Perú: Balance negativo en la lucha por la no violencia contra la mujer

Este año la conmemoración del Día de la no Violencia contra la Mujer tuvo poco que aplaudir y mucho que demandar del Estado peruano. Las feministas, y en general las más de treinta organizaciones de la sociedad civil que conforman el Colectivo 25 de Noviembre, salieron a las calles para llamar la atención del gobierno en lo que constituye, más que un avance, un retroceso en las estrategias del Estado para enfrentar la violencia familiar, psicológica y sexual contra las mujeres del país (foto: Radio Milenia).

La gravedad de la situación motivó un comunicado en el que se denuncia el incumplimiento del Estado frente a los acuerdos internacionales.

Muchas son las razones por las que el movimiento feminista afirma que el Estado está en deuda con las víctimas de la violencia. No solo no han descendido las cifras en los porcentajes de agresiones sino que una serie de cambios pronostican un desmantelamiento de muchas de las políticas alcanzadas hasta ahora para frenar lo que se considera una de las mayores agresiones a la integridad de los y las peruanas.

De seguir en este camino se pondrá en riesgo lo conseguido desde el año 1996, cuando se inició un programa gubernamental para la lucha contra la violencia familiar. Esta situación se expresa dramáticamente con la eminente extinción del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS), creado en abril de 2001 bajo el Ministerio de la Mujer y Desarrollo (MIMDES).

La violencia en cifras

Según datos del Informe "Mujer, el Estado no te protege frente a la violencia: análisis de la responsabilidad del Estado peruano frente a la violencia contra las mujeres" presentado a UNIFEM por Beatriz Ramirez, coordinadora del Programa Derechos Humanos del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, 68% de mujeres peruanas han sufrido algún tipo de control por parte de sus esposos o compañeros; el 25% manifiesta que sus esposos o compañeros han dicho o hecho cosas para humillarlas delante de los demás; el 41% considera haber sufrido alguna vez algún tipo de violencia física durante su relación de pareja; y el 10% ha sido obligada por su esposo o compañero a mantener relaciones sexuales.

Estas cifras extraídas de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), dan un indicio de la gravedad de la violencia contra la mujer en el Perú. Por otro lado, entre enero de 2003 y octubre de 2006 se han registrado 370 asesinatos de mujeres por razones de género: un promedio de 8 mujeres al mes mueren víctimas de femicidio a manos, mayoritariamente, de sus parejas o ex-parejas.

Cada 6 horas, 5 mujeres son víctimas de violencia sexual

Por su parte, el Movimiento Manuela Ramos informó que desde enero a agosto de este año, se registraron 16.793 denuncias por violencia psicológica; 57.472 denuncias por violencia familiar y 4.910 denuncias por casos de violación sexual. De estas últimas cifras, el 44% corresponde a jóvenes mujeres entre los 14 y 17 años. En el Instituto de Medicina Legal se realizan exámenes de integridad sexual cada dos horas.

Una cifra alarmante, además de la dimensión que alcanza la violación sexual de adolescentes, es la proveniente del Instituto de Medicina Legal. Sus registros indican que durante la primera mitad del año 2007 el servicio por violencia familiar representa el 52% de los casos atendidos y, de estos, el 79% corresponde a las mujeres. De ello se puede interpretar que la mayoría de las agresiones, teniendo en cuenta todos los delitos, provienen de los actos de violencia familiar e integridad sexual. Además, se registra que cada dos horas se realizan exámenes de integridad sexual.

Según datos de una nota del diario La República, el 26 de noviembre pasado 151 mil mujeres fueron víctimas de violencia familiar y sexual, entre enero y septiembre de este año. De las denuncias en los CEM (Centro Emergencia Mujer), el 19% de mujeres atendidas son menores de 17 años, el 78% son adultas y el 3% son mayores de 60 años. Siete de cada 10 mujeres víctimas de violencia sexual son adolescentes. Cuatro de cada 10 niñas son maltratadas por sus padres.

Como explica Beatriz Ramirez en su informe:

"ni las políticas ni las estrategias o los planes formulados y ejecutados por el Estado peruano desde 1996 hasta la fecha han podido hacer descender estas cifras. Por el contrario, las denuncias se han incrementado".

Se podría argumentar que estas cifras expresan que el problema de la violencia se ha hecho más visible y que más mujeres se atreven hoy a denunciarlo; lo que explicaría el aumento en las denuncias si no fueran contrastadas con las encuestas ni se evaluara el impacto de las políticas en la real situación de las mujeres.

La apabullante realidad de las cifras hace del Perú uno de los países con más alta prevalencia de violencia contra la mujer en América Latina. Siendo éstas un doloroso retrato de la situación actual, lo que más preocupa al Colectivo 25 de Noviembre es que "esta realidad debería colocar la lucha contra la violencia hacia la mujer como una prioridad estatal", como expresan en su comunicado.

