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La Sentencia no respalda la Ley de consulta aprobada el 19 de mayo por el Congreso, por el contrario le da argumentos al Gobierno para observarla cuando niega el derecho que tienen los pueblos indígenas a dar su consentimiento previo, libre e informado. Para el TC la consulta solo sirve para llegar a un acuerdo con el Estado, para nada más. Mientras que la Ley aprobada incluye, además del acuerdo, el consentimiento y obliga al Estado a lograr ese consentimiento previo para implementar sus proyectos. El consentimiento hace la diferencia. De allí que los empresarios estén pidiendo que García la observe y se la declare "inconstitucional".

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