El Estado de Nicaragua fue demandado nuevamente y esta vez ante La Comision Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, durante la sesión extraoficial celebrada a finales del mes pasado en Guatemala.
La denuncia oral y pública la hizo el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica, a través de su coordinadora, Dra. Lottie Cunningham, quien dijo que la razón de la demanda es por las violaciones constantes de parte del Estado a los derechos de los Pueblos Indígenas, entre las que se encuentran la no demarcación de las tierras de las comunidades indígenas, por ser los promotores de la tala ilegal del bosque de los indígenas y por continuar otorgando concesiones de explotación sobre los recursos naturales sin el consentimiento de los verdaderos dueños.
Entre los señalamientos hechos contra el Estado de Nicaragua está el incumplimiento a la aplicación de la Ley de Régimen de Propiedad Comunal, el que tiene como objetivo la demarcación y titulación de las tierras de los indígenas de la Costa, y los ríos Coco, Indio y Maíz.
El argumento es que desde que se adoptó dicha ley, el 22 de enero de 2003, hasta la fecha, las expectativas han sido insatisfactorias por la falta de una acción decidida y coordinada por parte del Estado, y por la falta de presupuesto para que las comisiones sectoriales de demarcación puedan funcionar, como es el caso de las CIDT en Jinotega, la RAAN y la RAAS.
Desde la instauración de las instituciones encargadas del proceso de titulación, más de 150 comunidades indígenas y étnicas que habitan en la Costa Atlántica han solicitado formalmente la demarcación de sus tierras, lo que hasta la fecha no se ha logrado.
La demanda también hace mención de los cinco territorios indígenas a los que el gobierno les entregó los correspondientes títulos de propiedad el 24 de mayo de 2005, y desde entonces el mismo gobierno no ha querido inscribirlos legalmente, sino que han sido inscritos de manera provisional en una columna de anotaciones preventivas, es decir, que los títulos son provisionales y no tienen la validez de inscripción definitiva.
Según el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica, el gobierno de Nicaragua no ha renunciado a la posibilidad de reformar la Ley 445, lo que viene a representar un elemento de inestabilidad en la aplicación de la nueva legislación, y falta de interés del Estado en que se garantice el real cumplimiento de las demandas territoriales de las comunidades indígenas.
La politización de los cargos en las diferentes instancias no ha ayudado a que el proceso avance, como es el caso de la Conadeti y la CIDT, las que por falta de conocimiento y experiencia técnica han obstaculizado el proceso, considera el Cejudhcan.
Gobierno promueve el avance de la frontera agrícola.- La no titulación de las tierras indígenas de la Costa Atlántica ha generado un clima de incertidumbre jurídico en torno a la tenencia de la tierra y acceso a recursos naturales por la falta de protección del territorio, lo que ha generado las condiciones para la ocupación y usurpación permanentes de las tierras de los Pueblos Indígenas por parte de colonos no indígenas procedentes del Pacífico de Nicaragua.
Datos estadísticos muestran que el 42% de la deforestación que se da en Nicaragua es por el avance de la frontera agrícola, lo que hace que unas 150 mil hectáreas de bosque se pierdan cada año. Las tierras de la Costa Caribe resultan ser atractivas para muchos campesinos que vienen de otras zonas del país, que cuando llegan, despalan y siembran pastos, y después las venden para continuar su avance hacia la costa.
A las tierras del Atlántico han llegado dos tipos de campesinos mestizos: unos que son pobres de la montaña y otros que son ganaderos y se dedican a comprar o bien a adueñarse de grandes extensiones de tierras, como ha sucedido en los municipios de El Ayote, Muelle de los Bueyes y Nueva Guinea, en la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS).
En el caso de la RAAN, el Triángulo Minero ha sido mayormente afectado por este fenómeno, que trae consigo la posesión de las tierras de los nativos y la tala, ambos de forma ilegal.
