Perú: Crece protesta contra Camisea, el gasoducto coladera

Servindi, 04 de octubre 2005. Veinte embarcaciones de regular tonelaje fueron detenidas entre el viernes 30 de septiembre y la tarde de ayer por miles de indígenas amazónicos que realizan un paro fluvial. Ellos exigen al gobierno un porcentaje de las regalías del proyecto Camisea para compensar los daños causados por éste.

Solo las naves del proyecto fueron detenidas a la altura de los distritos de Tahuanía y Sepahua por indígenas ashaninkas, yine yames y shipibos que resguardados de flechas y lanzas vigilan las desembocaduras de los ríos.

La acción cuenta con el respaldo de Dante Navarro, Alcalde de Atalaya y el gobierno regional de Ucayali, quienes demandan la asignación del 12.5 por ciento de las regalías provenientes del gas de Camisea.

Edgar Tapia, Gerente de Recursos Naturales de Ucayali, afirmó que las especies acuáticas en los rios de Ucayali y Urubamba se redujeron en un sesenta por ciento a consecuencia de la contaminación de los ríos producida por las embarcaciones que trasladan insumos a Camisea.

Tapia indicó que debido al aumento del tráfico fluvial, los ruidos de motor y la contaminación de las aguas por el derrame de aceite y desperdicios disminuyeron la captura de especies como: zúngaro, boquichico y doncella entre otras, de 110 a 44.6 toneladas en los últimos cuatro años.

"La contaminación de los ríos Ucayali y Urubamba nos ha dejado casi sin peces, principal alimento de nuestro pueblo” declaró Dante Navarro, Alcalde de Atalaya. Dijo que el paro es indefinido y que no levantarán su medida de fuerza hasta que el gobierno otorgue regalías a Ucayali.

El viernes los pobladores de Atalaya, Sepahua y Tahuanía acataron un paro de 24 horas en protesta por la contaminación de las aguas de los ríos Urubamba y Ucayali, que ha ocasionado la muerte de miles de peces, su principal alimento.

“Nuestros ríos se han convertido en un basurero, por lo que nuestros pobladores están intoxicados y con enfermedades a la piel”, dijo el alcalde de Sepahua, Nicolás Salcedo.

Según el director de Salud de Atalaya, Aselmo Guerrero, se han registrado más de cien casos de diarreas e infecciones a la piel.

Por su parte, el Presidente de la Región Ucayali, Edwin Vásquez, dijo que el pasado 20 de enero, cuando el presidente Alejandro Toledo los visitó, ofreció evaluar el porcentaje por las regalías de Camisea que exige la población “pero hasta la fecha no ha habido respuesta alguna”.

“El Ministro de Economía Fernando Zavala nos indicó que las zonas de influencia no recibirán regalías y nos sugirió que conversemos con la región Cusco para que nos otorgue parte de las suyas. Nosotros hemos esperado ocho meses y no hemos recibido respuesta por lo que se ha agotado el diálogo” dijo Edwin Vásquez.

Camisea: proyecto coladera

En menos de nueve meses el gasoducto Camisea ha sufrido tres roturas y el último, ocurrido el 16 de septiembre, determinó que el gobierno declare en emergencia todas las operaciones de Camisea y la evacuación de las familias de la localidad de Tocatten, en Ayacucho.

Si bien la medida fue levantada cuando se reportó que la averia del tubo había sido superada el ministro pidió que el Organismo Supervisor de la Energía (OSINERG), como ente fiscalizador, realice un informe público.

En enero de 2005 Osinerg encargó una auditoria del ducto a CPI Canadian Petroleum Institute cuyo resultado se tendrá en enero de 2006. De igual modo, el 15 de agosto Osinerg inició una inspección del acero del tubo pero el informe se conocerá el próximo mes de marzo.

Por otra parte, Celestino Marín, Alcalde de Anco (Ayacucho) denunció el miércoles 28 de septiembre en el Congreso de la República, que a mediados de agosto se habría producido otro derrame en la zona de Pacobamba, a 20 kilómetros del derrame reportado en Tocatte.

