Colombia-Ecuador-Perú-Brasil: Conflicto armado se extiende al Alto Putumayo y Brasil, por Ricardo Soberón*

Las fronteras del sur de Colombia se están convirtiendo -tanto para el gobierno del presidente Álvaro Uribe, como para el del presidente de EEUU George W. Bush- en el escenario más vulnerable de cara a la actual dinámica del conflicto armado, los impactos de la estrategia antinarcóticos y el tráfico de armas y municiones.

Esto ocurre tanto en los 526 km de frontera con Ecuador, como en los 1,590 km de frontera con Perú y los 1,600 km de frontera con Brasil, muchos de los cuales están constituidos por fuentes fluviales como los ríos San Miguel, Putumayo o Caquetá.

Entre julio y noviembre del 2006, murieron seis ciudadanos ecuatorianos a consecuencia de acciones militares de tropas colombianas contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano o en el propio límite, lo cual ha desencadenado diferencias entre las autoridades de ambos países. En lo que va del 2006, se han producido tres incursiones de las FARC en territorio peruano, en los sectores de Lupita, Libertad y Puerto Esperanza, cerca de la estación de Gueppí, en el río Putumayo.

Esta situación ha traído como consecuencia la respuesta institucional de estos tres países limítrofes con Colombia, particularmente en los ríos y cielos amazónicos, como lo demuestran la implementación y seguimiento del convenio de control ribereño entre Perú y EEUU, así como el uso del Sistema de Vigilancia Amazónica (SIVAM) ubicado en territorio brasileño para contrarrestar la presencia del Frente 63 de las FARC en el departamento colombiano de Amazonas.

Las recientes denuncias del presidente del gobierno regional de Loreto, Robinson Rivadeneyra, sobre la presencia de las FARC en el Alto Putumayo peruano, ponen en mayor evidencia los problemas de desprotección y falta de vigilancia de la cuenca amazónica de parte de las Fuerzas Armadas peruanas. El propio ministro de Defensa, Allan Wagner, reconoció ante el Congreso peruano que en la actualidad solamente se puede monitorear y controlar el 10% del territorio nacional, para lo cual el gobierno ha destinado la suma de US$ 653 millones en los próximos cinco años.

No parece suceder lo mismo en el caso del Ecuador y Brasil, que sí han emprendido una efectiva tarea de vigilancia de sus fronteras a cargo de 8,000 y 23,000 soldados, respectivamente. Durante la visita hecha a principios de noviembre por el presidente del Perú, Alan García, a Brasil, entre los 13 convenios de cooperación firmados figuran uno de cooperación para la defensa, otro para instalar un mecanismo de consulta y cooperación entre los sectores de Relaciones Exteriores y Defensa, y uno más en materia de vigilancia de la Amazonia.

El 24 de noviembre se reunieron el ministro de Defensa peruano y su par colombiano, Juan Manuel Santos, para consolidar el apoyo y cooperación en asuntos de inteligencia entre ambos países, en circunstancias en que el gobierno de Colombia ha anunciado un nuevo Plan de Guerra contra el Terrorismo en el país para consolidar el control territorial de la Policía y el Ejército mediante la redistribución de 73,000 efectivos profesionales.

El problema de los cultivos de coca asociados al narcotráfico y bajo dependencia de las FARC en su calidad de agente económico irregular es otra arista del problema que no es bien abordada por los gobiernos involucrados. En el caso peruano, se calcula que en las riberas de los ríos Putumayo (750 Ha), Napo (1,000 Ha), Morona (1,300 Ha) los cultivos de coca están asociados al manejo empresarial del narcotráfico que realizan las FARC. Por otro lado, ante esta situación compleja a nivel fronterizo, en el Perú no existen mecanismos de respuesta idóneos. Por un lado, la Embajada estadunidense ha entregado cuatro helicópteros, con los cuales suman 23 los aparatos para la interdicción de cultivos; por el otro, la Policía peruana dice haber incautado 19 toneladas de droga, intervenido 693 laboratorios y 1,674 pozas de maceración y realizado 6,809 intervenciones, en lo que parece ser una respuesta principalmente represiva al problema.

Recientemente, el ex ministro del Interior Fernando Rospigliosi deslizó la necesidad de llevar las acciones de erradicación de cultivos hacia la zona de frontera y que esta debía hacerse con el apoyo colombiano. Esto no es más que una excusa para hacer del conflicto armado y el problema de los cultivos un motivo de intervención represiva desde los dos lados de la frontera. En definitiva, la situación de la frontera sur de Colombia se está deteriorando por falta de salidas políticas de los gobiernos y la premura de EEUU por buscar salidas represivas.

-----

* Ricardo Soberón es abogado, M.A. en Política Internacional y Seguridad. Consultor en Seguridad, Drogas y Amazonia.

Fuente: Informe difudnido por Noticias Aliadas, sitio Web: www.noticiasaliadas.org - Noticias Aliadas produce y difunde información oportuna, independiente y confiable sobre América Latina y el Caribe con énfasis en los problemas y situaciones que transgreden los derechos humanos en la región. Dirección: Jr. Olavegoya 1868, Lima 11, Perú - T (511) 265 9014 - 265 9098 F 265 9186