¡Unánime condena a Yanacocha!

Voceros políticos, sociales e indígenas condenan agresión de minera Yanacocha contra familia Acuña-Chaupe. Denuncian que empresa se comporta como un "Estado dentro del Estado" y amenaza el orden al no respetar fallos judiciales. Exigen al Estado informar sobre cumplimiento de medida cautelar de la CIDH.

Escuche el audio de la conferencia de prensa con un clic en el siguiente enlace:

- Conferencia de prensa: Abusos de Yanacocha contra familia Chaupe (Archivo mp3, 44 minutos. Para descargar dar clic derecho en el enlace y elegir guardar como).

Servindi, 4 de febrero, 2015.- Una unánime condena pública recibió la empresa Yanacocha por voceros y voceras que representan a diversos sectores políticos, sociales e indígenas debido al brutal atropello cometido por la empresa contra la familia Acuña-Chaupe.

Como es de conocimiento público la empresa procedió de hecho a derribar una construcción de metro y medio de altura que edificaba la humilde familia campesina en su predio de Tragadero Grande, en Cajamarca.

La empresa Yanacocha reivindicó la nefasta acción bajo el argumento jurídico de "defensa posesoria" a pesar que Yanacocha nunca ocupó dicho predio y el poder judicial no le reconoce derechos sobre el mismo.

El congresista Jorge Rimarachín calificó a Yanacocha de una "amenaza al orden establecido" por "actuar como un Estado" dentro del Estado peruano sin respetar los fallos judiciales.

La lideresa quechua Gladis Vila Pihue, a nombre del Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú, exigió que el Congreso de la República cite a los ministros de Justicia y del Interior a fin que informen sobre el cumplimiento de la medida cautelar de la CIDH a favor de la familia Acuña-Chaupe y otros 46 beneficiarios.

También pidió se investigue los irregulares y secretos convenios suscritos entre el ministerio del Interior y la empresa Yanacocha a fin que efectivos policiales brinden servicios de seguridad y protección a la empresa.

Derogatoria de la Ley 30230

Gladis Vila también demandó la derogatoria inmediata de la Ley 30230 que es la inconstitucional norma que indirectamente invoca la empresa Yanacocha para atribuirse supuestos derechos sobre el área del proyecto Conga en su calidad de inversionista.

Cabe recordar que el título III de dicha norma -conocida como Ley del Paquetazo Ambiental- crea procedimientos especiales para facilitar el acceso de la inversión pública y privada sobre los predios que requiera para implementar proyectos.

Según explicó la representante del Instituto Internacional Derecho y Sociedad (IIDS) Yanacocha pretende atribuirse la "defensa posesoria" contra sus actuales posesionarios, aprovechando que la cuestionada Ley 30230 trastoca y desnaturaliza el derecho civil y la protección constitucional del derecho de propiedad.

Gladis Vila, presidenta de la organización nacional de mujeres ONAMIAP, expresó a nombre del Pacto de Unidad su solidaridad con la familia Acuña-Chaupe y que esta articulación estará muy atento a los acontecimientos.

Evasiones fiscales de Yanacocha

Finalmente, el congresista Jorge Rimarachín invitó a la presentación del libro: Evasiones fiscales de la empresa Yanacocha, del periodista Raúl Wiener. Este acto se realizará el jueves 5 de febrero a las 10:30 a.m. en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión del Congreso de la República ubicado en el Jr, Azángaro.

La amenaza Yanacocha

La Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC) condenó la agresión a Máxima Acuña de Chaupe quién no está sola y recibe la protección de los ronderos de Cajamarca.

La organización rondera, también miembro del Pacto de Unidad, sostiene que la vida e integridad de Máxima Acuña, su familia y de las autoridades de las rondas campesinas ubicadas en el ámbito del megaproyecto minero Conga, están en riesgo.

Por tal razón piden el apoyo nacional e internacional para presionar al Estado peruano a fin que declare definitivamente inviable el citado proyecto y Yanacocha abandone los territorios ancestrales de las comunidades.

El Instituto Internacional Derecho y Sociedad (IIDS) mediante una nota de prensa recordó que la medida cautelar es de cumplimiento obligatorio del Estado peruano. Asimismo, que la familia Chaupe es parte de la comunidad campesina de Sorochuco, descendiente de los pueblos originarios de la zona.

Ellos no aceptaron las presiones de la empresa para cederles sus territorios a pesar que la empresa, por diversos medios, y amparada en las normas que promulgó Fujimori, logró que los directivos de la Comunidad de Sorochuco aceptaran la parcelación de parte de las tierras comunales a fin de que los comuneros pudieran vender sus parcelas a Yanacocha.

Los abusos y agresiones que padece Máxima y su familia responden a la represalia de una empresa que no acepta un no por respuesta y que pretende violentar el derecho de la familia Acuña-Chaupe de mantenerse en su territorio ancestral.

El Pacto de Unidad a través de un comunicado público conminó al Estado peruano dejar de “ignorar y menoscabar la medida cautelar” y cumplir con implementarla de manera efectiva “con el fin de proteger la vida e integridad de todas las personas beneficiarias y sus derechos ciudadanos.”

Expresó su solidaridad con la familia Acuña-Chaupe y demandó “una investigación imparcial y exhaustiva a fin de identificar a los responsables directos e indirectos del clima de terror y zozobra impuesto a la familia”.

Declaran inadmisible recurso de casación de Yanacocha

La buena noticia del día de hoy fue el anunció de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca que declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por Minera Yanacocha en contra de la sentencia del 17 de diciembre de 2014.

En dicho fallo judicial se revocó el fallo del Juzgado Unipersonal de la provincia de Celendín y se absolvió de la acusación fiscal por el delito de usurpación agravada a la familia Acuña-Chaupe.

La sentencia ordena anular los antecedentes generados en contra de la familia de los acusados por Yanacocha, cesar el desalojo preventivo y ministración provisional de la posesión del predio “Tragadero Grande” a favor de la empresa.