Por Alberto Chirif*
El presidente Alan García ha publicado un escrito llamado Receta para acabar con el perro de hortelano. Es una nueva aproximación suya para abordar el tema del desarrollo del país, analizando los factores que lo estarían frenando. El cambio de enfoque y de tono es tan significativo que debemos asumir que se trata de un reconocimiento de su parte de haber recargado en exceso, en su primer escrito, las críticas contra ambientalistas y defensores de derechos indígenas. En éste, en cambio, pone mayor énfasis en la responsabilidad que le toca al Estado como retardatario del avance social y económico.
En efecto, nuestro Estado oscila entre el desentendimiento total de la realidad, dejando simplemente que las cosas sucedan como el azar y el capricho individual lo manden; y el control absurdo, y hasta patológico, que curiosamente se ensaña sólo contra aquellas iniciativas que pretenden formalizarse de acuerdo a ley. Si el cambio es reconocimiento de excesos anteriores, bienvenido sea este nuevo escrito, porque se trataría de un esfuerzo por afinar la puntería para determinar dónde radican los problemas y cuáles serían las maneras de solucionarlos.
Los temas que trata el presidente Alan García en su segundo escrito son muchos y muy vastos, por lo que es preciso que me limite a comentar sólo algunos. El tema de la eficiencia del Estado (es decir, de su ineficiencia) es uno de ellos. Un diagnóstico rápido de la situación se lograría confrontando los tiempos que llevan los trámites iniciados con aquéllos fijados en los TUPA. Es que estas normas como otras se han convertido en un saludo a la bandera, patético concepto de resonancias castrenses, que pone en evidencia la futilidad de juramentos públicos que contrastan con simultáneas traiciones a las fidelidades declaradas.
Este es un tema que no sólo tiene que ver con la eficacia de una gestión, sino con temas que están ocultos, como la pérdida total del carácter de servidor público de los funcionarios, términos sinónimos en teoría, pero antónimos en el ejercicio práctico del cargo. Y más al fondo, tiene que ver con la situación de personas que tratan de superar sus propias frustraciones mediante la administración arbitraria de la cuota de poder que les da su función. Desprecio y racismo son también temas enredados en esta telaraña.
Considero que efectivamente hay que quitarle al Estado la obsesión del control total, pero cuidando de que esto no signifique la legalización del caos vigente, en el cual empresas de todo tipo (turísticas, industriales, de transportes y de comercio) operan a su libre albedrío, y el Estado, y la prensa, sólo se preocupan del tema cuando ocurren hechos punibles a raíz de muertes, estafas, intoxicaciones y otros desastres. El Estado debe regular el funcionamiento de las instituciones, pero tiene que ceder el control de determinados recursos y espacios que pueden y deben ser manejados por la gente.
Sobre esto último quiero poner algunos ejemplos. El Estado declara que tanto los ríos como los recursos que éstos contienen le pertenecen. Tomo el caso de la región de Pasco, que además de los cuerpos de agua andinos, tiene los de la inmensa provincia de Oxapampa, con ríos tan importantes como el Pichis y el Palcazu.
Primer dato: el Ministerio de Pesquería tiene una sola persona como responsable del tema, que además radica en Cerro de Pasco. Segundo dato: ese Ministerio no ha hecho ningún esfuerzo para asignar el control y la gestión de los recursos acuáticos a quienes realmente podrían velar por su buen manejo, es decir, las comunidades y los colonos que viven en sus riberas. El tercer dato es muy conocido: la situación de los recursos acuáticos en la provincia de Oxapampa es un desastre, las especies están sobreexplotadas, los ríos contaminados y colmatados, y, por supuesto, la alimentación de la gente está afectada.
Algunos ejemplos más. El Estado declara que mantiene el dominio de franjas ribereñas a lo largo de los ríos y otros cuerpos de aguas y también de las carreteras. Una vez más, sus posibilidades de control son nulas por falta de personal y equipamiento. El resultado es que la gente interpreta que si son del Estado son de todos, y por tanto pueden instalar viviendas, kioscos y, en fin, negocios de cualquier naturaleza, que terminan incluso por afectar a los propietarios de las tierras vecinas. La pregunta es ¿por qué no titular esas franjas a favor de esos propietarios, estableciendo el Estado las normas bajo las cuales deberán manejarlas y su capacidad de ocuparlas por razones de necesidad pública, en casos de desastres nacionales?
Con los bosques de las comunidades nativas sucede un problema similar, ya que éstos les son entregados en contratos de cesión en uso. Alegando que estos contratos no les otorgan derecho a las comunidades (lo que ciertamente es una mala interpretación de la norma), hace unos años un grupo de colonos invadió las tierras de la comunidad aguaruna Flor de la Frontera, en Cajamarca. La inoperancia del Estado para hacer cumplir el desalojo, ganado por la comunidad en los tribunales, determinó que los aguarunas tomaran en sus manos la responsabilidad de desalojar a los invasores, lo que dio como resultado muertos y heridos que debieron haberse evitado.
El tema de los famosos ocho millones de hectáreas deforestadas merece algunos comentarios especiales. Desde la década de 1940 el Estado se ha dedicado a promover la colonización de la Amazonía, según propia su declaración, como estrategia para aliviar la situación de falta de trabajo y de pobreza de la población.
Esta política ha sido apoyada oficialmente por distintos gobiernos que, basándose en impresiones superficiales, consideraron que la región era fuente de recursos inacabables y de suelos muy fértiles, que si podían mantener exuberantes bosques, también podrían hacer lo mismo con los cultivos que se implantasen. La ejecución de esta política ha demandado una fuerte inversión de recursos financieros del Estado, obtenidos mediante endeudamiento externo (BID, BM, USAID) y gastados principalmente en la construcción de infraestructura vial y de servicios y en pago de funcionarios.
