Servindi, 11 de mayo, 2012.- Lea el informe sobre la situación de los pueblos indígenas del Perú que figura en el anuario El Mundo Indígena 2012, libro de reciente publicación, y presentado ayer en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, en Nueva York. Contiene un resumen de lo ocurrido en el 2011.
Informe Perú
| El Censo de Comunidades Indígenas realizado en 1.786 comunidades amazónicas en 2007 recogió información sobre 51 etnias de las 60 existentes en la selva. No se empadronó a nueve de ellas “debido a que algunas etnias ya no conforman comunidades al ser absorbidas por otros pueblos, además de existir otras que, por su situación de aislamiento, son de muy difícil acceso”.1
Se registra una población indígena amazónica de 332.975 habitantes, en su mayoría perteneciente al pueblo Asháninka (26.6 %) y Awajún (16.6 %). El 47.5 % es menor de 15 años, y un 46,5 % no cuenta con ningún tipo de seguro de salud. El 19,4 % de la población indígena amazónica declaró no saber leer ni escribir pero, en el caso de las mujeres, este índice se eleva al 28,1 %, en una población donde sólo el 47,3 % de 15 o más años de edad cursó algún grado de educación primaria. Por otro lado, el Censo registra que 3.360.331 personas aprendieron a hablar en la lengua quechua y 443.248 lo hicieron en la lengua aymara, lenguas indígenas predominantes en el área costa-andes del Perú. El país ha suscrito y ratificado el Convenio sobre Pueblos Indígenas Nº 169 de la OIT y votó a favor de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas en 2007. |
Los primeros meses del 2011 estuvieron marcados por la elección a la presidencia de la República. Ollanta Humala fue elegido mandatario tras haber modificado su plan de la “Gran Transformación” por la llamada “Hoja de Ruta”, menos ambiciosa y que continúa el modelo económico de su antecesor. Los técnicos de izquierda que encabezaron algunos ministerios y organismos públicos desde julio, fueron retirados el 9 de diciembre, luego de la crisis política suscitada por el conflicto del proyecto minero Conga.
La orientación del actual gabinete ha sido calificada de “giro completo a la derecha”2 y “autoritario”. Para el economista Óscar Ugarteche se trató de una “masacre política” al dejar “en la calle a aquellos que lo construyeron como candidato, le escribieron los discursos y le pagaron la campaña electoral”.3 En sólo cinco meses el nuevo Gobierno presenta dos rostros distintos que explican el contexto del país.
Derecho a la consulta y al consentimiento
A fines de agosto, el nuevo Congreso aprobó por unanimidad la Ley 29785 de Consulta Previa a los pueblos indígenas. Ollanta Humala la promulgó en Imazita, Bagua, y fue publicada el 7 de setiembre en el diario oficial El Peruano.4 Si bien la Ley fue saludada por diversos sectores indígenas y sociales, también recibió críticas por no observar algunos estándares internacionales. Una observación es que no precisa en qué casos es imprescindible obtener el consentimiento previo, libre e informado y que para todo efecto la decisión final recae en la entidad estatal competente.
La elaboración del reglamento de la ley está a cargo de una Comisión Multisectorial integrada por 18 viceministros y seis representantes indígenas. La preside el jefe de la Unidad de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros. El viceministerio de Interculturalidad, a cargo de Iván Lanegra Quispe, actúa en calidad de Secretaría Técnica.
El 22 de noviembre el Gobierno distribuyó un borrador de reglamento durante la instalación de dicha comisión. En acuerdo con las organizaciones indígenas se programó para enero de 2012 seis encuentros macroregionales y uno nacional para recoger aportes.
Principios mínimos no negociables
En el añ 2011 se afianzó el Pacto de Unidad integrado por cinco organizaciones indígenas y campesinas: Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Confederación Campesina del Perú (CCP), Confederación Nacional Agraria (CNA), Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami) y Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap), que además de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap) integran la Comisión Multisectorial. La Unión de Comunidades Aymaras (UNCA) no fue convocada a pesar de su trayectoria, vigencia y dinamismo.
