La tala de madera: Estado y capital coludidos en una mafia institucionalizada

Edwin Chota y otros tres dirigentes, víctimas de un poder corrupto y fraudulento que opera impune en el Perú

Por Óscar Guerrero Bojórquez*

Servindi, 21 de setiembre, 2014.- Las actividades económicas asociadas a la tala de árboles y sus productos derivados aceleran el proceso de acumulación de capital y socavan las bases en las que se sostienen la biodiversidad y la vida de los pueblos indígenas.

Documentos oficiales e investigaciones independientes han demostrado que el negocio del talado de árboles a gran escala en la selva peruana está acelerando el agravamiento de dos problemas: la deforestación y las condiciones de vida de los pobladores asentados ancestralmente en estas zonas.

Un valioso estudio sobre el fraude y la corrupción en el comercio de madera en el Perú. Acceder con un clic en esta imagen

Los actores involucrados en este comercio alcanzan al gobierno y a empresas transnacionales como el grupo Bozovich(1), la corporación más grande del rubro que opera en el Perú y que tiene representaciones en Estados Unidos y México. Desentrañar las redes de corrupción y las acciones impunes de las mafias organizadas en torno a este negocio supone arriesgar la vida misma. Así lo confirma un valioso estudio que explica cómo opera esta actividad ilícita.(2)

Como en la mayoría de flagelos que motivan los conflictos sociales del país, la tala ilegal ya se ha cobrado la vida de muchos comuneros y defensores de los derechos de las comunidades establecidas en zonas donde operan las empresas madereras. Las últimas víctimas han sido cuatro activistas de la etnia ashéninka, asesinados el pasado 1 de setiembre en la frontera amazónica entre Brasil y Perú.

La reacción del Estado ante este crimen deja mucho que desear dado que se pretendería resolver el caso con una simple explicación de carácter policial, cuando todos los habitantes de la Amazonía saben que detrás del crimen se encuentrarían  mafias organizadas en torno al suculento negocio de la tala ilegal.

Edwin Chota, uno de los asesinados, había solicitado al Estado la titulación y demarcación de su comunidad nativa, que fue inscrita y reconocida oficialmente en 2003. Sin embargo, en un acto que evidencia la incompetencia de los órganos de supervisión, un año antes el mismo Estado había entregado a capitales privados una concesión forestal por 40 años en el mismo territorio.

A la par de revelarse las turbias conexiones entre la industria maderera y las instancias gubernamentales, el tiempo viene dándole la razón a aquellas voces que en su momento advirtieron de las condiciones injustas del Tratado de Libre Comercio (TLC) que suscribió el Perú con los Estados Unidos. El texto del documento incluyó leyes draconianas que el Perú no estaba en condiciones de cumplir.

Lo reprochable del TLC es que fue firmado en circunstancias en las que ambos países conocían de los altos niveles de corrupción y de lo difícil que resultaba solucionar el problema de la tala ilegal en un país donde prácticamente todas las instituciones democráticas han sido capturadas por mafias organizadas.

La tala ilegal disfrazada de legal ha logrado levantar los andamios de una estructura mercantilista donde los millonarios dividendos del rubro son compartidos por dos actores coludidos en una empresa cuyos límites son desconocidos: El Estado y el capital extranjero.

De acuerdo a un informe del Banco Mundial los troncos originarios de la Amazonía son traficados y blanqueados por métodos similares utilizados en el narcotráfico provocando una corrupción de alto nivel.

Las valientes declaraciones del ex fiscal ambiental de Ucayali, Francisco Berrospi, se inscriben en esta desoladora realidad. Antes de ser removido de su cargo, Berrospi accedió a información de primera mano e incluso muchas veces fue testigo presencial de diversos actos de corrupción ligados a la tala ilegal que comprometían a funcionarios y fiscales del Estado en la selva de Ucayali.