Para esta agrupación "el proceso de descentralización y modernización del Estado se está llevando a cabo sin tomar en cuenta la relevancia de los problemas que afectan a las mujeres". En efecto, en su comunicado el Colectivo denuncia que "el Estado está iniciando el proceso de transferencia de los servicios de atención en violencia (CEM) en condiciones inadecuadas. La mayoría del personal de estos servicios no cuenta con garantía de continuidad laboral y el déficit presupuestario y de planeamiento de los Gobiernos Provinciales y Municipales pone en riesgo la continuidad de los servicios".

Los Centros de Emergencia de la Mujer (CEM), creados en 1999, son servicios de atención con un enfoque integral, pues centralizan servicios legales, psicológicos y de trabajo social puestos a disposición de las víctimas de violencia familiar y/o sexual, según especifica Ramirez en su informe.

En el marco del proceso de descentralización del Estado, se está iniciando la transferencia de los CEM a los Gobiernos Provinciales y Locales. "Las experiencias anteriores de manejo de las Defensorías Municipales de Niños y Adolescentes por parte de los gobiernos locales hace presagiar que el proceso de transferencia repercutirá negativamente en el acceso de las mujeres a procesos legales para combatir y sancionar la violencia de la que son víctimas, y a servicios de atención psicológica y social", expresa Ramirez.

Por este motivo desde la sociedad civil se han implementado observatorios para hacer seguimiento al proceso de transferencia de los CEM y vigilar que se respeten los mínimos materiales y presupuestarios necesarios para la calidad de los servicios.

El comunicado del Colectivo 25 de Noviembre denuncia que el Estado ha incumplido las metas de Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2002-2007. "De las cuatro líneas de acción centradas en la prevención, la atención a las víctimas, los cambios legislativos y el recojo de información se ha cumplido apenas el 30% de las metas. Sin hacer un balance previo de las deficiencias en la implementación del Plan anterior, el Estado se alista a elaborar uno nuevo".

Por último, el Colectivo 25 de Noviembre manifiesta su preocupación ante el rol que asume el Sistema de Justicia que "no garantiza una sanción adecuada y una reparación justa ante las vulneraciones de los derechos de las mujeres", por lo que denuncian "la existencia de una cultura judicial machista que margina a magistradas, trabajadoras y ciudadanas".

Se extingue el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual

En abril del 2001 se creó dentro del MIMDES el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS); este programa fue concebido como el "órgano encargado de diseñar y ejecutar a nivel nacional acciones y políticas de prevención, atención y apoyo a las personas involucradas en hechos de violencia familiar y/o sexual, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de la población, desde una perspectiva de género". Desde la creación del PNCVFS, los servicios de atención para víctimas de violencia (CEM) están bajo su competencia.

Mediante Decreto Supremo Nº 017-2001-PROMUDEH, del 21 de julio de 2001, se aprobó una norma de vital importancia en la lucha contra la violencia: el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2002-2007, con metas específicas en sus cuatro líneas de intervención: prevención de la violencia hacia la mujer, atención y recuperación de las personas afectadas por la violencia, investigación e información para la toma de decisiones, y legislación y práctica institucional.

El PNCVFS ha sido debilitado desde su creación a través de sucesivas modificaciones respecto de su jerarquía y presupuesto.

Al principio dependía directamente del Despacho Ministerial pero, en enero de 2005, el Reglamento de Organización y Funciones del MIMDES lo adscribió al Instituto Nacional de Bienestar Familiar, INABIF. Este cambio, que responde a tendencias conservadoras y "familistas" que invisibilizan la violencia contra la mujer como un problema de familia, modificó su autonomía orgánica y presupuestal. Ante estos cambios las organizaciones de mujeres desplegaron respuestas conjuntas mostrando su preocupación por las consecuencias en la vida de las mujeres.

Como consecuencia, el MIMDES dispuso que el PNCVFS se constituya en una unidad ejecutora; sin embargo, esta norma no logró restituir al programa a su antiguo nivel jerárquico pues mantuvo su adscripción al INABIF aunque otorgándole nuevamente autonomía presupuestal.

Sin embargo, como afirma Ramirez "el punto culminante en el progresivo incumplimiento del Estado peruano de su compromiso internacional de fortalecer programas contra la violencia hacia las mujeres lo constituye la extinción del PNCVFS. El Decreto Supremo 005-2007-MIMDES, publicado el 05 de mayo de 2007, crea la Dirección General de Protección Social dependiente del Viceministerio de la Mujer y establece la extinción del PNCVFS en el marco del proceso de modernización del Estado."

Diversas organizaciones de la sociedad civil han manifestado su preocupación por las repercusiones negativas que esta extinción tendría en lo referente a las políticas públicas para contrarrestar la violencia contra las mujeres.

Es en este marco que el Día de la no Violencia contra la Mujer ha sido la oportunidad para exigir al Estado que no culmine con el desmantelamiento de una estrategia que, desde su nacimiento, ha venido sufriendo los avatares de la voluntad política de cada uno de los gobernantes en su momento.

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Fuente: Centro Latino-americano en Sexualidad y Derechos Humanos (CLAM)