El Pacto de Unidad publicó el documento Principios mínimos no negociables para la aplicación de los derechos de participación, consulta previa y consentimiento previo, libre e informado,5 con miras a la discusión del reglamento. El texto tuvo la contribución de Raquel Yrigoyen Fajardo, especialista en pluralismo jurídico, quien fue de las primeras personas en precisar que la Ley de Consulta Previa debe interpretarse según los estándares internacionales (Convenio 169 de la OIT, Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la doctrina y jurisprudencia de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos).
Yrigoyen Fajardo tuvo un breve paso por la jefatura del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (Indepa), lo que dio alguna confianza a los indígenas hacia el Estado e, incluso, se habló de la “refundación de las relaciones Estado-Pueblos Indígenas”. Fue destituida sin una explicación razonable, a pesar de que había empezado una intensa actividad de cara con las organizaciones indígenas. Su último acto fue anular un informe emitido a inicios de año que daba visto bueno para que Pluspetrol (Consorcio Camisea) amplíe sus exploraciones en la reserva territorial Kugapakori Nahua Nanti,6 para indígenas en aislamiento voluntario y en contacto inicial.
Durante el gobierno de Alan García, el Indepa, organismo público encargado de promover la agenda indígena, perdió su autonomía funcional y su carácter transectorial.7 Finalmente fue absorbido por fusión y convertido en Unidad Ejecutora en el recién creado ministerio de Cultura (Mincu) -Ley 29565, del 22 de julio de 2010.
El Pacto de Unidad demanda que se restituyan las funciones y atribuciones del Indepa contenidas en su ley de creación, y que recupere su autonomía y rango ministerial. Este tema sigue siendo una deuda pendiente del Estado que, a través de sucesivos gobiernos, se ha mostrado incapaz de crear una institucionalidad pública que atienda la agenda indígena.
Minería versus comunidades
Los conflictos generados por las concesiones a favor de las industrias extractivas sobre territorios de pueblos y comunidades indígenas y áreas naturales protegidas marcó la agenda social del país. Los impactos ambientales han despertado la movilización de numerosas poblaciones, indígenas y mestizas, constituyendo una espada de Damocles para los Gobiernos que, por un lado, desean mantener un crecimiento económico basado en el extractivismo y, por otro, no pueden controlar ni atenuar los impactos de esta actividad.
El viraje del Gobierno se produjo a partir del conflicto social y ambiental más importante del año, la lucha del pueblo de Cajamarca contra el megaproyecto Minas Conga, de la Compañía Minera Yanacocha, la mayor explotadora de oro en Sudamérica, cuyo accionista mayoritario es Newmont Mining Corp, de Estados Unidos, y el grupo Buenaventura.8
Minas Conga proyecta una inversión de 4.800 millones de dólares, la mayor de la historia en el país, para obtener alrededor de 9 millones de onzas de oro en los 19 años de vida del proyecto.
El costo social y ambiental del proyecto es enorme, pues implica la desaparición de cuatro lagunas cabeceras de cuenca. Dos de ellas -El Perol y Mala- vaciadas para extraer el mineral, y las otras dos -Azul y Chica- para depositar el desmonte. El proyecto de tajo abierto afectaría no a 8 mil personas como indica el estudio de impacto ambiental (EIA) sino a cien mil habitantes de seis distritos y 697 espacios poblados.9
Un informe interno sobre el EIA del proyecto elaborado por el ministerio del Ambiente admite que el proyecto Conga, tal y como está planteado, “transformará de manera significativa e irreversible la cabecera de cuenca, desapareciendo varios ecosistemas y fragmentando los restantes, de tal manera que los procesos, funciones, interacciones y servicios ambientales serán afectados de manera irreversible”. Asimismo, “la evaluación de los humedales (lagunas altoandinas, bofedales) no se ha desarrollado en función a la fragilidad del ecosistema que se pretende intervenir”.10
La población rural de Cajamarca, organizada en las tradicionales rondas campesinas, y articulada en frentes de defensa ambiental, no está dispuesta a renunciar al agua, recurso escaso en otras zonas de Cajamarca donde Yanacocha desarrolló operaciones en los últimos veinte años. Por esta razón rechaza y desconfía de los cuatro reservorios que -según la empresa- almacenarían más de dos veces el agua de las lagunas afectadas y que estaría disponible todo el año para las necesidades de los agricultores, que actualmente enfrentan un suministro poco fiable en las épocas de sequía.
