colombia: Notas de fin de año y de adiós a la era Uribe. De santidades y diabluras

Por Efraín Jaramillo Jaramillo*

29 de diciembre, 2010.-  El año 2010 quedará registrado en la historia de Colombia como el fin de la era Uribe. El 26 de febrero de 2010 la Corte Constitucional, dio a conocer la Sentencia C-141/10 que declaraba inexequible la Ley 1354 de 2009, por medio de la cual se convocaba a un referendo constitucional con el objetivo de reformar una vez más la Constitución Nacional para que Álvaro Uribe Vélez pudiera aspirar por tercera vez a la presidencia de la República.

Con su fallo la Corte Constitucional contuvo la consolidación de un régimen personalista que en dos períodos presidenciales había acumulado un excesivo poder que amenazaba suprimir la democracia liberal. La Corte mostró una vez más que no era obsecuente con este líder supremo que estaba liquidando las instituciones del país y con ello disolviendo el maltrecho Estado de Derecho que le quedaba a Colombia. Los demócratas colombianos no sólo respiramos más tranquilos, sino que salimos a manifestar nuestro reconocimiento a una de las instituciones más honorables del país, pues cumplió con el deber de defender una tradición inherente a toda democracia: la del sometimiento del poder al derecho.

Por este cabal desempeño la Corte Constitucional fue declarada “Personaje del año”, por ser uno de los protagonistas más destacados de la historia reciente de Colombia. Y es que, como lo señala Alejandro Gaviria Uribe: “los protagonistas de la historia no son usualmente quienes realizan hazañas fuera de lo común, sino quienes tienen el valor de hacer lo que toca cuando toca” (1).

¿Es Juan Manuel Santos Uribe III?

Juan Manuel Santos, el nuevo presidente de los colombianos ha sido considerado como el más inmediato sucesor político de Álvaro Uribe Vélez. Fue su ferviente escudero durante los ocho años de su gobierno. Primero como fundador del partido de la U, que aglutinó a todas las fuerzas simpatizantes de Uribe y le dio estructura a eso que común llaman el Uribismo. Segundo como su ministro de defensa. Durante su campaña presidencial, Santos prometió dar continuidad a las políticas del presidente Álvaro Uribe, ante todo la de “Seguridad Democrática”. Los colombianos lo eligieron en segunda vuelta con 9'004.221 votos (68,9%), la más alta votación registrada hasta el momento por un candidato presidencial en Colombia.

Para sus más acérrimos contradictores Santos sería un subalterno más del régimen de Uribe, por lo que continuaría desmontando derechos conquistados por los colombianos durante muchos años de luchas, derechos que fueron reconocidos por la Constitución Política de Colombia; mantendría los ojos vendados para no advertir las violaciones de los Derechos Humanos; señalan que siendo ministro de Defensa era el directo responsable de los “falsos positivos” (2) y de los desafueros cometidos por la fuerza pública contra la población civil; continuaría desafiando a las altas cortes de la rama judicial y seguiría “braveando”, a la usanza de Uribe, con sus vecinos Chávez, y Correa.

Por esto es que sorprendió al país que una vez posesionado, Santos hubiera dado un giro radical, poniendo punto final a la política y estilo de gobierno de Uribe. La primera gestión como presidente electo fue visitar a la Corte Constitucional para honrar sus autos y manifestarle el acatamiento incondicional del gobierno a sus fallos. Santos cerraba así las desavenencias creadas por Uribe entre el poder judicial y el poder ejecutivo. En menos de una semana había logrado establecer una agenda de conversaciones para restablecer las relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela y Ecuador. En su discurso de posesión le extendió las manos a sus opositores, invitándolos a hacer parte de una unidad nacional para restablecer la gobernabilidad de Colombia, propuesta que fue acogida por los partidos liberal, conservador y Cambio Radical, constituyendo así una amplia mayoría en el parlamento que permitía al partido de la ‘U’, ya rebautizado Partido Social de Unidad Nacional, gobernar con holgura.

