Organizaciones de pueblos indígenas de Brasil condenan decisión del gobierno de Jair Bolsonaro que permite expansión minera y afectaría a miles de pueblos indígenas.
Servindi, 13 de diciembre, 2021.- Pueblos indígenas del Brasil rechazaron las decisiones del gobierno de Jair Bolsonaro para expandir la actividad minera en áreas preservadas de la Amazonía.
Mediante un pronunciamiento, condenan y anuncian medidas legales ante esta decisión que afecta a decenas de miles de pueblos indígenas que viven en las zonas fronterizas donde se busca impulsar la actividad extractiva.
Ante estas políticas depredadoras del régimen de Bolsonaro, movimientos sociales de todo el mundo vienen impulsando pedidos para que el mandatario rinda cuentas en instancias internacionales.
Minería en áreas preservadas
Como denunció el diario Folha de San Paulo, un ministro brasileño autorizó el desarrollo de siete proyectos mineros en áreas preservadas de la Amazonía ubicadas en zonas fronterizas de Brasil.
Encargado de decidir sobre asuntos de soberanía y defensa, el general Augusto Heleno (ministro de la Oficina de Seguridad Institucional) permitió la expansión minera en São Gabriel da Cachoeira, estado de Amazonas, Brasil.
Si bien el ministro señaló que su decisión respetaba la legislación y el medio ambiente, el Ministerio Público de Amazonas abrió una investigación para investigar el caso, informó Folha de Sao Paulo.
Más aún, como resalta El País, desde el parlamento brasileño se vienen impulsando medidas para flexibilizar la normativa ambiental que beneficiarían a la minería y a la ocupación de territorios.
Política depredadora
La Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN) manifestó su indignación frente a la medida del ministro Heleno que afectaría a esta región que limita con Colombia y Venezuela.
La organización, que representa a 23 pueblos indígenas, sostuvo que la decisión de Heleno demuestra una presión política a favor de la minería de los ‘garimpos’ (mineros ilegales).
Señalaron que estas políticas del gobierno brasileño, que no toman en cuenta aspectos socioambientales, está poniendo la vida de más de 45 mil indígenas.
Situación por la que están analizando las medidas legales a tomar para enfrentar la “política depredadora del actual gobierno”.
“Repudiamos actitudes autoritarias sustentadas en ideales obsoletos de desarrollo económico, que solo trajeron enfermedad, muerte y degradación a la Amazonía y sus pueblos”, apunta la FOIRN.
Esta política “tiene solo un interés: lucrar para los sectores políticos empresariales que niegan la emergencia climática, la importancia de la Amazonía para el mantenimiento de la vida y, sobre todo, faltarle el respeto a los pueblos indígenas brasileños”.
Records de deforestación
Cabe recordar que, como reveló el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil, la deforestación en el país había alcanzado su pico más alto en 15 años.
Solo entre agosto del 2020 y julio del 2021, la Amazonía brasileña se deforestó un estimado de 13.235 kilómetros cuadrados, lo que representa un incremento del 21,97%.
Si bien este reporte del INPE tenía fecha del 27 de octubre, el gobierno recién lo publicó el 18 de octubre, tras la realización de la COP26, en Glasgow.
Que lo detengan
Por estas políticas que afectan a los pueblos indígenas, activistas de todo el mundo vienen impulsando una colecta de firmas para que se inicie una investigación en la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente Jair Bolsonaro.
La petición toma en cuenta la responsabilidad del gobierno de Bolsonaro en el incremento en la tasa de deforestación, así como el impulso de explotaciones mineras y madereras ilegales en territorios indígenas.
El pedido, dirigido a Karim Ahmad Khan (fiscal de la CPI), también llama a los Estados miembros del Estatuto de Roma a que aseguren que las acciones del gobierno de Bolsonaro sea reconocidas como ecocidio.
- Puede firmar la petición en el siguiente enlace:
Que lo detengan. Acabemos con los crímenes contra la naturaleza
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