Los pueblos y organizaciones que enfrentan los Tratados de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos tienen en la experiencia mexicana argumentos inobjetables para denunciar el trasfondo de inequidad, abuso e injusticia que esconden estos tratados que no son libres ni de comercio. Se trata de acuerdos de naturaleza política, que intentan afianzar un modelo neoliberal en el que unas economías aprovechan sus ventajas y poder económico para imponerse de manera inequitativa sobre otra, en condiciones ventajosas -principalmente- para grupos de poder trasnacional y quienes se hallen asociados a estos.
Lo que el Tratado de Libre Comercio de América Norte (TLCAN) suscrito hace más de diez años por México, Canadá y Estados Unidos esclarece de manera evidente es que los grandes perjudicados de estos tratados son los pueblos indígenas, las comunidades campesinas, es decir, el sector denominado rural de nuestras sociedades.
Esa verdad tan clara como el agua intenta ser ocultada, tergiversada por todos los medios de prensa escrita, radial y televisiva que defienden intereses específicos de poder y no les interesa esclarecer la verdad de los hechos, sino afianzar las decisiones políticas que adoptan las cúpulas de poder.
El día de ayer nos llegó la información de que los diputados salientes de México han dejado a los nuevos congresistas el documento: Aportes para la evaluación y propuesta de renegociación del capítulo agropecuario del TLC. Este texto expresa la alarma que genera la proximidad del 2008, año en que se cumplirá el plazo para que se establezca el arancel cero, lo que significará el libre ingreso a México de los productos alimenticios elaborados por Canadá y Estados Unidos.
Tal medida agravará la situación actual en que cada día cerca de 600 campesinos mexicanos abandonan sus tierras, entre otras causas porque 70 por ciento de las ocho millones de personas ocupadas en el campo gana menos de un salario mínimo. En la última década la economía campesina de auto subsistencia se ha ido perdiendo poco a poco a tal punto que de cuatro millones de unidades de producción agropecuaria existentes sólo 300 mil tienen excedentes significativos y el resto son milpas y huertas en peligro de extinción que apenas producen para el autoconsumo.
El documento al que hacemos mención señala -por ejemplo- que en los últimos diez años el ingreso de los productores del sector agrario disminuyó 24.5 por ciento en términos reales, que la rentabilidad de las actividades del campo decreció 16 por ciento y el crédito a las actividades del ramo tuvo una caída de 60 por ciento según fuentes del Consejo Nacional Agropecuario (CNA).
Respecto al mito de la inversión extranjera, que supuestamente sería uno de los grandes logros de la firma del TLC, el documento señala que ha disminuido a niveles mínimos, al 2.4 por ciento. La caída se observa, por ejemplo, en los inventarios ganaderos. El ganado bovino tiene ahora un inventario menor en 17 por ciento respecto a 1986, y el porcino de 20 por ciento menos.
Entre 1994 y 2002 el precio de la canasta básica se incrementó 257 por ciento pero el gobierno de Fox, un ex funcionario de la compañía Coca Cola, en vez de denunciar estas irregularidades, ha brindado protección especial a los productos de Estados Unidos, llegando inclusive a eliminar impuestos" indica el documento.
Cruz López Aguilar, secretario general de la Confederación Nacional Campesina (CNC) dijo que de no contar con una respuesta positiva de los socios comerciales de México en el TLC, el Senado tiene facultades para proponer y aprobar la modificación de la legislación comercial.
López Aguilar sostiene que la baja participación del sector agropecuario en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional se debe a la insuficiencia de apoyos e inversiones y a la incapacidad en el ejercicio de los programas y presupuestos autorizados.
En dicho sentido consideró "injusto para los productores mantener un acuerdo comercial en materia agropecuaria que establece condiciones inequitativas como resultado de acciones y apoyos gubernamentales de los Estados Unidos y Canadá que México, por sus condiciones económicas, no puede equiparar".
La dirigencia del CNC denunció directamente al gobierno de Estados Unidos por no cumplir con los compromisos firmados con México en el Tratado de Libre Comercio (TLC), en lo que se refiere, por ejemplo, a la exportación de los excedentes de azúcar mexicana. Sobre este caso propuso constituir una Comisión de Comercio Exterior en la Cámara de Diputados para investigar la existencia de dumping, la depredación de precios y las subvenciones, a fin de aplicar cuotas compensatorias y medidas de protección a productores nacionales. Asimismo insistió en la constitución de un tribunal de comercio internacional que vigile el debido cumplimiento de los acuerdos y tenga a su cargo analizar debidamente el daño, y la amenaza, a la producción nacional.
Si bien la crisis agraria es histórica, los legisladores y las organizaciones de productores aseguran que la entrada del TLC ha agudizado los problemas. Lo paradójico es que mientras algunos gobiernos responden a los pueblos que se movilizan contra el TLC con EEUU afirmando que éste traerá grandes ventajas para el país los campesinos e indígenas mexicanos se movilizan contra los efectos del TLC y piden renegociar el mismo antes que se cumplan los plazos del arancel cero dentro de 48 meses y se agrave aún más sus condiciones de vida y trabajo.
Lo que deben tener presente los pueblos cuyos gobiernos negocian TLC con Estados Unidos de es que, de acuerdo a la experiencia mexicana, las promesas de compensación, de planes de desarrollo, de agendas agrarias que hacen los gobiernos son falsas. Tienen el único propósito de cerrar filas a favor del modelo neoliberal, confundir a la opinión pública y aislar a quienes desconfían y denuncian de manera legítima este tipo de acuerdos aprobados entre gallos y medianoche por políticos corruptos y sin legitimidad, en ausencia de debates serios, técnicos y transparentes.
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