Muy significativo de este cambio de Santos es que acogió las propuesta de Gustavo Petro, sobre un proyecto de ley de ‘víctimas’ y de ‘restitución de tierras’ para los cerca de cuatro millones de desplazados por la violencia. Y, en un acto inusual, fue él mismo en persona a radicar en el Congreso este proyecto de ley, dándole prioridad a su aprobación y señalando que ejecutar este compromiso con las víctimas de la violencia habría justificado su paso por la Presidencia. Para no dejar dudas de su adeudo con las víctimas de la violencia, nombró a Juan Camilo Restrepo ministro de agricultura, un respetable político del partido conservador, que en más de una ocasión había criticado al presidente Uribe por su oposición al trámite de una Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Restrepo recibió el encargo de sacar adelante esta llamada ‘Ley de Tierras’, cuyo espíritu iría más allá de recuperar las tierras usurpadas con violencia y devolvérselas a sus legítimos propietarios, sino también, el de cambiar el uso de suelos a favor de la agricultura, lo que permitiría acabar con grandes e improductivos latifundios ganaderos, además de recomponer la economía campesina, reintegrando también al campo a los desplazados por la pobreza y crónica desatención que ha padecido el agro colombiano.

Las Leyes de ‘Tierras’ y de ‘Víctimas’, junto a la de ‘Aguas’ habían sido las banderas de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Pero cuando éste visitó a Santos, ya elegido como nuevo presidente de los colombianos, para encomendarle la urgencia de resarcir a las víctimas de la violencia, ahí fue Troya. La dirigencia más radical del Polo Democrático, que se había puesto los arreos de guerra y llamaban a rebato para hacer oposición al gobierno de Santos, o Uribe III, como lo llaman, condenó al ostracismo a su candidato presidencial, por haber sostenido conversaciones con el uribismo sin la venia del ejecutivo de este partido. Después de varios meses de controversias, Petro optó, con un grupo de dirigentes del Polo, por retirarse de su partido, haciendo un llamado a la Alianza Social Indígena, ASI, a Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, a los partidos políticos de los Pueblos Afrocolombianos, y a otras fuerzas democráticas del país, para conformar un partido democrático y pluralista que tuviera rostro indígena y negro.

El final de este episodio de la era post Uribe apenas empieza. Por el momento lo que se vislumbra es que, debilitado el Polo por los debates internos, la única real oposición al gobierno de Santos es paradójicamente la del ex presidente Álvaro Uribe, que junto con los gremios más retrógrados del país (terratenientes, palmicultores, empresas extractoras de recursos) y sus aliados paramilitares (3), se aprestan a obstaculizar los cambios introducidos por el nuevo gobierno, entre ellos, los ya mencionados trámites a la ley de tierras y a la de víctimas, buscando impedir que se restituya la tierra a los desplazados por la violencia y, por supuesto, que se introduzcan cambios en la estructura de tenencia de la tierra.

Importante de este proceso para la sociedad colombiana es que se ha avivado un debate sobre el estado y calidad de nuestra democracia y el papel que deben jugar las organizaciones sociales, los partidos políticos y todas las instituciones de la sociedad civil para superar una violencia ininterrumpida, que desde los años 50 del siglo pasado ha ocasionado cerca de 800.000 muertos, y que sólo en los últimos 15 años, en el más cruento capítulo paramilitar, agenciado por la misma institucionalidad durante la era Uribe, ha cobrado la vida a cerca de 170.000 personas.

¿Santos o Demonios?

El economista argentino, Bernardo Kliksberg , experto en temas de pobreza, se pregunta por qué en un país tan biodiverso, con abundante aguas, excelentes y variados climas, exuberantes suelos y excepcionales posibilidades agropecuarias como Colombia, cerca de la mitad de su población (20 millones) se encuentre por debajo de la línea de pobreza. Una cifra escandalosa para un país potencialmente rico. El gobierno anterior hizo gala de sus habilidades para maquillar esta realidad y ocultar la tragedia que viven la mitad de los colombianos. Ante todo impidió avanzar hacia una definición más integral de pobreza, revelando que ella es un producto de la exclusión social, económica, cultural y política que soportan con mayor rigor campesinos, indígenas, afrocolombianos y otros sectores del campo, y no sólo la consecuencia de una impetuosa guerrilla, que tenía paralizado al país. De esta manera situamos la pobreza en un plano de debate más profundo de negación de derechos y garantías. Los colombianos comenzamos a tomar conciencia de que algo andaba mal en la democracia colombiana, al no ser capaz de garantizar relaciones incluyentes, de igualdad, de respeto y protección por los derechos humanos a los sectores más pobres del país.

