Diversas organizaciones piden consulta previa ante la iniciativa que tiene el Ministerio de Agricultura y Riego por aprobar un nuevo reglamento en gestión ambiental, que perjudicaría a los pueblos indígenas y al medioambiente al favorecer a empresas acusadas de deforestación.
Servindi, 31 de octubre, 2020.- Ante la propuesta del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) de aprobar un nuevo Reglamento de Gestión Ambiental, diversas organizaciones piden consulta previa, pues la norma afectaría al medioambiente y pueblos indígenas.
El referido reglamento establece una moratoria de 2 años para convalidar actividades agroindustriales de empresas que no cuentan con certificación ambiental.
Por ejemplo, las compañías Ocho Sur U SAC, Ocho Sur P SAC y Tamshi SAC carecen de certificación ambiental y son investigadas por deforestación en la Amazonía.
Por ello, la Confederación Nacional Agraria (CNA) solicitó formalmente al Minagri el derecho de petición de consulta previa del referido reglamento, con la asesoría de la asociación IDLADS.
Aunque la norma propuesta sea de carácter general, “contiene medidas sobre cómo debe realizarse la gestión y protección ambiental de los bosques en el Perú”, señala la CNA.
Esto compete y afecta a los pueblos nativos, ya que implica sus territorios ancestrales, los que son habitados en grandes extensiones de áreas de la selva peruana.
El requerimiento de consulta previa se sostiene en base a la Ley N.° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y su Reglamento.
En ese sentido, también piden al Ministerio del Ambiente (Minam) que tome parte en el asunto, ya que tiene la obligación de establecer una opinión previa sobre el Reglamento de Gestión Ambiental.
En esa línea, la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) también solicitó oficialmente al Minagri y al Minam la petición de consulta previa.
“(El) reglamento (…) afectaría el derecho a un ambiente sano y adecuado, el derecho al territorio y el derecho a la identidad étnica y cultural de las poblaciones indígenas”, adujo la Orpio.
Propuesta normativa convalida actos delictivos
Sobre el tema, se ha emitido un pronunciamiento suscrito por el Instituto de Defensa Legal (IDL), Kené Instituto de Estudios Forestales y Ambientales, y la Organización Regional Aidesep de Ucayali (ORAU).
Asimismo, por la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali (Feconau), Environmental Investigation Agency (EIA), Oxfam Perú, Comité de Defensa del Agua de Iquitos y Proética.
Todas estas instituciones argumentan los graves vicios de inconstitucionalidad y anticonvencionalidad que tiene la norma, que el Minagri pretende aprobar.
Y es que también esa propuesta normativa “convalida actos delictivos en contra de los defensores indígenas y ambientales de la Amazonía”, señalan.
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La iniciativa legal favorece a las empresas Tamshi S.A.C. (Tamshiyacu), Ocho Sur P. S.A.C. (fundo Zanja Seca) y Ocho Sur U. S.A.C. (fundo Tibecocha). pic.twitter.com/LSyT6Idn43
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— Servindi (@Servindi) February 4, 2020
Comentarios
Todo seguirá igual mientras
Todo seguirá igual mientras no se sancione a los corruptos involucrados en la tala ilegal, que se encuentran en la alta dirección del sector forestal, se encuentran manejando la Ley y Normas a su beneficio y en beneficio de los infractores, esta sucediendo lo que sucede en el poder judicial, son juez y parte. Exijamos que sean sancionados y inhabilitados a ejercer cargos públicos de por vida, porque de lo contrario seguirán en el poder hasta llegan a ocupar el Despacho del Ministerio del Ambiente y nada pasa hasta hoy. Su representada es un medio muy importante en este cambio luchemos no contra la tal ilegal, luchemos primero con estos corruptos que son los que dirigen y permiten la tala ilegal.
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