Servindi, 12 de noviembre, 2010.- Mediante un pronunciamiento la comunidad nativa de Puerto Azul de la región Ucayali, exhortó al Estado peruano a ampliar sus territorios por razones ambientales, sociales y económicas.
Los nativos aducen que sus territorios que comprenden 4 mil 138 hectáreas, fueron oficialmente reconocidos en 1975 con Título de Propiedad y Resolución 001-75-OAE-ORAMS-V.
Denunciaron que en lugar de que el Estado les conceda la ampliación de sus territorios solicitada en 1991, éste aprobó la explotación de sus bosques.
Con ese propósito, el Instituto Nacional de Recursos Naturales-Inrena (INRENA); pese a conocer la existencia de comunidades nativas y sin respetar el derecho a consulta, creó bosques de producción permanente en las regiones de Ucayali y Huánuco sobre una extensión de un millón 271 mil 229 hectáreas.
También se otorgaron concesiones forestales para el aprovechamiento de recursos madereros sobre las tierras que desde 1991 Puerto Azul viene solicitando para ampliación de su territorio. La empresa Proyect World Green Perú, representada por Thomas Benavente Jaramillo, obtuvo una de las concesiones.
Los indígenas informaron igualmente que por defender sus territorios se encuentran procesados por los delitos de secuestro y robo agravado luego que los pobladores de su comunidad impidieran el tránsito de la maquinaria utilizada por el concesionario maderero.
Los denunciados penalmente fueron el jefe de la comunidad, Ángel Simón, teniente gobernador, Rusbel Mego y los comuneros Jacob Flores y Tarsicio Cerna.
"Esta forma de persecución penal solo es posible con la complicidad que logran los madereros con policías, fiscales y jueces, pasando por alto nuestros derechos como pueblos indígenas”, indicaron en el comunicado.
Antecedentes
Asimismo, el grave impacto ambiental que viene ocasionando las actividades de la Proyect World Green Peru es gravísimo ya que vienen removiendo el lecho fluvial, enturbiando las aguas y vertiendo aceites contaminantes.
De igual modo, durante las operaciones forestales se utilizan las quebradas como caminos para la maquinaria pesada, lo cual desestabiliza los lechos de las quebradas, generando erosión y turbidez en el agua.
Ante las denuncias que realizaron en el 2009 por contaminación de las quebradas que alimentan de agua su comunidad, OSINFOR decide iniciar un procedimiento administrativo contra Proyect World Green Perú, para lo cual realiza una acción de supervisión a la concesión forestal.
El informe emitido por el organismo supervisor acredita las denuncias de Puerto Azul. Con este informe se inicia en vía administrativa el proceso de caducidad del contrato de concesión forestal.
Ante esta situación, el concesionario interpone una acción de amparo el 15 de febrero del 2010, buscando que se declare nula la inminente sanción y resolución del contrato.
El juzgado mixto de Aguaytía admite la demanda y el 23 de febrero otorga una irregular medida cautelar a favor del maderero, blindando de esta manera sus actividades forestales. La notificación al demandado, en este caso OSINFOR, extrañamente demora siete meses.
Para cautelar el debido proceso, acreditar los perjuicios ambientales, demostrar que la medida cautelar es ilegal y que existen derechos colectivos vulnerados, Puerto Azul, al amparo de las normas procesales, solicitó ser admitido como tercero.
Sin embargo, la respuesta del Juzgado ante este pedido legal fue declararlo improcedente, afirmando que no puede ser considerado “parte material” porque no ha intervenido antes ni durante el procedimiento administrativo.
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