La pobreza se fue así convirtiendo en el tema obligado de la agenda política del gobierno de Juan Manuel Santos. De allí que el lema de su campaña presidencial fuera “de la seguridad democrática a la prosperidad democrática”. El tema de la pobreza cobra aún mayor importancia, ahora que con las inclemencias del clima un tercio del país, donde se hallan los mejores suelos agrícolas, se encuentra anegada por agua, agregando a los cuatro millones de desplazados por la violencia, otros tres millones de desplazados “climáticos”. Expertos calculan que una vez se retiren las aguas (lo que puede durar hasta un año), volver a recuperar estas tierras para la producción agropecuaria puede durar una década.

Sin recursos “frescos” para abordar una agenda económica que atienda a las víctimas de la violencia y a estos nuevos desplazados, el gobierno de Juan Manuel Santos, con la misma lógica de Álvaro Uribe, augura obtener con el desarrollo de la minería, el soporte financiero para estos programas. “Música celestial” dicen los expertos, pues no existen tales pingües ingresos por concepto de regalías, ya que buena parte de ellas son engullidas por las gabelas que el anterior gobierno les concedió a las empresas. (4) Pero además porque Ingeominas, el organismo estatal encargado de fiscalizarlas, nunca puso en práctica los mecanismos de seguimiento, fiscalización y control para verificar producción y costos, base de cálculo de los tributos al Estado.

Aún más, la recién posesionada contralora general de la Nación reveló la crónica indiferencia de la Contraloría para proteger estos recursos fiscales, de la avidez de corruptos mandatarios regionales, apoyados por sus mentores jefes paramilitares. Hasta ahora el gobierno no tiene clara la ruta para enfrentar este desangre fiscal. Y algo extraño debe estar pasando en el nuevo gobierno, desde que se mantengan vigentes las gabelas tributarias para atraer la inversión extranjera en la minería. “Venas abiertas” por las cuales se esfuma la riqueza del país, más ahora cuando la cotización del oro alcanzó un máximo histórico (1.380 dólares por onza en noviembre de 2010) y regresan muchas empresas extractoras, “rapiñas” por demás, para precipitarse con voracidad sobre ríos y montañas tras este metal precioso, considerado en el momento como la única y más segura moneda global que permite a los países afrontar la inflación y la desvalorización del dólar.

Se avista en un futuro cercano un nuevo fraude para las víctimas de la violencia y los pobres del campo, ya que es demagógico presentar a la minería como la “locomotora del desarrollo económico” que generará los recursos para el resarcimiento y redención económica de los desplazados por la violencia y el clima. Lo más seguro es que, como tantas veces en la historia, a los desplazados, a los indígenas, a los negros, a los campesinos y a otros pobres del campo y la ciudad, los dejará el tren de “la prosperidad democrática”. O partirá sin ellos, pues se sabe que la actividad minera no genera desarrollo, pero si arrasa la riqueza ictiológica de los ríos por el cianuro y el mercurio. “La minería ilegal nos está envenenando”, declaró Beatriz Uribe, la ministra del Ambiente (5), La legal también, pues como ella misma reconoció, hay 571 títulos mineros en 203.000 hectáreas, “donde no se pueden desarrollar proyectos mineros” (6).

Peor aún nos está empobreciendo más, pues como lo afirma la investigadora Cristina de la Torre:

“El incremento astronómico en los precios del oro, las exorbitantes exenciones que el gobierno anterior concedió a las multinacionales del ramo, la facilidad con que concedía explotaciones y la no menos atractiva oportunidad de lavar activos por este medio, han despertado una fiebre que amenaza desplazar el narcotráfico a un segundo lugar en la economía ilegal” (7).

