Ronderos de Piura. Imagen: radio Enmanuel
- Algunas lecciones para el gobierno a fin de evitar la violencia, priorizar el agua y garantizar los derechos de los pueblos.
Por Raphael Hoetmer*
19 de agosto, 2012.- El conflicto minero que más se parece a lo de Conga es, en términos de duración, fuerza organizativa, actores sociales y capacidad de propuesta, probablemente el caso de Río Blanco.
En él, las comunidades de Segunda y Cajas y de Yanta, articuladas a organizaciones y municipalidades de San Ignacio y Jaén (Cajamarca), Ayavaca, Huancambamba y Tambogrande (Piura) en el Frente para el Desarrollo Sostenible en la Frontera Norte del Perú (FDSFNP), se opusieron a la conformación de un distrito minero en sus territorios, ya que ello afectaría al ecosistema de los páramos andinos y los bosques neblinas que proveen de agua a la zona.
Tras varias marchas, distintos tipos de demandas al Estado, y la realización de una consulta vecinal que expresó un rotundo “No” a la minería en la zona, la empresa Zijin se replegó, sin dejar sus pretensiones de desarrollar el proyecto. El conflicto en la frontera norte del Perú costó la vida a cuatro comuneros, decenas de dirigentes y autoridades fueron criminalizados, e inclusive un grupo de comuneros fue torturado y detenido ilegalmente en el campamento minero.
Ya que Zijin recientemente ha expresado a las comunidades y autoridades locales su intención de retomar el proyecto minero, valdría la pena analizar las condiciones del conflicto a raíz de lo que ha pasado en Cajamarca, con la finalidad de evitar la violencia y garantizar los derechos de las poblaciones locales.
Como en las zonas de Bambamarca y Celendín, en Ayavaca y Huancabamba el eje vertebral de la organización social son las rondas campesinas. Ellas ejercen un gran control territorial en la zona y mantienen una capacidad organizativa impresionante que hacen muy difícil la instalación de un proyecto minero grande en la zona. En general, las comunidades de la sierra de Piura mantienen prácticas colectivas fuertes que han sostenido el “No” a la minería en la zona.
En Cajamarca, Ayavaca y Huancabamba hay corrientes de opinión a favor de la mina (a menudo económicamente vinculado a ella), sin embargo, una gran mayoría de la población se opone a la actividad, en base a argumentos muy claros. Al contrario de los prejuicios limeños difundidos por los grandes medios de comunicación, la población no sólo sabe muy bien por qué se opone a la actividad minera (respaldados además por estudios técnicos), sino, también tiene propuestas claras en relación al modelo de desarrollo deseado para la zona, basado en la agricultura y el ecoturismo. Tienen un proyecto propio que ven incompatible con la minería.
Estos argumentos son reforzados por la identidad y la dignidad local que la población está determinada a defender tras los atropellos, insultos, violencia y asesinatos sufridos a manos de la empresa y el propio Estado. A ello se suma una espiritualidad local que da gran importancia al agua, a las lagunas y los cerros.
Finalmente, igual que en Cajamarca en Huancabamba y Ayavaca existe una articulación entre las organizaciones sociales y las autoridades locales (destacan los alcaldes de Huancabamba y San Ignacio) que conjuntamente conforman el FDSFNP, y dan una solidez particular a la oposición al proyecto.
A ello se suma la solidaridad y colaboración de activistas y ONG nacionales e internacionales que garantizan que el conflicto y una eventual repetición de la violencia y represión contra las comunidades no pasarían desapercibidos por la opinión pública nacional e internacional.
Aparte de compartir estas condiciones que han puesto en jaque (y probablemente han inviabilizado por un buen tiempo) al proyecto Conga, en el caso de Río Blanco no hay un EIA aprobado, el proyecto fue rechazado en una consulta vecinal y la presencia de la empresa en los territorios de las comunidades es ilegal.
Las comunidades encontraron en estos años de lucha, una aliada importante en la actual vice-presidenta Marisol Espinosa. Ojalá que ella pueda –y quiera- explicar al presidente Humala que no se pueda realizar minería en cualquier sitio, y que -al igual que Conga- Río Blanco es social y ambientalmente inviable. De lo contrario, el gobierno nacionalista se ganará un nuevo conflicto, con un potencial enorme de dañar su imagen e intereses, y con altas posibilidades de desembocar en represión y violencia.
Pues, Río Blanco, Tambogrande, Islay y Quillish enseñan que una oposición muy mayoritaria a un proyecto minero, respaldado por un proyecto socio-económico local propio, han significado en la última década en el Perú que el “proyecto no va”.
Lo que urge en el país es una nueva política minera que defina dónde pueda (y donde no) desarrollarse, bajo qué condiciones la actividad minera. El derecho de los pueblos a elegir su propio modelo de desarrollo, la protección de la biodiversidad y las fuentes de agua, y la inversión en la pequeña y mediana agricultura, deberían ser elementos fundamentales de esta política.
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*Raphael Hoetmer es investigador asociado del Programa Democracia y Transformación Global (www.democraciaglobal.org), y candidato al doctorado en el Instituto de Estudios Sociales de la Universidad Erasmo de Rotterdam, con una investigación sobre los movimientos sociales en el Perú. En el marco de esta investigación ha realizado trabajo de campo en la zona de Ayavaca entre los años 2008 y 2010.
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