En setiembre de 2011 la población cajamarquina se volcó a las calles en una multitudinaria movilización de decenas de miles de personas en defensa del agua y el ambiente liderada por el presidente regional Gregorio Santos, junto a otros líderes sociales.
Pero el punto de quiebre que dio un viraje al conflicto fue que el presidente Ollanta Humala tomó abierto partido a favor del proyecto y dijo: “Conga sí va”. Tratando de conciliar las posiciones adversas dijo: “Déjenme demostrar que sí se puede tener el oro y el agua a la vez”, al tiempo que pedía a Yanacocha no “reservorios de cemento” sino “lagunas artificiales con tecnología de punta”.
El paro regional indefinido que se inició el 24 de noviembre fue sofocado a los once días con la declaración del estado de emergencia en cuatro provincias de Cajamarca y su ocupación por tropas del Ejército. Una inusual medida de presión del gobierno central fue bloquear las cuentas bancarias del gobierno regional. Las organizaciones agrupadas en el Pacto de Unidad presentaron una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el estado de emergencia y la detención de dirigentes.
El 16 de diciembre, frente a la reacción nacional e internacional por las medidas represivas, el Poder Ejecutivo levantó la medida de emergencia en medio de una crisis ministerial. Gregorio Salas expidió una ordenanza regional11 que declara inviable la ejecución del proyecto Conga y a fin de año el Gobierno anunció una demanda de inconstitucionalidad contra dicha ordenanza.
Por otro lado, la región altiplánica de Puno fue escenario de fuertes y masivas protestas. Aymaras de la parte sur y quechuas del norte protagonizaron diversas protestas en defensa de las fuentes de agua, el lago Titicaca, del medio ambiente, de su derecho a ser consultados, en contra de la contaminación del río Ramis y contra la actividad minera. Luego de 21 días de paro, el Gobierno suspendió por un año la admisión de petitorios mineros en las provincias de Chucuito, Yunguyo, El Collao y Puno. También declaró la “Reserva paisajística Cerro Khapia”, uno de los cerros tutelares del pueblo Aymara. La indignación de la población se incrementó con la difusión de dos videos en la que se escucha a un supuesto oficial de policía ordenar: “La que está con huaraca, la que está con huaraca, mata, mata, mátala a la chola de mierda”.12 El 25 de junio, el gobierno de Alan García se vio obligado a emitir más normas para calmar las protestas.13
A inicios del 2011, el presidente García arrastraba 239 conflictos sociales de diversa índole, de los cuales 116 eran socioambientales. A pesar de las críticas, expidió en enero los decretos de urgencia 001 y 002 que postergaban las certificaciones ambientales en el proceso de concesión de proyectos de infraestructura minera y de hidrocarburos.
Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas, llegó al país en medio de la polémica por los decretos y expresó su preocupación por el derecho de participación y consulta de los pueblos indígenas en toda la región. Luego de nueve meses, ambos decretos fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional.
Otro revés importante para el gobierno de Alan García fue tener que declarar inadmisible el EIA del proyecto minero a tajo abierto Tía María (Islay, Arequipa) de la empresa Southern Perú Cooper Corporation, luego de la protesta de los agricultores ante el temor de que se reduzca el volumen de agua del río Tambo y los posibles daños a los ecosistemas, así como del informe concluyente de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) que hizo 138 observaciones a subsanar.
La disputa entre minería y agricultura también tuvo resonancia en las comunidades campesinas de las provincias de Andahuaylas y Chincheros (Apurímac), que en octubre exigieron se las declare zonas de exclusión minera. Luego de paros y movilizaciones el conflicto se apaciguó con la resolución ministerial del 2 de diciembre, que constituye una “Mesa de Trabajo Sectorial”.