De la Torre dice que en los últimos seis años “se cuadruplicaron los títulos mineros” y citando al periódico virtual ‘La Silla Vacía’, muestra la dimensión del desangre fiscal:

“…el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República calculan en 3,5 billones las regalías que el Estado dejó de recibir en el último año. Se pregunta entonces: si para 2010 y 2011 se esperan regalías por 18 billones, ¿a cuánto ascenderá lo no pagado?” (8)

Una pregunta razonable, pues como más adelante, para el caso del petróleo, señala que “Colombia recibe de las compañías petroleras las regalías más bajas del mundo: 8%. Encima, se quedan ellas hasta con el 92% del recurso y se les permite remesar todas las utilidades”(9). Es insignificante el empleo que genera, pero sí altos los daños ambientales y sociales que ocasiona en los territorios de indígenas, afrocolombianos y campesinos. Con razón el escritor y analista venezolano Arturo Uslar Pietri bautizó al petróleo como el “estiércol del diablo”.

Se trata de una política minera que ya está causando graves estragos en las comunidades, por los impactos ambientales, económicos y sociales que produce. Son impactos que auguran ser similares a los causados por la violencia paramilitar para apropiarse de las tierras comunitarias. Algo no funciona en los conjeturas de Juan Manuel Santos, pues es previsible que esta política minera aumente el número de desplazados. Sólo que esta vez serían ‘desplazados ambientales’, porque sus tierras, dadas en concesión para la explotación minería se convierten en paisajes lunares, con aguas contaminadas, suelos devastados y vida silvestre arrasada, como ya lo hemos visto en Zaragoza (río Dagua, Valle del Cauca). Diabluras de Santos.

Los indígenas y el gobierno de Juan Manuel Santos

De forma inusitada, el día de su posesión como presidente de la República, Juan Manuel Santos viajó a la Sierra Nevada de Santa Marta (10), para posesionarse ante los Mamos (sacerdotes indígenas). Fue un acto simbólico de reconocimiento a las autoridades tradicionales indígenas. Durante la ceremonia de posesión simbólica en el templo de Seiyua, los Mamos le hicieron entrega de un bastón de mando y un collar con cuatro piedras, que representaban a la tierra que hay que cuidar, al agua que hay que preservar como fuente de vida, a la naturaleza, con la que hay que estar en armonía y al buen gobierno, que es esencial para la convivencia.

Muchos colombianos recibieron con beneplácito este testimonio de reconocimiento a las autoridades indígenas y lo interpretaron como un acto de desagravio, ante el menosprecio que siempre mostró su antecesor Uribe hacia los pueblos indígenas.

Las críticas no se hicieron esperar. Desde la arrogante derecha uribista, que se sintió insultada por el comportamiento humillante de un presidente (11), hasta aquellos que veían en esto una simple maniobra demagógica para presentarse ante el mundo como un hombre honorable, respetuoso de la diversidad cultural (recuerden que todavía estaban tibios los cuerpos de los indígenas Awajun, asesinados en Bagua) (12). Todo esto vaya y venga, pero lo que definitivamente no encaja, tampoco entiendo su propósito, pues no le presta ningún servicio a la izquierda, es aquella crítica, que utiliza el término de “fascismo de los de abajo” (despropósito injurioso inaceptable), para calificar la acción de los Mamos, de honrar al nuevo presidente de los colombianos, pues estarían enalteciendo a un célebre violador de los Derechos Humanos en Colombia. Algo debe estar funcionando mal en la mente de estas personas, que desdeñan a estos líderes espirituales, que pasan gran parte de su tiempo contemplando las cumbres nevadas de su sierra, invocando a Serankua para que se compadezca de ellos y (¡también!) de sus ‘hermanos menores’ (nosotros). (13)

¿Doctor Jekyll o MisterHyde?

Como en la novela de Stevenson, el doctor Santos se presenta en sociedad como el hombre altruista que trabaja con tesón para lograr el bienestar de los pueblos indígenas. Este papel lo interpretó magistralmente, cuando con su ministro del interior y de justicia llegó a El Dovio, un olvidado pueblo enclavado en las montañas del norte del Valle, para participar el 12 de octubre del II Congreso de la Nación Embera, convocado por la Organización nacional Indígena de Colombia, ONIC.

