América Latina: Indígenas en la Gestión Pública: un proceso en marcha, por Nicia Maldonado*

En América Latina las personas autoidentificadas como indígenas superan los 30 millones distribuidos en 671 pueblos indígenas reconocidos por los Estados, quienes tras siglos de exclusión y dominación, a principios del nuevo milenio, presentan los peores indicadores económicos y sociales además de escaso acceso a instancias decisorias, señalan publicaciones electrónicas de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL).

En este contexto y en el marco de la Gestión Pública, según diversos actores del ámbito indígena, en los últimos años en Latinoamérica la incursión de mujeres y hombres indígenas en la administración de las instituciones estatales se ha incrementado.

Ecuador, Bolivia y Guatemala, que son algunos de los países que tienen mayor población indígena, además de Venezuela, con un nuevo enfoque étnico, nos presentan algunos ejemplos de esta nueva inclusión social en esferas de las decisiones gubernamentales, particularmente a partir del posicionamiento de los movimientos indígenas como de su incursión en la actividad política.

Ecuador: señales de cambios y oportunidades

En Ecuador, en los últimos años, la recuperación de la identidad ha tenido un valor fundamental a partir de las luchas en la recuperación por sus territorios, recursos naturales, cultura y el posicionamiento de los movimientos indígenas a través de una mayor participación política. Esto último llevó a líderes indígenas a prestar sus servicios en el aparato estatal como fue el caso de Luis Macas, uno de los dirigentes e intelectuales del movimiento indígena ecuatoriano, quien fue Presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y diputado por el Movimiento Pachakutik, brazo político de la CONAIE.

El nuevo gobierno de Rafael Correa, trabaja conjuntamente con los pueblos indígenas quienes van logrando una mayor inclusión social plasmado, recientemente, en el nombramiento de Mónica Chuji, indígena kichwa de la comunidad Sarayacu, como nueva Secretaria General de Comunicación, designación que es vista por las organizaciones indígenas de la Costa, Sierra y Amazonía del país, como una señal de cambios y apertura de oportunidades para trabajar por un Estado Plurinacional y sus comunidades a partir de su inserción en la gestión pública.

Chuji, quien es Comunicadora Social, asume un rol fundamental como vocera de Gobierno en las relaciones del Estado y la sociedad. Ya anunció que trabajará desde su propia cosmovisión, en nuevas formas de comunicación con el pueblo mejorando las cadenas nacionales de comunicación "para que la población se convierta en observadora permanente del régimen". "Mi autoestima está basada en cientos de años de culturas expresadas en cada uno de mis actos. Soy parte de las minorías excluidas y siempre me deberé a ellas", aseveró Chuji, en febrero de este año en un discurso dado en la reunión con autoridades y estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad Central del Ecuador.

Un ejemplo anterior pero valedero de mejoramientos de la relación entre la gestión pública y la sociedad, es el del Kichwa Mariano Curicama, Alcalde del cantón Guamote, en la provincia de Chimborazo, que abarca más de 133 comunidades indígenas quien, de acuerdo a un artículo de Marcos Almeida, fue reelegido dos veces desde 1992, revolucionando su cantón "promoviendo la participación ciudadana con parlamentos locales y asociando la minga (trabajo comunitario) con la colaboración de destacadas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. El resultado es más que visible: carreteras, agua potable, canales de riego, reforestación".

Y, recientemente, desde una función distinta, pero ligada a la capacidad en gestión pública, "por primera vez en los 37 años de historia de la Comunidad Andina, una indígena, la ecuatoriana Pacha Cabascango, fue designada funcionaria internacional".

Bolivia: referente de inclusión social

Para el analista político Carlos Cordero, en Bolivia se deben mencionar dos grandes hitos que han permitido la presencia de ciudadanos con origen étnico indígena en la administración pública; el primero, la Ley de Participación Popular que ha permitido que hombres y mujeres de las zonas rurales accedan a la administración pública de sus gobiernos locales, significando una transformación de su propio contexto social y cultural; y segundo, el triunfo electoral de Evo Morales, el 18 de diciembre del 2005, "que ha permitido una nueva visión al interior del Estado y un proceso de inclusión de hombres y mujeres en la administración pública en altos cargos jerárquicos como en el Ministerio de Justicia (Casimira Rodríguez, indígena quechua), en el Ministerio de Desarrollo (Celinda Sosa, dirigente campesina y sindical nacida en Tarija) y en la propia Cancillería de la República (David Choquehuanca, indígena quechua que habla aymara), pues se ha producido un cambio de mentalidad", sostiene Cordero.

El analista acota que ya en 1993 con el aymara Victor Hugo Cárdenas, como Vicepresidente de la República se pudo visibilizar a sectores sociales que ya estaban demandando su derecho de formar parte del Estado. Bolivia, considerada un referente de inclusión social, actualmente cuenta con otro elemento que le permitirá nuevos parámetros de inclusión y participación étnica en la administración del Estado: la Asamblea Constituyente, "que tiene la posibilidad de cambiar algunos artículos o perfeccionarlos de tal manera que permita igualdad de oportunidades", acota Cordero.