Conacami celebró en Arequipa el Foro Nacional de los Pueblos, que suscribió la Declaración del Misti con el novedoso acuerdo de conformar una Comisión de la Verdad sobre la Minería y otras industrias extractivas,14 pedido que aún está pendiente de atención.
La lucha por el Agua
La “lucha por el agua” encierra el problema de fondo de los conflictos reseñados, que en este año los pueblos indígenas han levantado como bandera para la defensa de sus derechos. Este conflicto se mantendrá durante 2012. Al cierre de esta edición se anunció la Gran Marcha Nacional por el Agua, desde Cajamarca hacia Lima, en un recorrido de diez días y a la cual se sumarían otras regiones.
Amazonía peruana
El Congreso de la República cuenta por primera vez con un representante indígena perteneciente a una etnia amazónica. Se trata de Eduardo Nayap Kinin del pueblo Awajún, perteneciente a la bancada oficialista. Nayap debió batallar para evitar que anulen su elección por un supuesto fraude electoral. En su gestión ha logrado que la Comisión de Pueblos realice una audiencia descentralizada en su departamento, Amazonas, y que se acuerde investigar el caso de la minera Afrodita, cuya presencia en la Cordillera del Cóndor ha ocasionado conflictos con los indígenas al haber sido favorecida con áreas provenientes de un recorte del territorio del Parque Nacional Ichigkat Muja, fronterizo con Ecuador.
Aidesep denunció un convenio entre Afrodita y la Sexta Reserva del Ejército peruano para brindar atención médica, energía y pagar veinte mil soles mensuales a los militares a cambio de transporte, seguridad y comunicación.15
Un caso visible de criminalización fue la orden de captura contra el dirigente awajún wampis Zebelio Kayap Jempekit, presidente de la Organización de Desarrollo de los Pueblos Fronterizos del Cenepa (Odecofroc), por la retención de trabajadores de Afrodita cuando incursionaron en comunidades del Cenepa (enero de 2009). A fines de año se le levantó la medida.
En octubre fue derogada la Ley 29760, que declara de necesidad e interés nacional el trasvase del río Marañón,16 uno de los afluentes del Amazonas, y el represamiento y derivación del río Huallaga con fines hidroenergéticos y agrícolas, luego de protestas indígenas y mestizas en Loreto y San Martín. Las denuncias por contaminación de los ríos Malinowski, Inambari, Tambopata y Madre de Dios por la minería ilegal obligó al Gobierno a eliminar cerca de cien dragas balsas, carrancheras y chupadoras mediante el operativo Aurum 1.
El acuerdo energético Perú-Brasil fue suscrito sin haberse discutido en el Congreso de la República. El problema evidenciado por ONG ambientalistas que destacaron los impactos derivados de la construcción de varias represas. La Central Asháninka del río Ene (CARE) presentó la actividad “Octubre Asháninka” para exponer el Kametza Asaike (Buen Vivir asháninka) y la incompatibilidad entre su visión de desarrollo y el desplazamiento a que se verían forzados de prosperar el megaproyecto de central hidroeléctrica Tambo 40 y Pakitzapango. A finales de noviembre, la brasileña Odebrecht anunció su alejamiento de la concesión Tambo 40. La fuerte oposición indígena a los proyectos Tambo 60, Mainique 1 y Paquitzapango han generado preocupación en otras constructoras brasileñas como Electrobrás, Andrade Gutiérrez y Engevix. Se especula que también podrían abandonar estos proyectos. El proyecto de represa Inambari también fue motivo de negociaciones entre dirigentes de varias regiones con el Gobierno para que se anule la concesión otorgada a Amazonas Sur.17
En el plano organizativo, el 30 de marzo falleció por complicaciones de una anemia severa el líder asháninka Miqueas Mishari Mofaf, fundador y ex presidente de la AIDESEP, muy querido y respetado por las bases. Y en diciembre, el congreso de esta organización reeligió por un tercer mandato presidencial a Segundo Pizango Chota, del pueblo Shawi.