Con desparpajo y glamour, como midiendo la distancia que lo separa del caballista Uribe, el Doctor Santos se presentó ante una audiencia de 5.000 emberas venidos de todas las regiones del Pacífico, incluyendo delegaciones del Darién panameño, la provincia de Esmeraldas en el Ecuador y otras regiones del país, donde han emigrado o se encuentran desplazados por el hambre, la violencia, los conflictos internos, huyéndole al reclutamiento forzado por todos los actores del conflicto armado, o buscando las mínimas condiciones de vida para sus hijos. Las palabras pronunciadas en esa ocasión son verdaderamente alucinantes. Con gran desparpajo y entrelazando en su alocución algunas palabras en embera bedea, expresó frases del siguiente tenor:

"Tenemos, desde el Gobierno, el firme propósito de salvaguardar a los pueblos indígenas del país…

“Tenemos la voluntad de cumplir con el Auto 004 de la Corte Constitucional, incluyendo los Planes de Salvaguarda Étnica y de respetar y cumplir el Convenio 169 de la OIT y el derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas…”.

“No son palabras al viento: ¡Es la sincera declaración de la voluntad de un Gobierno que los respeta y los admira!”

“Ustedes, depositarios de la sabiduría de los siglos, tienen la posibilidad y también la responsabilidad de ayudarnos a cuidar nuestro planeta, a cuidar nuestra tierra, que es patrimonio de todos…”

“Que los espíritus del norte, que los espíritus del sur, del oriente y el occidente nos sean propicios.”

“Aran bum bum” (que así sea) (14)

Pero esta imponente alocución del Doctor Santos ante una estupefacta audiencia indígena, contrasta con las ideas que recorren la mente de Mister Santos. El Congreso Embera de El Dovio se realizó mientras simultáneamente deliberaban en Bogotá cerca de 10.000 indígenas, campesinos y afrocolombianos en el Congreso de los Pueblos, un evento político promovido por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN, una organización que se ha caracterizado por su férrea oposición a las políticas del gobierno uribista. Asistir al Congreso Embera significaba desconocer el Congreso de los Pueblos y de alguna manera coadyuvar a una separación en ciernes entre la Organización Nacional y una de sus regionales. Según Mister Santos su asistencia al Congreso Embera, obedecía a 1) la “necesidad de cambiarle el sentido a la tradicional protesta indígena del 12 de octubre”, 2) invitar a los indígenas "a formar parte integral, protagónica y vital de la Unidad Nacional", 3) establecer una agenda de conversaciones para que "no sean necesarias las vías de hecho" y 4) presentar los lineamientos de la política indigenista de su gobierno, señalando que para tal efecto se iban a conformar una comisión de minorías (indígenas y afrocolombianos) y dos altas consejerías presidenciales, una para cada sector.

Aunque el Doctor Santos se comprometió a “respetar y cumplir el Convenio 169 de la OIT y el derecho a la consulta previa”, Mister Santos no respondió a la demanda embera de suspender el macro proyecto minero aurífero de la desaprensiva Compañía Minera de Caldas, propiedad de la transnacional Colombia Goldfields Ltd, quien pretende intervenir con sus actividades más de treinta mil hectáreas, que destruirán a Marmato, uno de los poblados coloniales más característicos de la avenencia pacífica de indígenas y negros en Colombia. Sobra decir que Mister Santos torció los ojos hacia la montaña, como invocando la ayuda de los Mamos, cuando le dijeron que los pobladores de Marmato están esperando desde hace más de cinco años la consulta previa. Mister Santos tampoco dijo nada de si va a derogar el Decreto 441 de 2010 por el cual Uribe arbitrariamente declaró inexistentes los Resguardos Indígenas de origen colonial, dentro de los cuales se encuentran los resguardos del pueblo Embera Chamí de Riosucio (Caldas). O de si va a incluir las Entidades Territoriales Indígenas en el proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial que va a presentar el gobierno. Y se hizo el Mister, cuando le preguntaron si va a abrir los espacios para la negociación política del conflicto armado, que es una de las causas del sufrimiento de los pueblos indígenas, como argumentó sabiamente la Corte Constitucional, al expedir el Auto 004 de 2009, por medio del cual obliga al gobierno a proteger los derechos fundamentales de aquellos pueblos indígenas amenazados por el conflicto armado.