En la mayoría de los casos, estos terceros traen documentos que les extiende el gobierno a través de la Oficina de Titulación Rural -OTR-, diputados ante la Asamblea Nacional, coordinadores de Gobierno, alcaldes y miembros del Consejo Regional, todos (el Estado), en el poder, se han tomado la tarea de desalojar y hacer piñata con las tierras de los indígenas.
Un caso específico es el caso de la comunidad de Awas Tingni, la que a pesar de que tiene un caso ganado contra el gobierno, donde éste debió haber demarcado las tierras de esta comunidad, más bien las autoridades de los gobiernos central y regional han otorgado tierras en concesión y posesión a campesinos mestizos que han venido del Pacífico, denunció Melva McLean, indígena de la comunidad de Awas Tingni.
Según la denunciante, es muy difícil decir cuántos son los terceros que se han adueñado de parte de las tierras de la comunidad, pero sí, todos han llegado con documentos extendidos por la OTR, el Consejo Regional del período 2002 a 2006, y el ex coordinador del Gobierno Regional, Hurtado García Baker.
El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, mandó al Gobierno de Nicaragua para que proceda a indemnizar por la suma de 80 mil dólares a la comunidad, por haber otorgado una concesión de 62 mil hectáreas de bosque a la empresa Sol del Caribe, S.A. (Solcarsa), sin el consentimiento de la comunidad.
De la misma manera, para evitar que se siga presentando esta situación, ordenó la demarcación y titulacion de las tierras de la comunidad de Awas Tingni, la que después de cuatro años de la sentencia aún no ha sido titulada
La Conadeti los engañó.- Melva McLean dijo al Nuevo Diario que la comunidad estaba lista para ser titulada junto a las primeras comunidades y territorios, pues ya había concluido con el proceso de diagnósticos y amojonamiento. Además, el presidente anterior de la Conadeti, Juan González, les había asegurado que entre los títulos que entregarían el 24 de mayo de 2005, en Waspam, estaba el de Awas Tingni, el que al final fue sacado de lista.
Concesiones de explotación de recursos naturales sin tomar en cuenta a los dueños.- Otra situación que plantea la demanda en contra del Estado de Nicaragua es la concesión de permisos de explotación de recursos naturales sin que se tome en cuenta a las autoridades comunales, municipales ni regionales.
Entre los casos que se mencionan está la concesión por parte del Estado para la construcción de un canal intercostal, el cual estaría afectando a varias comunidades del Atlántico Sur, ente ellas la de Monkey Point y la del pueblo indígena rama, que no fueron tomadas en cuenta. Las comunidades afectadas recurrieron de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, recurso que fue aceptado, sin embargo, la posibilidad sigue latente, manifiesta el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica.
Entre los detalles también figura la firma de un contrato de concesión para la explotación de petróleo y gas en el Caribe, firmado el pasado 22 de abril entre el procurador general de la República y las empresas estadounidenses Infinity Inc de Kansas y MKJ Exploraciones Internacionales S.A. de Louisiana. Esto tampoco fue consultado con los dueños, reza el documento de demanda.
Lottie Cunninghan, en su calidad de Coordinadora del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica, considera que es necesario que el Estado de Nicaragua implemente medidas afirmativas que detengan la grave situación que enfrentan los pueblos indígenas y comunidades étnicas que habitan en la Costa Atlántica, ya que se está poniendo en peligro la existencia de estas culturas y pueblos, que no han recibido la atención necesaria, sino que han sido aislados y ahora se les está despojando de sus tierras, recursos naturales y mujeres, porque los terceros que llegan a las comunidades indígenas se llevan a las mujeres de los nativos.
Según la especialista en derechos indígenas, Lottie Cunningham, existen dos vías de demanda: una que se hace de manera formal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y otra oral y pública ante la Comision Interamericana, ésta escucha y recibe el caso que más tarde es llevado a deliberación, llaman al Estado, y en un tiempo prudente se pronuncian sobre la demanda
Fuente: Prensa Indígena
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