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Cada coyuntura reivindicativa de los pueblos indígenas, campesinos y urbanos, está cercada por la estructura capitalista de las clases sociales angurrientas, abusivas y mentirosas en el Perú. Los límites de este cercamiento son los elevados precios de los bienes y servicios que demandan los pueblos, la ley jurídica que penaliza a la movilización popular y la prédica de valores sin practicarlas. Se calumnia de "terrorista" a alguna protesta y exigencia popular, que salga de esos límites: la de los agricultores paperos, la de los profesores en huelga indefinida y la de los defensores indígenas a la identidad cultural y geográfica. La estructura se ha vuelto terrorista: desplazando al producto nacional (papa, arroz y otros) por importar sustitutos, obstaculizando la formación de partidos revolucionarios, y promoviendo la religiosidad de la esperanza posterior a la muerte. ¡Qué desperdicio de vidas humanas que se pierden durante luchas coyunturales! ¡Qué consentidores a la Constitución del 93, son los "luchadores sociales" que ruegan soluciones coyunturales y los politicastros que en cada feria electorera consolidan a ese marco jurídico de la estructura dominante! Mientras tanto, se está incubando un nuevo terrorismo, sostenido por el narcotráfico y por los gánsteres que corrompen a la democracia representativa y privatizan a la república. Será lo peor. Las tendencias históricas en economía, en política y en cultura, exigen un Diálogo Constituyente entre representantes legítimos de los pueblos indígenas, campesinos y urbanos y el empresariado, para que sus experiencias durangte la actual Constitución sean convertidas en pensamientos jurídicos para una Constitución redactada en democracia, superior a las redactadas en dictaduras de Morales Bermudez y de Fujimori.

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