Finalmente el Doctor Santos anunció que el Programa Presidencial de Asuntos Indígenas estaría dirigido por el ex senador ingano Gabriel Muyuy Jacanamijoy, un burócrata indígena que pasó más de 10 años sin pena ni gloria por la Defensoría del Pueblo, una entidad que durante la era uribista y hasta ahora “ni suena ni truena”. Fue en ese momento, cuando los indígenas percibieron que algún “torcido” estaba fraguando la mente de Mister Santos.

Sólo el tiempo mostrará si los diferentes grupos Embera lograrán constituirse como pueblo, pero también si, como dice Luis Javier Caicedo, “el paralelismo del Congreso Embera con otros proyectos indígenas y populares y la invitación de la ONIC al presidente Juan Manuel Santos no serán el germen de un nuevo fraccionamiento del movimiento indígena”.

Está por verse, y es entonces cuando se confirmará su compromiso con las víctimas de la violencia, si el presidente Santos logra meter en cintura a los sectores retardatarios que vienen siendo organizados por Uribe y sus áulicos para oponerse a la indemnización de las víctimas de la violencia paramilitar y con más veras a una ley de tierras que distribuya la propiedad de la tierra en favor del campesinado y acabe con los latifundios ganaderos, fuente del poder retardatario que ha impedido el desarrollo económico y social del país.

Pero lo que también está por verse, dejando a un lado al Doctor Santos y a Mister Santos, es, si los sectores políticos de todas las tonalidades y pelambres que hoy apoyan, acompañan, se alían, se juntan o cooptan al movimiento indígena, permitirán que se desarrolle con cierto grado de autonomía, un movimiento multipartidista y pluricultural, en el cual confluyan en igualdad de condiciones diferentes sectores y expresiones partidistas. Un movimiento que ayude a superar la desconfianza y la apatía por la política que generó el autoritarismo de la era Uribe. Un movimiento que rescate la voz de las comunidades. Un espacio organizativo que les dé seguridad y fortaleza para sacudirse las imposiciones y recuperar las iniciativas. En fin, un movimiento social que valore el esfuerzo propio y la solidaridad, como caminos para superar la resignación, parsimonia, desazón y desconfianza en sí mismos, estados anímicos estos que han disminuido y paralizado a muchos pueblos.

A modo de epílogo

Así como un eufórico emulador de Mister Hyde califica a los Mamos de fascistas por haber posesionado simbólicamente al presidente Santos, también el espíritu de Mister Hyde suele infiltrase en mentes ilustres. En el sueño del celta, Doctor Mario Vargas, Nobel de literatura y esmerado crítico de todo régimen antidemocrático, muestra como el celta Roger Casement se horroriza ante las atrocidades cometidas por los caucheros contra la población indígena del Putumayo, en la primera década del siglo pasado: esclavizados, mutilados, violados, despojados y asesinados, solo sobrevivieron 8.000 de los más de 50.000 indígenas (en su mayoría huitotos) que fueron enganchados por la tenebrosa Casa Arana para recolectar el látex del jebe.

No obstante la indignación que despiertan estos hechos en el Doctor Vargas Llosa, descritos con la lucidez narrativa que caracteriza al nobel de literatura, no la comparte Mister Vargas Llosa cuando de defender sus ideas neoliberales se trata: critica ásperamente a los indígenas amazónicos peruanos por oponerse a la entrada de compañías petroleras a sus territorios. En una de sus salidas perversas, en Bogotá por demás y tal vez mientras lo escuchaba Álvaro Uribe, “pronunció aquel infortunado discurso en el que comparó al movimiento indígena con colectivismos terroristas, basados en el “espíritu de la tribu”, que parecen “un anacronismo más bien ridículo” y obstaculizan el desarrollo, la civilización y la modernidad” (15).Y esa aprensión hacia los indígenas es entendible, pues como advierte Mister Vargas Llosa, nada de lo que es el Doctor Vargas Llosa se lo debe a esta América y sus habitantes originarios. En la ceremonia de entrega del premio se dejó venir (que me excuse mi amigo Perico) con esta deposición: “Si no hubiera sido por España jamás hubiera llegado a esta tribuna, ni a ser un escritor conocido…”. Afortunadamente ya no están Arguedas, Vallejo, Mariátegui, Alegría… para escuchar estas palabras del, no obstante formidable narrador de historias y lúcido escribidor Mario Vargas Llosa.

