Foto: Jonathan Hurtado/Servindi
Servindi, 1 de junio, 2012.- Los representantes indígenas Zebelio Kayap y Walter Sangama llamaron la atención del Estado por el pobre papel desempeñado en el proceso de entrega de concesiones mineras y petroleras, permitiendo con su inoperancia que se violen acuerdos internacionales en perjuicio de los pueblos indígenas de la Amazonía y la biodiversidad del planeta.
Los líderes indígenas estuvieron en la presentación del segundo reporte mensual sobre conflictos socioambientales elaborado por el observatorio Vigilante Amazónico.
Ausencia del Estado en zonas de gran biodiversidad
Zebelio Kayap, presidente de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc), señaló que hasta el momento no hay ninguna respuesta del Estado sobre los cuestionamientos que se le hacen a la empresa minera Afrodita.
Hasta el 2011, Afrodita era titular de siete concesiones mineras ubicadas en el distrito del Cenepa.
Estas concesiones representan un peligro por ubicarse en las cabeceras del Alto Cenepa y la Cordillera del Cóndor de donde nacen las aguas que son consumidas por los pobladores que radican en las partes bajas de la cordillera.
Sobre las recientes actividades de Afrodita, el representante awajún indicó que ésta ya efectuó tres perforaciones en tres de sus campamentos mineros, de los cuales uno de ellos se ubica próxima al puesto de control Tambo que resguarda el Ejército.
Sobre este último pidió que se realicen investigaciones ya que es muy posible que el Ejército esté recibiendo “pagos” a cambio de brindar seguridad a la minera. “Ya hemos hecho la denuncia a la fiscalía correspondiente”, informó.
En otro momento sostuvo que los conflictos surgen a raíz de que no existen espacios de diálogo que permita intercambios entre los pueblos y el Estado.
“Hemos venido varias veces a Lima para pedir que las autoridades vayan hasta nuestras comunidades para que nos expliquen (…) Los pueblos ya no confiamos en el Estado”, aseveró.
Cuando se deja de lado los compromisos internacionales
Por su parte Walter Sangama, miembro de la Federación de Pueblos Indígenas Kechwas de la Región San Martín (Fepikresam), lamentó que se haya creado un parque nacional que se superpone a zonas donde existen comunidades nativas.
Se refirió en este sentido al área de la Cordillera Escalera que se creó sin previa consulta a las comunidades tal como lo precisa el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Lamentó que a las comunidades afectadas no se las haya titulado, solicitud que lleva muchos años.
“Nosotros queremos los territorios no para contaminar, no para deforestar, no para hacer minas sino, por el contrario, para hacer más resguardo de la biodiversidad”, enfatizó.
Sangama afirmó que dentro de la citada área de conservación regional hoy ya no pueden extraer sus alimentos, semillas ni plantas medicinales.
Lamentó que hoy se esté procesando penalmente a ocho pobladores que ingresaron al área de conservación para recoger los alimentos necesarios para su subsistencia.
Asimismo, llamó la atención sobre el papel desempeñado por el gobierno regional de San Martín.
Un nuevo caso
En la presentación del segundo reporte de conflictos socioambientales del Observatorio Amazónico también se pronunció Madolfo Pérez Chumpi, presidente de la Organización de Desarrollo Económico de las Comunidades Awajún del Marañón (ODECAM).
El dirigente informó sobre las intenciones de la empresa petrolera Maurel et Prom Perú (MPP) de explorar el lote 116 en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas.
Pérez Chumpi afirmó que, de manera fraudulenta, MPP llevó a cabo una "consulta" que involucró a una sola comunidad, dejando de lado a muchas que se verán perjudicadas de iniciarse las actividades extractivas.
Finalmente, los líderes indígenas destacaron la función cumple el observatorio y esperan que la siguiente fase del proceso se lleve a cabo en conjunto con las comunidades.
El observatorio “Vigilante Amazónico”, forma parte del proyecto “Mitigación de Conflictos y Desarrollo de la Amazonía”, es liderado por Catholic Relief Services (CRS) y desarrollado con la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) y Cooperacción.
Comentarios
Hasta cuando el gobierno autorisara y dara luz verde a conseciones sin consultar a las comunidades que seran afectadas..no se puede dar concesion sin el respectivo EIA...estos senores que hacen el EIA deberian de haber entrevistado a las comunidades......
BASTA DE ATROPELLOS EL GOBIERNO DESCONOCE NUESTRA REALIDAD PROFUNDA AMAZONICA....
Estoy segura que el EJERCITO RECIBE PAGO DE LA MINERA PARA SER PROTEGIDA Y RESGUARDADA, CON LOS SUELDOS DE HAMBRE DE NUESTRAS FUERZAS ARMADAS EN FRONTERA LOGICAMENTE SE VENDE Y NADIE DICE NADA Y NI SIQUIERA ENVIAN A HACER INSPECCIONES Y ANULAR LOS PERMISOS...
QUE PARLAMENTARIOS SON ACCIONISTAS DE DICHA MINERA POR ESO NO PASA NADA Y NADIE DICE BADA......
HERMANOS NATIVOS NO ESTAN SOLOS HAY INSTITUCIONES QUE VELAN POR VOSOTROS
Zebelio Kayap en verdad representará la verdadera voluntad de su pueblo?..lo dudo.
Los defensores son los primeros en pedir dinero a la minera Afrodita, la verdad ya saldra a la luz muy pronto, que facil es ir a Lima y engañar a la gente.
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