Perspectivas al 2012
Los conflictos heredados del Gobierno anterior no han sido resueltos y se mantienen intactos; la mayoría de ellos aún continúan latentes y no se han activado. La falta de acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas para aplicar la Ley de Consulta, respetando los estándares internacionales exigidos por las organizaciones, puede echar por tierra el camino de una inclusión social con derechos y reabrir un escenario de confrontación en el que el Gobierno acentúe su perfil autoritario y las legítimas expectativas de los pueblos indígenas, generadas por la ley de consulta previa podrían terminar en una gran frustración.
Notas y referencias
(1) Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2009: “Resultados definitivos de las comunidades indígenas” Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. Lima, enero 2009, p. 7.
(2) César Lévano, 2011: “El estado de la Conga”. En La Primera, martes 13 de diciembre del 2011: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columna-del-director/el-estado-de-la-conga_101151.html y Jaime Cordero, 2011: “Ollanta Humala vira a la derecha” En El País Internacional, 27 de diciembre del 2011: http://internacional.elpais.com/internacional/2011/12/27/actualidad/1325003597_373698.html
(3) Óscar Ugarteche, 2011: “Ser elegido con la izquierda para gobernar con la derecha”. En ALAI, 19 de diciembre del 2011: http://alainet.org/active/51685
(4) Ver: http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29785.pdf
(5) Ver: http://servindi.org/pdf/ComunicadoPactodeunidad2.pdf
(6) Un funcionario del Indepa cursó el informe de manera irregular al ministerio de Energía y Minas para que procedan los estudios de ampliación del Programa de Exploración y Desarrollo en la locación San Martín Este Lote 88.
(7) IWGIA 2011: El Mundo Indígena 2011. Copenhague: IWGIA
(8) Durand, Francisco, 2008: “Las nuevas élites del poder: sueños económicos y pesadillas políticas”. En Perú en el siglo XXI Lima:Fondo Editorial PUCP.p. 86.
(9) Gonzalo Galarza Cerf., 2011: “Cajamarca: proyecto Conga impactaría sobre 100 mil personas”. En El Comercio, 4 de diciembre del 2011: http://elcomercio.pe/peru/1343358/noticia-cajamarcaproyecto-conga-impactaria-sobre-unas-100-mil-personas
(10) Gorriti, Gustavo, 2011: “De lagunas a desmontes”. En IDL-Reporteros, 25 de noviembre del 2011: http://idl-reporteros.pe/2011/11/25/de-lagunas-a-desmontes/
(12) “Enfrentamiento en el aeropuerto de Juliaca”: http://www.youtube.com/watch?v=1PSs73X70aY&feature=player_embedded#at=95 y “Masacre policial de DINOES en Juliaca nº 2”: http://www.youtube.com/watch?v=IkRgBFZpPcs&feature=related
(13) Resoluciones supremas 161-2011-PCM y R.S. 162-2011-PCM; decretos supremos D.S. 032-2011-EM, D.S. 033-2011-EM, D.S. 034-2011-EM, D.S. 035-2011-EM y Decreto de Urgencia 028-2011.
(14) Declaración del Misti, en: http://servindi.org/actualidad/51634
(15) Aidesep presentó en abril la denuncia que fue recogida en: http://www.aidesep.org.pe/index.php?codnota=2001 y http://www.rpp.com.pe/2011-04-28-denuncian-que-minera-contrato-a-ejercito-peruano-en-bagua-noticia_360136.html Ver norma en: http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29760.pdf
(16) Ver norma en: http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29760.pdf
(17) Resolución Ministerial 265-2011-MEM/DM, del 13/06/2011, declara concluida y extinguida concesión temporal a favor de Empresa de Generación Eléctrica Amazonas Sur SAC
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Autores del informe:
- Jorge Agurto es comunicador social y preside la ONG Servicios en Comunicación Intercultural Servindi. Correo electrónico: [email protected]
- Javier Ugaz es periodista y miembro de Servicios en Comunicación Intercultural Servindi.
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