Servindi, 9 de marzo, 2012.- Para hoy 9 de marzo se espera la llegada de diversas organizaciones sociales hasta la sede del Poder Judicial de Huaraz, región Áncash, en respaldo a los 17 campesinos denunciados con pedidos de 30 años de cárcel por el supuesto delito de secuestro y lesiones graves en contra de trabajadores de la minera Barrick Misquichilca.
Ellos formaron parte de una protesta que se llevó a cabo en abril del 2007 en rechazo al incio de operaciones de la empresa Barrick Misquichilca en el Cerro Condorhuain, ubicado en la comunidad campesina de Paccha, al que consideran sagrado y el cual posee decenas de fuentes de agua indispensable para actividades como la agricultura y el propio consumo.
Hoy se reinicia el juicio en el proceso penal del caso Condorhuain y se espera la llegada hasta Huaraz de organizaciones sociales del Callejón de Conchucos para sumarse desde las 2:00 p.m. a la Cadena Humana para el “Abrazo a la Justicia” en el Frontis del Palacio de Justicia.
En la movilización que se llevó a cabo en 2007 los centenares de manifestantes tenían como destino la sede de la empresa minera, a donde llegarían para pedir la paralización de sus operaciones.
Fue allí donde se dieron los enfrentamientos entre los comuneros y los trabajadores de Barrick Misquichilca entre los que se encontraban Victoriano Sánchez Trejo y Emiliano León Cochachín, las presuntas víctimas de agresiones y secuestro.
La audiencia del caso empezó en abril del 2011 con la manifestación de los comuneros ante el Poder Judicial de Huaraz, encontrándose que la acusación fiscal carecía de elementos probatorios, al no haberse individualizado las responsabilidades en las protestas ocurridas en el 2007.
Sin embargo, el caso pasó nuevamente a la Fiscalía que ha pedido 30 años de prisión para los campesinos acusados.
Sobre el caso la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), que expresó su solidaridad con los campesinos a inicios de la primera audiencia en 2011, ha preparado un video que hoy compartimos.
En el mismo cuestiona la criminalización de la protesta, asimismo que no se consulte a las poblaciones originarias sobre las concesiones y pide que se anule el juicio contra los procesados del caso Condorhuain.
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