Servindi, 24 de mayo, 2012.- El Gobierno de Rafael Correa clausuró y requisó los equipos de la televisora Telesangay, de propiedad del Gobierno Autónomo de la Provincia de Morona Santiago, a pesar de que una sentencia de la Corte Constitucional dispone previamente que se resuelva el recurso de contencioso administrativo.
Para la población de esta provincia amazónica existe un trasfondo político por anular un medio de comunicación que desde su nacimiento, hace cerca de un año, apostó por ofrecer una mirada crítica a las acciones del Gobierno Central.
Telesangay (Canal 30), además, ha dado sobradas muestras de independencia periodística y ha expresado una línea de opinión en defensa de los recursos naturales (o bienes comunes) ante el empeño de Rafael Correa por acelerar la 11 Ronda de Negociaciones Petroleras y facilitar la explotación minera en la frontera con Perú.
En su empeño por desacreditar a sus críticos, el Gobierno impulsó una campaña de desprestigio a periodistas independientes a quienes calificó de "corruptos".
Ante el acoso del Ejecutivo, la población de la provincia se movilizó por Macas el 16 de mayo último para pedir que no cancelen este medio de comunicación.
Según el asesor legal de la provincia, Juan Cevallos, el Gobierno atropella la justicia ecuatoriana al imponer una resolución de la Superintendencia de Comunicaciones a pesar de que una sentencia de la Corte Constitucional dispone previamente que se resuelva el recurso de contencioso administrativo.
Los equipos requisados fueron un transmisor, un receptor satelital y el modulador para la señal en la zona.
Los funcionarios no presentaron ningún documento que avale la diligencia.
Según Carlos López, jefe de Comunicaciones del Gobierno Provincial y responsable del canal, exigió la presentación de algún documento para la incautación, pero no se les dio nada y procedieron a llevarse los equipos.
Telesangay tenía una cobertura en varias provincias del país y contaba con cuatro estaciones repetidoras (El Quílamo, Méndez, Limón Indanza y Pablo Sexto).
Carlos López sostiene que esta es una demostración de fuerza, una acción política que le quita a Macas y Morona Santiago de su canal en plenas fiestas. Indica que se ubicarán "con cabeza fría” las medidas adecuadas para defender el canal y para ello se estaría realizando gestiones de parte del prefecto Marcelino Chumpí.
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