Bolivia: Referendo constitucional

Por Igor Ojeda*

El Parlamento boliviano aprobó, en la noche del jueves, el referéndum aprobatorio sobre la nueva Constitución y el que dirimirá sobre el artículo que trata del latifundio. La sesión del Congreso se dio en medio de un cerco del edificio, iniciado el martes por los principales movimientos sociales del país, que exigían justamente la aprobación de las dos consultas, marcadas para el día 4 de mayo.

Más de dos tercios de los parlamentarios comparecieron, quórum suficiente para el inicio de la plenaria. Algunos congresistas opositores presentes, en número reducido, intentaron bloquear el desarrollo de la sesión, mientras otros habían sido impedidos de entrar al Parlamento por los manifestantes gobiernistas –dos congresistas habían llegado a ser insultadas y agredidas-. Tales hechos hicieron que la aprobación de los referendos fuese calificada de ilegal, autoritaria y antidemocrática por la oposición.

Los simpatizantes del presidente Evo Morales afirmaron que la sesión fue legítima, puesto que la mayoría del pueblo quería las consultas, pero los opositores intentaban trabar el proceso, en nombre de intereses oligárquicos. El Jefe de Estado promulgó, en la mañana del viernes, las leyes de convocatoria.

Esfuerzos

Hicimos todos los esfuerzos para encontrar un acuerdo, pero, como respuesta, recibimos un rechazo brutal. Ahora, el pueblo es quien debe definir con su voto si se aprueba o rechaza la nueva Constitución Política del Estado, afirmó el vicepresidente boliviano y presidente del Congreso, Álvaro García Linera, tras la conclusión de la sesión legislativa.

Desde la semana anterior, en el ámbito del Congreso, gobierno y oposición buscaban compatibilizar la nueva Carta Magna con los estatutos autonómicos –lanzados en diciembre por los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija (que conforman la llamada media-luna), en respuesta a la aprobación de la Constitución. Sin embargo, el diálogo avanzó poco. Es entonces que se inicia el cerco de los movimientos sociales al Parlamento. El miércoles, las organizaciones habían dado un plazo de 24 horas para la aprobación de los referendos.

La consulta dirimente debía ser aprobada hasta al 15 de enero, de acuerdo con una resolución de la Asamblea Constituyente. El texto de la nueva Constitución fue ratificado en detalle el 9 de diciembre, en Oruro. La aprobación general, sin embargo, se dio el 24 de noviembre, sin la presencia de la mayor parte de la oposición y en un colegio militar de Sucre, mientras en el exterior se registraban duros enfrentamientos entre la policía y defensores de la capitalidad para esta ciudad. Tres manifestantes murieron. La oposición evoca esos acontecimientos para calificar de ilegal la nueva Carta Magna.

Autonomías

En la sesión del jueves se contemplaba continuar en la búsqueda de salidas a la crisis política. Sin embargo, acogiendo la sugerencia de un congresista del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), se cambió el orden del día para dar paso a la aprobación de la convocatoria a los referendos.

Durante la sesión, el legislativo aprobó también una ley interpretativa sobre un párrafo de la Ley de Referendos, según la cual la facultad de convocar a consultas departamentales es de exclusividad del Congreso, mientras no existan gobiernos departamentales conformados por órganos ejecutivos y deliberantes elegidos por voto popular. En 2005, hubo, por primera vez, elecciones para gobernadores departamentales, pero todavía no han sido conformados los órganos legislativos en los departamentos.

Los departamentos de Beni y Santa Cruz ya habían llamado a referendos sobre sus estatutos autonómicos y no pretenden anularlos. El primero está fijado para el 1º de junio, mientras el segundo, así como los referendos constitucionales, para el día 4 de mayo. Tarija y Pando también esperan convocar sus consultas en algunos días.

Latifundio

En el caso del referéndum dirimente del artículo 398 de la nueva Constitución, la población deberá decidir si una propiedad de tierra deberá tener, como máximo, cinco mil o diez mil hectáreas. El texto constitucional prohíbe el latifundio, considerándolo como la propiedad improductiva de la tierra, la que no cumple con la Función Económica y Social, la explotación de la tierra que aplica un sistema de servidumbre, semi-esclavitud o esclavitud en la relación laboral, o la propiedad que supera la superficie máxima establecida en la ley. La consulta dirimente se refiere exactamente a la superficie máxima citada.

La reacción de la oposición llegó inmediatamente. El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, afirmó que la aprobación de los referendos en el Congreso responde a la desesperación del gobierno al ver fracasar su intento de querer ser totalitario. Los congresistas de partidos de oposición como el Poder Democrático Social (Podemos) y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) han llamado ya a un desacato a la decisión del Parlamento.

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* Igor Ojeda, es corresponsal de Brasil de Fato en La Paz (Bolivia)

Fuente:Alai Latina