“Los agricultores detectaron el derrame y se lo comunicaron a la empresa pero los ingenieros se burlaron diciendo que todo estaba controlado” informó Celestino.

Respecto a la rotura del ducto en Tocatte, el alcalde dijo que luego de cinco días del evento recién llegaron los médicos para atender a la población que presentaba cuadros de vómitos, mareos y diarreas. “No conocemos que se haya aplicado algún plan de contigencia” afirmó.

Durante la presentación del Ministro de Energía en el Congreso realizada el 21 de septiembre el congresista Carrasco Távara expresó su preocupación “por los poros de una tubería que es practicamente nueva” y Eduardo Carhuaricra puso énfasis en la responsabilidad de la empresa supervisora del gasoducto.

Cabe recordar que la primera rotura del ducto de líquidos (Cusco) se produjo el 22 de diciembre de 2004 y llegó a contaminar el río Urubamba generando la protesta de las comunidades machiguengas.

El 29 de agosto de 2005 aparecieron tres manchas en el terreno de una estación de bombeo (Ayacucho) lo que provocó la suspensión del bombeo de líquidos del gas natural ante la posibilidad de una anomalía en el transporte.

El 16 de septiembre de 2005 se produce una segunda rotura del ducto de líquidos nuevamente en Ayacucho, contaminando el río Chunchubamba y obligando a evacuar a más de doscientas familias de la comunidad.

Irresponsabilidad ambiental

Durante la construcción del gasoducto la Transportadora de Gas del Perú (TGP) fue multada en dos ocasiones por Osinerg pero la empresa apeló al Poder Judicial y hasta la fecha no ha pagado ningun castigo informó el diario Perú 21.

El Frente Regional Ayacucho (FRA) emitió un pronunciamiento demandando “que todas las organizaciones ambientales y ecologistas, como el CONAM, CAR, el Colegio de Biólogos, el Frente de Defensa del  Pueblo, la Iglesia y los medios masivos, se pronuncien frente a este grave problema que pone en serio riesgo el medio ambiente y a la población”.

Durante la segunda consulta pública del Proyecto de Gas de Camisea en Lima organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizada el 17 de agosto de este año, Walter Kategari, representante del Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU) denunció los graves impactos del proyecto en su medio ambiente.

Kategari hizo un llamado a las instituciones públicas a tomar en cuenta la voz de las comunidades indígenas pues las autoridades toman decisiones desacertadas, alejadas de la realidad.

El dirigente de COMARU recordó que las comunidades han pedido suspender las audiencias públicas respecto al Lote 56 (Camisea 2) porque se están repitiendo vicios anteriores, como ejercer presión y hostigar a dirigentes por parte de las empresas y el estado.

De igual modo recordó que las organizaciones indígenas han pedido una auditoría ambiental independiente para el proyecto Camisea y efectuaron ocho recomendaciones antes de dar paso a la explotación del lote 56 pero las autoridades del Ministerio de Energía y Minas ignoran estos pedidos.

Representantes de la Comunidad Nativa Santa Rosa de Serjali manifestaron en la consullta del BID su preocupación por la falta de apoyo a la comunidad, la carencia de servicios básicos de salud, la falta de protección y seguridad en su territorio.

“Estos reclamos demuestran que las condiciones impuestas por el BID del préstamo para el Proyecto Camisea no se están cumpliendo, ya que ellos se encuentran dentro de la Reserva Kugapakori Nahua, zona que también está afectada por la explotación petrolera”.

Lelis Rivera, director del Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA), advirtió que el gasoducto en cuestión recibirá el recurso que se halle en el lote 56 (en manos de Pluspetrol) y en el bloque 58 (por entregarse a Petrobras).

“Si el gasoducto no brinda la confianza necesaria, como ahora es evidente, entonces vamos a tener un proyecto que hace agua por todas partes” opinó Lelis y que puede afectar la vida de más de 160 mil indígenas que viven en el área de impacto de Camisea.

Fuente: En base a información del diario La República y Perú 21
Foto superior: Diario La República: www.larepublica.com.pe