Los relatos de Berrospi revelan como los propios jueces terminan sucumbiendo a las ofertas tentadoras de los grupos madereros configuran un cuadro poco alentador. “La corrupción de la industria maderera aquí es terrible”¹, confesó Berrospi a New York Times. El problema de la tala ilegal se ve empeorado ya que el Estado brilla por su ausencia en zonas remotas que es donde se comienzan a tejer los hilos de esta podredumbre empresarial.

Los pocos fallos emitidos por los tribunales que conminaban a que las empresas madereras den cuenta de su accionar delictivo en la Amazonía peruana, han sido sistemáticamente desacatados por los responsables. Nada ni nadie está en condiciones de obligar a los barones de la madera a ser  transparentes en sus transacciones. Al respecto conviene recordar las declaraciones que vertiera en el año 2010 el ex director del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) José Luis Camino: “El Estado no tiene capacidad para fiscalizar los bosques (…) No hay suficiente vocación en los funcionarios regionales para fiscalizar. La corrupción en el INRENA es peor que el caso de los petroaudios”(3).

Nuevamente el perverso fenómeno de la deslocalización en el marco de la globalización permite que los crímenes de las empresas transnacionales se escabullan de la justicia y sus ideólogos se muevan en campos nebulosos donde difícilmente se puede establecer algún grado de responsabilidad. No en vano Interpol dejó constancia en un informe que las mafias de la tala ilegal blanquean el dinero en bancos e instituciones financieras a través de la inversión en empresas legítimas que no son objeto de escrutinio por parte de los órganos estatales de control. Esta práctica empresarial convierte lo ilícito en lícito con lo cual se evidencia la precariedad de las instituciones democráticas.

Especialistas en la materia estiman que en el Perú el porcentaje de madera ilegal supera con creces a la cantidad legal autorizada. El comercio ilegal genera entre 10 y 15 millones de dólares al año, monto libre de impuestos y que se utiliza en parte para pagar a funcionarios corruptos del gobierno.

En el 2006, INRENA descubrió que 92 de las 150 concesiones autorizadas a exportar caoba lo hacían con permisos fraudulentos, y que estas 92 concesiones representaban el 85 por ciento de los 17 mil metros cúbicos de caoba aprobados para ser exportados en ese año. Pero un cable de Wikileaks del mismo año reveló que tanto el gobierno de EE.UU. como del Perú sabían que entre el 70 y 90 por ciento de la exportación de caoba provenía de la tala ilegal y que algunos narcotraficantes estaban involucrados en el transporte de dicha madera con el fin de ocultar paquetes de droga.

Paradójicamente se constata que muchos escándalos de corrupción en el negocio de la madera originados en el Perú, inicialmente son divulgados en la prensa extranjera y sólo después rebotan en los medios peruanos. Da la impresión que todos los grupos de poder se protegen entre sí cuando andan en apuros.

Así, el diario estadounidense New York Times publicó un reportaje sobre la tala ilegal y la corrupción de funcionarios en Ucayali en el año 2013. El material daba cuenta de que gran cantidad de madera que se exporta a otros países, sobre todo a EE.UU., tiene procedencia ilegal. Inmediatamente la gran prensa de Lima recogió la noticia y comenzó a interesarse.

Según información recopilada de testimonios de funcionarios y autoridades del Estado, el 80 por ciento de las exportaciones madereras peruanas se extraen ilegalmente y son transportadas con documentos falsos.

Como si esto fuera poco, una delegación de indígenas amazónicos denunció que la caoba importada del Perú por los Estados Unidos es talada ilegalmente de áreas protegidas y de  reservas territoriales donde viven pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Ante este grave hecho la Federación Nativa del Río Madre de Dios y afluentes (FENAMAD) presentó una demanda judicial en la Corte de Comercio Internacional de Nueva York solicitando al gobierno estadounidense se abstenga de importar caoba ilegal procedente de Perú.

