Servindi, 29 de mayo, 2009.- La Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo (ANC) pidió hoy al gobierno "asumir el reto de poner en práctica los mecanismos de una democracia inclusiva y pluricultural".
Mediante un comunicado público la ANC llamó a que en la solución del conflicto que enfrenta con los pueblos indígenas amazónicos se "respete nuestra Constitución Política y los pactos internacionales ratificados por el Estado Peruano".
La denuncia contra dirigentes indígenas por alentar la rebelión, sedición y conspiración no contribuye a una solución pacífica y reafirma la "antidemocrática tendencia a criminalizar la protesta social y la legitima defensa de los derechos".
El pronunciamiento recuerda que una comisión multipartidaria del Congreso recomendó desarrollar e implementar políticas y mecanismos de diálogo intercultural oportuno entre el Estado y los pueblos indígenas, a efectos de conservar la paz social entre los miembros de nuestro país.
Sin embargo, "la mayoría de estas recomendaciones no fueron tomadas en cuenta oportunamente" sostiene la institución que representa a decenas de organizaciones no gubernamentales peruanas que trabajan por la promoción del desarrollo y el alivio a la pobreza en el país.
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Comunicado de la ANC
Ante los graves hechos que se vienen produciendo en la Amazonía, la Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo declara lo siguiente:
1. La aprobación de los derechos legislativos en el proceso de firma del TLC con Estados Unidos, ha eludido las consultas a los pueblos que los habitan como manda el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Perú mediante Resolución Legislativa N° 26253, y que establece en su artículo 6° que los gobiernos deberán
consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.
En el mismo artículo se señala también que
Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas
2. En agosto 2008, en respuesta a las movilizaciones, se derogaron los decretos legislativos 1015 y 1073. En enero 2009, la Comisión Especial Multipartidaria encargada de estudiar y recomendar la solución a la problemática de los pueblos indígenas del Congreso de la República, recomendó, entre otras cosas, considerar la derogatoria de los decretos legislativos 994, 995, 1060, 1064, 1020, 1080, 1081, 1083, 1089 y 1090 porque vulneran la Carta Magna, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
El informe también recomendaba al Consejo de Ministros desarrollar e implementar políticas y mecanismos de Diálogo Intercultural Oportuno entre el Estado y los pueblos indígenas, a efectos de conservar la paz social entre los miembros de nuestro país. La mayoría de estas recomendaciones no fueron tomadas en cuenta oportunamente.
3. Las actividades extractivas están provocando impactos ambientales en los ecosistemas acuáticos y terrestres de la Amazonía, que con la implementación de los DL cuestionados aumentan el riesgo de una de las regiones de mayor biodiversidad y oferta de agua en el mundo. Los impactos ambientales afectan también la salud de los pueblos indígenas.
En las 34 comunidades nativas de la zona de los ríos Tigris y Corrientes, donde opera una petrolera, el Ministerio de Salud encontró que el 98% de menores sobrepasa los límites aceptables de cadmio en la sangre. Además, en muchas zonas, la explotación petrolera o maderera ha afectado la pesca y la caza, actividades básicas para la sobrevivencia de los mismos.
4. La Protesta Nacional Amazónica iniciada por AIDESEP ya tiene más de 45 días. El gobierno del Dr. Alan García Pérez ha decretado el Estado de Emergencia en casi todo el territorio amazónico como respuesta represiva en lugar de propiciar una salida dialogada.
Gracias a la mediación de la Defensoría de Pueblo está siendo posible el inicio de una Mesa de Diálogo. Sin embargo, la denuncia penal contra Alberto Pizango, presidente de AIDESEP, por alentar la rebelión, sedición y conspiración no contribuye a generar las condiciones para una solución pacífica y reafirma la antidemocrática tendencia a criminalizar la protesta social y la legitima defensa de los derechos consagrados por la Constitución.
5. Hacemos un llamando al Gobierno Peruano para que en la solución a este conflicto, respete nuestra Constitución Política y los pactos internacionales ratificados por el Estado Peruano, y asuma el reto de poner en práctica los mecanismos de una democracia inclusiva y pluricultural, con la participación de los pueblos amazónicos, secularmente olvidados en la historia del Perú.
Lima, 26 de mayo del 2009
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