20 octubre de 2006.- A raíz del levantamiento del pueblo Achuar del río Corrientes, cansados de sufrir tanta indiferencia de parte de los gobernantes de turno pese a varias denuncias de contaminación de sus territorios a lo largo de 35 años, dos criterios divididos se perciben a nivel de las autoridades del Estado. En primer lugar, la opinión del Ejecutivo que usa como pretexto el desistimiento del pueblo Achuar sobre el acuerdo suscrito entre el gobierno y la empresa, atribuyéndole a Racimos de Ungurahui como responsable de cambio de posiciones. En segundo lugar, la opinión de la Defensoría del Pueblo que lo responsabiliza al Estado por el conflicto generado, fundamentando su posición en los estudios y reportes oficiales de contaminación existente.
El Ejecutivo está tentando encontrar el talón de Aquiles de la protesta para desvirtuar el espíritu de la demanda Achuar, poniendo en tela de juicio la presencia de asesoría legal del Grupo de Trabajo Racimos de Ungurahui. Táctica similar a lo que aplicó para minimizar a CONACAMI, cancelándole su registro en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), sosteniendo que esta organización desviaba para fines de protesta las donaciones que recibía de Oxfam América y de Ibis. Lo mismo están rastreando a Racimos de Ungurahui, posiblemente estén armando algunos legajos para castigarlo.
El talón de Aquiles del pueblo achuar, afortunadamente no es eso. Lo que le preocupa al pueblo Achuar es que por un mal calculo estratégico de parte del ejecutivo se vean obligados a radicalizar su medida de fuerza convocando a todo el pueblo jíbaro que en estos momentos están pendientes de todo lo que está pasando. Los funcionarios deben recordar que en las venas del territorio Achuar, Wampis y Awajún pasa el oleoducto nor peruano y la llamada ramal norte y en más de una oportunidad estos pueblos paralizaron al País, sin ninguna necesidad de irse a Lima, cerrando las válvulas de las principales estaciones de bombeo.
El desenlace de este conflicto puede acabar caracterizándose como impredecible, sin embargo, la solución está en manos del Estado, con un poco de esfuerzo manteniendo una cultura de diálogo, liderazgo y transparencia.
La situación en Corrientes es un caso muy particular en comparación a los conflictos desatados al entorno de las concesiones mineras de Yanacocha, Antamina, entre otros. El pueblo Achuar, culturalmente, está muy ofendido y sensible frente a cualquier acto que pueda interpretarse como amenaza, por tanto, si existiera algún plan de despliegue policial en la zona para dispersar a la gente, no aconsejo como buena medida tal procedimiento, porque -advierto- las luchas no son motivadas por intereses personales, ni mucho menos por lucros. Está en juego de salvaguardar su vida, orgullo y su honor como pueblos.
Todos los ciudadanos peruanos tenemos el derecho de contribuir en la salvaguarda de paz y orden en nuestro país, así como también tenemos el derecho constitucional de exigir a nuestros funcionarios si observamos cualquier acto de violación en contra de los peruanos que además de ser excluidos históricamente, son los que más carecen de medios de comunicación para transmitir su voz de protesta.
Estoy seguro que si algún grifo de la ciudad que abastece de combustible produjera por negligencia un incendio, la reacción de los vecinos sería inminente y con consecuencias penales severas, seguida de vigilancia ciudadana de estar pendiente de las sanciones que impongan las autoridades. ¿Que diferencia halla el gobierno entre la denuncia de los peruanos Achuar por la contaminación de su medio ambiente, fundamentando sus demandas en los resultados científicamente probados y en el que los mismos organismos de salud afirman la existencia de elementos tóxicos y degenerativos?
En el Lote 1 AB y 8 que cuenta con 115 pozos, la empresa produce 30 mil barriles diarios de petróleo. Estos pozos de producción vierten a las quebradas tributarios de río Corrientes unos 60 millones de galones diarios de agua salada, seis veces mayor que el agua del mar, equivalente a 10 mil toneladas de sales por día. Estas aguas son arrojadas con una temperatura de 70 a 80 ºC aproximadamente en cuerpo de agua que no permite su depuración.
Entre las medidas correctivas que recomienda la DIGESA es contundente, previo a la evaluación y análisis de las aguas contaminadas realizado el julio de 2006: No verter aguas residuales de producción a las quebradas, ríos y otros cuerpos receptores, en las condiciones en que han sido evidenciadas en la visita de campo (por contener altas temperaturas, concentraciones de cloruros, http, Bario y Boro).... En 2005 una muestra de 199 personas examinadas, reveló la presencia de 74,5% de plomo en la sangre y 64,8% de cadmio.
Con este panorama y el registro de más de 75 muertos con hinchazones del hígado, La situación no es para menos, el acuerdo a concertar con el pueblo Achuar, debe estar a la altura de las circunstancias que les devuelva confianza. Es entendible y comprensible la posición de la población afectada que esta vez no está dispuesto a creer fácilmente de los compromisos genéricos que suelen asumir los funcionarios y por eso su exigencia que los acuerdos sean claros, con términos sencillos y con plazos establecidos muy concretos.
El reclamo del pueblo Achuar no es un pedido de favor. Están en su legítima defensa de sus derechos a la vida, consagrados constitucionalmente, amparados por los tratados internacionales (Convenio 169 OIT) y el estado, a través de sus funcionarios debe asumir su rol responsablemente, previniendo de antemano cualquier incidente que pueda comprometer pérdidas humanas por alguna imprudencia.
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