Bogotá, diciembre de 2010

Notas:

(1) Gaviria U., Alejandro: “La Corte Constitucional”, ELESPECTADOR.COM, Dic. 11 de 2010.

(2) El Gobierno colombiano, a través del organismo responsable de reparación de las víctimas del conflicto armado interno, reconoció que unos 6.000, paramilitares (15,5% de los desmovilizados) han retomado de nuevo las armas: “Reincidentes en la vida criminal, amenaza para la paz”. II Informe Nacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR). Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR).Diciembre 15 de 2010.

(3) Para mencionar sólo un ejemplo: la Contraloría identificó cinco posibles detrimentos fiscales relacionados con la liquidación de regalías por la Drummond. Para explotar el níquel recibió esta empresa beneficios tributarios por 920 mil millones entre 1995 y 2007. Por regalías, sólo pagó 283 mil millones en el mismo período.

(4) Citada por Daniel Samper Pizano: “La manzana envenenada”, El Tiempo, pág. 11, Bogotá 24 de octubre de 2010.

(5) Ibidem.

(6) De la Torre, Cristina: “Alma de esclavos”. El ESPECTADOR.COM, 18 Oct 2010.

(7) Ibidem.

(8) Ibidem.

(9) Territorio tradicional de cuatro pueblos indígenas: Aruakos, Koguis, Arsarios y Kankuamos.

(10) Los pueblos indígenas habían repudiado el talante antiindígena de Uribe (“ni un metro más de tierra para los indígenas”…, “los indígenas son los verdaderos terratenientes del país”) y porque fue uno de los pocos mandatarios que se abstuvieron de firmar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. También habían protestado con marchas masivas por las leyes que afectaban la vida y los territorios de los pueblos indígenas y afrocolombianos. A la postre la Corte Constitucional hundió la Ley Forestal y el Estatuto Rural por no haber sido consultadas con los pueblos indígenas y afrocolombianos. Posteriormente se vio obligado, ante la presión internacional a levantar el veto a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, no sin antes poner una serie de condicionamientos.

(11) Alguien insinuó que solo faltó que Juan Manuel Santos hubiera besado y lavado los pies a los Mamos.

(12) Este hecho dejó muy mal parado ante el mundo al presidente Alan García, otro popular promotor de la explotación a ultranza de la minería, como vía para el desarrollo.

(13) Rozental, Manuel: “Fascismo de la otra Unidad Latinoamericana: Los de abajo y la Gran Alianza”. América Latina en Movimiento, ALAI, 13/08/2010. / www.nasaacin.org, 26/08/2010.

(14) Estas notas referentes al II Congreso de la Nación Embera se extrajeron de los comentarios que hiciera Luis Javier Caicedo a este evento (asesor jurídico de los Embera Chamí de Caldas) y del manuscrito inédito de Aquileo Yagarí, gobernador del resguardo indígena embera chamí Karmata Rua (Cristianía), sobre este mismo evento, El Dovio, 14 de octubre de 2010.

(15) Rodríguez Garavito, César: “Los indígenas de Vargas Llosa”, ELESPECTADOR.COM, 17/12/2010.

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* Efraín Jaramillo Jaramillo es antropólogo colombiano, director del Colectivo de Trabajo Jenzerá, un grupo interdisciplinario e interétnico que se creó a finales del siglo pasado para luchar por los derechos de los embera katío, vulnerados por la empresa Urra S.A. El nombre Jenzerá, que en lengua embera significa hormiga fue dado a este colectivo por el desaparecido Kimy Pernía.