Impactos de la tala ilegal y la disfrazada de legal

En lo económico: Según los especialistas Pautrat y Lucichs solo en el año 2002 la tala ilegal ocasionó pérdidas para la economía peruana que bordearon los 70 millones de dólares, incluyendo fraude y evasión de impuestos. Datos más recientes entregados por el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR) dan cuenta de que entre 2009 y 2013 la extracción ilegal ascendió a más de 31 millones de dólares.

En lo que atañe al trabajo forzoso: Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del año 2005 registró que unas 33 mil personas estaban trabajando bajo condiciones de trabajo forzoso en la Amazonía Peruana, por lo general involucrados en actividades derivadas de la tala ilegal de caoba y cedro.

Otra forma de trabajo forzoso es el conocido como “castigo de la madera”. Este modelo consiste en que un patrón entrega en calidad de adelanto a sus empleados (por lo común indígenas) productos y materiales, como arroz, botas o rifles, a cambio de que éstos extraigan madera de los territorios indígenas. La trampa de este arreglo salta a la vista cuando los indígenas quedan endeudados al ver que la madera extraída vale menos que los productos entregados por el patrón.

En las poblaciones indígenas: El desamparo en las zonas donde se práctica la tala ilegal es de tal magnitud que muchas veces algunos líderes indígenas hacen las veces de felipillos subordinados a los intereses de los grupos madereros burlando los mecanismos de consulta previa inherentes a las comunidades indígenas.

Como ya se apuntó en un artículo anterior el contacto de trabajadores madereros con grupos indígenas en situación de vulnerabilidad, aumenta el riesgo de que éstos últimos contraigan enfermedades puesto que no han desarrollado inmunidad frente a determinados virus y gérmenes con los que no han estado en contacto. Esta situación llevó a que en el año 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiera al Perú implementar medidas encaminadas a proteger mejor a las tribus no contactadas.

En lo ambiental: la degradación y deforestación de los bosques constituyen tal vez el impacto negativo más visible que ocasiona la tala ilegal. Ello pone en riesgo la subsistencia de ciertas especies y destruye el hábitat de especies animales vulnerables además que contribuyen directamente a la emisión del dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero (GEI) influyendo en el cambio climático.

Cuando los taladores crean claros en el bosque dificultan el libre desplazamiento de los animales y dejan sin provisión de alimento a especies que cumplen funciones importantes como la dispersión de semillas para la autoconservación del bosque.

NOTAS

(1) Miluska Soto: Los Barones del cedro y la caoba. La familia Bozovich y la industria maderera, en: http://servindi.org/actualidad/6030

(2) EIA: “La máquina lavadora: Cómo el fraude y la corrupción en el Sistema de Concesiones Peruano están destruyendo el futuro de los Bosques de Perú”. Ver en: http://launderingmachine.files.wordpress.com/2012/04/spanish_report_eia_final2.pdf

(3) Reportaje del diario The New York Times sobre la tala ilegal en Perú. Ver en: http://www.actualidadambiental.pe/?p=20642

(4) Entrevista al ex jefe de INRENA, José Luis Camino. http://blog.pucp.edu.pe/item/39642/corrupcion-en-inrena-es-peor-que-los-petroaudios-vaya-gobierno-aprista

BIBLIOGRAFÍA

-  El Mundo Indígena 2014. Copenhague, 2014. Grupo Internacional de Trabajo Sobre Asuntos Indígenas IWGIA. Varios autores.

-  Selva Vida. De la Destrucción de la Amazonía al Paradigma de la Regeneración. Lima, 2013. Stefano Varese, Frédérique Apffel-Marglin y Roger Rumrrill.

-  Diversos recursos de Internet:

• http://launderingmachine.files.wordpress.com/2012/04/spanish_report_eia_final2.pdf
• http://www.osinfor.gob.pe/portal/data/destacado/adjunto/revista1.pdf
• http://launderingmachine.wordpress.com/fracaso_sistematico/

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*Óscar Guerrero Bojorquez es magíster en Periodismo y especialista en Problemática Internacional.

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