Servindi, 18 de junio, 2013.- El jueves 20 de junio de 12 m. a 2 p.m. se llevará a cabo un conversatorio en torno a la ley de coordinación entre la justicia comunal y estatal organizado por el Grupo de Estudios Interculturales de la Red Internacional de Estudios Interculturales (RIDEI) de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
Participarán como expositores los abogados Javier La Rosa, docente de la PUCP y miembro del Instituto de Defensa Legal (IDL) y Renato Levaggi Tapia, del IDL. Los comentarios están a cargo de Henry Ávila, viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia y Wilfredo Ardito, docente de la PUCP.
La cita es en el campo de la PUCP, específicamente en el Pabellón H, aula 211. El ingreso es libre previa inscripción. Para mayor información e inscripciones escribir al correo: correo: [email protected]
El por qué del debate
La Constitución Política del Perú reconoce la facultad jurisdiccional de las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, y de las rondas campesinas. Sin embargo, un importante sector de jueces, fiscales y abogados son reacios a aceptarla.
Ello se origina, en parte, porque existe poca claridad sobre las pautas para promover el diálogo y la coordinación entre la jurisdicción especial y ordinaria.
Durante los años 2010 y 2011 el Instituto de Defensa Legal (IDL) desarrolló talleres de debate y consulta sobre un proyecto de ley para desarrollar legislativamente el artículo 149 de la Constitución.
Los eventos se realizaron en tres regiones del país: Cusco, San Martín y Cajamarca, lo que permitió el involucramiento de diversos actores estatales y locales.
De este modo, el proyecto sirvió de pretexto para reanimar la discusión sobre el pluralismo jurídico y la justicia intercultural que se venía generando en el Poder Judicial.
La exposición dará cuenta del proceso descrito, de las coincidencias y desavenencias producidas, y de la propuesta normativa resultante. Con ello, se espera ofrecer algunas pautas sobre cómo se puede mejorar el diálogo entre la justicia comunal y rondera, y la justicia estatal.
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