Servindi, 16 de marzo, 2013.- Una nueva publicación se suma al análisis y comprensión del derecho a la Consulta Previa de los pueblos indígenas. Se trata del documento de trabajo: "La consulta previa: desarrollo normativo internacional y comparado y su aplicación en el Perú" y que puede ser descargado libremente desde la internet.
El texto de 115 páginas ha sido elaborado por Vladimir Pinto y Ramón Rivero, con la asistencia de María Molero y Mario Zúñiga, gracias al auspicio de la Fundación Ford y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega.
El documento busca contribuir al estudio de la evolución normativa del derecho a la consulta previa en el mundo y su derrotero específico en el Perú, concretado en la Ley N° 29785.
A continuación publicamos la introducción de la publicación la que puede ser descargada desde el siguiente enlace:
- La consulta previa: desarrollo normativo internacional y comparado y su aplicación en el Perú. (PDF, 115 páginas)
Introducción
El uso del discurso para llegar a puntos de consenso en la esfera pública supone una oportunidad para la realización personal, pero también comunal, lo que debe ser rescatado por la gestión pública estatal en todo nivel de gobierno.
Tal ejercicio de ciudadanía comunal, en países multiculturales como el Perú, no puede ni debe ser considerado fuera del ámbito de la obligada práctica intercultural de nuestro Estado, así como en función de los Derechos Fundamentales a la Libre Determinación y de Participación Indígena traducidos en el ejercicio efectivo del derecho a la consulta informada, libre y previa, derecho vigente en nuestro marco legal hace más de década y media, y cuya implementación se ha venido concretando hace poco menos de un lustro.
El punto de quiebre para que se inicie dicha práctica en el Perú fueron los trágicos sucesos de Bagua en el 2009, ante la adopción de decisiones legislativas inconsultas y que se percibían como la puerta de entrada para medidas administrativas vinculadas a proyectos en nuestra Amazonía. A partir de ello, la presencia de nuestros pueblos indígenas en la agenda pública, así como en los espacios de concertación políticamente previstos por los gobiernos de turno, se han hecho más recurrentes a fin de viabilizar el ejercicio del derecho a la consulta indígena.
¿Qué se entiende por consulta en el marco jurídico internacional? ¿Cómo se ha venido consolidando este derecho en la experiencia comparada y en el contexto nacional? ¿Cómo se han llevado a cabo los procesos de consulta vinculados a su propia regulación? Son algunas de las preguntas que pretendemos responder en la presente investigación jurídica, en la que, además de hacer una revisión objetiva del estado y condiciones actuales dispuestas por tribunales, nuestra Constitución y la legislación vinculada a la Consulta indígena, se describen algunas de las distintas posiciones de los actores de dichos procesos, tanto del Estado como de las organizaciones indígenas y algunas instituciones civiles no indígenas. Ello, haciendo énfasis en el contexto de la reciente aprobación del Reglamento de la Ley de Consulta.
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