Los resultados no han sido los esperados o, para decirlo con mayor precisión, han sido contrarios a las expectativas. La situación de pobreza de los colonos no ha sido aliviada, más allá de que algunos de ellos se hayan enriquecido a través del comercio acumulando la plusvalía de los agricultores. Las ilusiones de la población, levantadas por las imágenes presentadas por el Estado de una selva ubérrima (término predilecto del presidente Belaunde), ha llevado a la región más gente de la prevista, generándose así un proceso incontenible de lo que se conoce como colonización espontánea, la cual ha ocupado todos los espacios, sin importar que sean orillas de ríos o laderas de cerros. El medio ambiente se ha deteriorado, no sólo por la eliminación de los bosques, sino también porque su conversión en cultivos no ha logrado instalar sistemas productivos sostenibles.
La extracción de recursos del bosque, principalmente de la madera, se ha vuelto incontrolable y ha contribuido a este deterioro. Y en esto no concuerdo con quienes piensan que, por ser selectiva la explotación de las especies maderables (lo que es cierto), ésta se ha realizado como una suerte de juego de palillos chinos, que consiste en soltar el haz y luego levantar uno por uno sin mover los que quedan en juego.
Esto claramente no es así, porque la extracción demanda la construcción de caminos carreteros que generan procesos de erosión; de vías secundarias que conectan el lugar donde se encuentra un árbol con el de acopio; de la destrucción de otros árboles y de plantas diversas causada por la caída de aquél que es cosechado; y de otros procesos de esta naturaleza que implican una manera mucho mayor de afectar al bosque que la simple extracción selectiva. Por último, la simbiosis entre este proceso y la colonización es ya conocida, como también lo es, más recientemente, el de asentamiento de colonos a lo largo de las tuberías instaladas para transportar gas y petróleo.
Una consecuencia nefasta de este proceso de colonización ha sido la aparición y rápida expansión del cultivo de coca con fines ilícitos. Los ríos del Pichis, Palcazu y Pachitea estuvieron libres de este cultivo hasta comienzos de la década de 1980, pero apenas se estableció el proyecto especial que tuvo por centro de operaciones específico los dos primeros valles, la coca se ha expandido velozmente y hoy constituye un problema muy serio. La violencia concomitante se expresa hoy en continuos asaltos en las carreteras de Villa Rica a Puerto Bermúdez y de este último punto a Pucallpa. Este proceso no es exclusivo de las cuencas mencionadas sino que se repite con regularidad en otras zonas donde también el Estado ha impulsado iniciativas de colonización.
Por último, el empobrecimiento y deterioro de la calidad de vida de indígenas ashaninkas y yaneshas es muy grande. Por querer seguir el ritmo del progreso que los civilizados les anunciaron, han deforestado sus tierras para conseguir miserias por su madera o por sus productos agrícolas.
En suma, para decir las cosas con total crudeza, podemos resumir así estas consideraciones: el Estado, vía endeudamiento externo, ha desatado procesos que han causado deterioro ambiental, empobrecimiento de la población indígena, frustración de las expectativas de los colonos, y expansión del cultivo de coca y de la violencia ligada a éste, y que adicionalmente han puesto en evidencia el fracaso de sus ideas originales.
Un comentario muy breve sobre las apreciaciones del presidente Alan García respecto a las restingas. Efectivamente, aquéllas que son susceptibles de inundarse (las llamadas restingas bajas) son terrenos fértiles a causa de los sedimentos dejados anualmente por las crecientes de los grandes ríos de la selva baja, región donde se produce este fenómeno desconocido en la parte alta de la cuenca. No obstante, por el contexto, nos da la impresión de que el presidente se refiere más a los barreales que a las restingas.
Los primeros efectivamente pueden ser llamados playas, en el sentido que están anexos a los ríos. No obstante no son susceptibles de titulación, porque así como aparecen un año pueden no aparecer el siguiente. En este sentido, su otorgamiento mediante cesión en uso es una medida acertada. Por otro lado, si bien su sumatoria puede resultar en superficies grandes, se trata de espacios aislados, interesantes para una economía de campesinos ribereños e indígenas, pero insignificantes para la gran empresa.
Y a propósito de esta última, la confianza depositada en ellas por el señor presidente es demasiado grande. La experiencia de grandes empresas no es ajena a la región y sus resultados en el campo agropecuario no son ejemplos positivos. La Peruvian Corporation, en la Selva Central, con sus 500.000 hectáreas a comienzos del siglo pasado y Le Tourneau, en el Pachitea, con sus 350.000 hectáreas, alrededor de 1950, son historias sobre las cuales no quiero explayarme, pero que han dejado un saldo negativo en términos de desarrollo y manejo sostenible.
Superar los errores del pasado implica en primer lugar realizar un esfuerzo sincero para reconocerlos y asumir la responsabilidad propia. Sólo así estaremos en capacidad de darnos cuenta de por qué fallamos y podremos intentar una nueva propuesta que apunte al éxito basado en el manejo sustentable de la región para bienestar de la gente.
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*Alberto Chirif es antropólogo peruano de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Trabaja desde hace 40 años en temas relacionados a la amazonía, especialmente en el reconocimiento de derechos colectivos de los pueblos indígenas. Actualmente se desempeña como consultor independiente. Es autor de libros colectivos, tales como El Indígena y su Territorio (con Pedro García Hierro y Richard Ch. Smith) y de diversos artículos.
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