Guatemala: impulsando procesos de formación y capacitación

En Guatemala cuya población es mayoritariamente indígena y compuesta por los pueblos maya, garífuna y xinca, la participación de los indígenas en las instituciones del Estado es relativamente reciente. Históricamente, estos pueblos fueron sometidos en la época colonial y discriminados por las diferentes estructuras de poder y de gobierno, sin embargo, según Terra en "Guatemala: mayoría indígena", ellos han mantenido su identidad cultural, valores comunitarios, idiomas, derecho y espiritualidad, elementos fundamentales que en la actualidad han permitido que algunos de sus líderes indígenas hayan sido incluidos en actividades enmarcadas en la gestión pública.

Para el guatemalteco, Leandro Yax Zelada, Presidente del Fondo Indígena, quien además trabaja con los pueblos indígenas de su país y América Central, la participación de personas con raíces étnicas en la administración del Estado es un esfuerzo personal respecto a su calificación y capacitación debido a que no hay una política específica orientada a dar una mayor apertura a los indígenas en las instancias estatales. Sin embargo, para aminorar este aspecto, distintas organizaciones indígenas y el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco (FODIGUA), están impulsando procesos de formación y capacitación de indígenas para la gestión pública. "En estos momentos estamos identificando líderes y liderezas indígenas, que incluso salgan al exterior con becas para que, a su capacidad dirigencial, ellos puedan incorporar el componente académico y de esa manera generar cambios sustantivos en sus organizaciones", comenta Yax.

En cuanto al derecho de las organizaciones indígenas en la actividad política, como una etapa previa a su participación en los poderes del Estado, los diversos actores sociales trabajan en la facilitación de espacios de concertación y participación política dirigida hacia organizaciones indígenas, hombres y mujeres "porque en las corrientes del pensamiento contemporáneo se habla de una gestión pública con pertinencia y con enfoque de equidad étnica y de género", añade Yax.

Originaria de la etnia maya-kiché, Otilia Inés Lux de Coti, es un ejemplo de cómo los indígenas pueden desempeñarse digna y decorosamente en cargos públicos como ella lo hizo siendo Ministra de Cultura y Deportes de Guatemala durante el período 2002-2004, Ministerio que bajo su gestión tuvo una connotación más plural y se valoró la participación y la contribución de la cultura indígena a la cultura universal. Bajo su tuición se llevó a cabo un proceso participativo de definición de políticas de Estado culturales en el que intervinieron organizaciones y personas significativas del movimiento cultural guatemalteco.

También, es menester destacar las funciones públicas y sus actitudes como líderes de opinión, entre otros, de Juan León Alvarado, indígena maya-kiché, quien fuera representante alterno de Guatemala ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y Presidente del Grupo de Trabajo sobre la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la OEA, recientemente designado como embajador en Ecuador y Rigoberta Menchú, Premio Nóbel de la Paz 1992, quien anunció que será candidata presidencial del partido Encuentro por Guatemala (EG), en las elecciones generales de septiembre próximo.

Venezuela: un nuevo enfoque étnico

Nicia Marina Maldonado, del pueblo indígena amazónico Yecuana, es la actual titular del Ministerio del Poder Popular para Pueblos Indígenas de la República Bolivariana de Venezuela. El país, tiene un nuevo enfoque étnico de inclusión social derivado del proceso constituyente y la aplicación de una nueva Carta Magna dónde los pueblos indígenas solicitaron, principalmente, la inclusión de los derechos indígenas y con ello el reconocimiento constitucional sobre sus territorios.

La ex titular del Consejo Nacional Indio de Venezuela (CONIVE), como una medida para coordinar efectivamente la interacción entre los pueblos indígenas y el Estado, en los siete viceministerios de Hábitat y Tierras, dependientes de su cartera, trabajará con coordinadores regionales nombrados por cada uno de los pueblos y comunidades indígenas del país, que implica una gestión pública con visión indígena.

El gobierno venezolano a través de la denominada "Explosión del Poder Comunal" creó el Consejo Presidencial, del cual ahora forman parte los pueblos indígenas, que ha decir de Maldonado, su representante, "Implica la visibilización de las potencialidades, de las grandezas que podamos tener los pueblos indígenas para compartirlo con el gran pueblo venezolano", añadiendo que como propuestas de los pueblos indígenas están: " la conformación, constitución y el funcionamiento de los consejos comunales, (y) la reforma de la Ley de los Consejos Comunales, (donde) las autoridades tradicionales electas bajo los usos y costumbres de los pueblos indígenas no podrán, así como los diputados y los concejales optar por un cargo, porque manipulan después el resto.". Este nuevo enfoque permitirá una mayor participación indígena en ámbitos de decisiones gubernamentales como de Estado a partir, de acuerdo a Maldonado, de incrementar la cantidad de Consejos Comunales de 533 a 2.000.

Garantizar la unidad en la diversidad, el ejercicio de los Derechos Colectivos de pueblos indígenas; la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas, entre otros y las nuevas legislaciones sobre y para los pueblos indígenas y originarios de cada Estado, son los lineamientos que los países citados y otros de América Latina, han puesto en consideración para la inclusión de personas con raíces étnicas en la Gestión Pública del Estado. Los procesos de inclusión social y político para la toma de decisiones de "vida" hacia los pueblos indígenas hechos por ellos mismos están en marcha.

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*Nicia Maldonado es Ministra de Pueblos Indigenas de Venezuela, ex Consejera del Fondo Indígena

Fuente: Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe

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