Servindi, 15 de enero, 2o12.- El jefe de la Unidad Ejecutora Indepa, Gustavo Zambrano Chávez, solicitó aplazar el taller macrorregional de Huancayo programado para este 16 y 17 de enero con las organizaciones indígenas de Pasco, Huancavelica, Ayacucho, Huánuco, Junín, Ica y Lima provincias.
Zambrano Chávez envió una carta en la cual menciona modificaciones de tipo presupuestal y logístico para atender las propuestas de las organizaciones indígenas y plantea efectuarla antes del 8 de febrero, fecha de inicio del taller nacional de Lima.
El malestar de las organizaciones indígenas no se hizo esperar. Varias federaciones regionales de Pasco, Junín, Huancavelica, Huánuco y Ayacucho criticaron la manera unilateral de este aplazamiento.
"Queda demostrado la postura del actual gobierno, de imposición y de espaldas a las comunidades y pueblos indígenas del Perú, entendiendo que el Estado tiene la obligación de consultar y recoger los aportes de los pueblos al Reglamento de la Ley 29785 no solo en eventos macro regionales sino provincia por provincia y región por región", menciona un comunicado difundido en varias redes sociales.
Asimismo, la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami) sostiene en su portal:
"Sin embargo el documento que no tiene fecha ni señala los días que deberá realizarse el evento de Huancayo, tampoco da cuenta los acuerdos del acta del 12 de enero con las organizaciones, cuyos acuerdos estipula las fechas del taller de Huancayo para el 5 y 6 de febrero y la nacional para los días 11, 12 y 13 de febrero.
Cabe aclarar que estas modificaciones de último momento se dieron ante la solicitud expresa de INDEPA, por razones administrativas, según el Acta de acuerdos, a fin de mejorar los eventos macro regionales, y que las organizaciones aceptaron los cambios siempre y cuando se asegure un número mayor de participantes para los talleres de Huancayo y Cusco.
Otro acuerdo también fue llevar a cabo una reunión de evaluación de los talleres de Chiclayo y Pucallpa, debido a serias deficiencias logísticas, administrativas y operativas observadas por los propios participantes en los talleres y las organizaciones AIDESEP, CCP, CNA, CONACAMI, ONAMIAP y CONAP."
Pronunciamiento de las federaciones:
Rechazamos suspensión unilateral de Taller de Evaluación Macro Centro del Reglamento de la Ley de Consulta
La consulta es un derecho y no será realidad si no se cambia el modelo neoliberal
La Federación Regional de Comunidades Campesinas y Nativas de Pasco, la Coordinadora Regional de Comunidades de Pasco Afectadas por la Minería, la Coordinadora Regional de Comunidades de Junín Afectadas por la Minería, la Coordinadora Regional de Comunidades de Huancavelica Afectadas por la Minería, el Frente de Defensa de los Intereses del Departamento de Huánuco, COPUCNA Ayacucho, conformado por sus comunidades, pueblos indígenas, dirigentes y líderes entre hombres, mujeres y jóvenes; ante la actual coyuntura política y económica que vive el país, basada en el neoliberalismo; sin mayores esperanzas para las comunidades y pueblos indígenas del ande; en ese contexto nos dirigimos, al gobierno central, a los organismos públicos desconcentrados como el INDEPA y a la opinión pública; para manifestar lo siguiente:
1. En el marco de la Resolución Suprema Nº 337-2011-PC, que crea la comisión multisectorial para el proceso de reglamentación de la Ley Nº 29785 Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, Reconocido en el Convenio 169 de la OIT., las organizaciones nacionales en coordinación con el INDEPA, han programado desarrollar talleres macro regionales para abordar aspectos relacionados a la propuesta de reglamentación de la Ley del Derecho a la Consulta Previa; habiendo previsto la realización del evento macro regional centro para los dias16 y 17 de enero del presente año en la ciudad de Huancayo, al cual se convocó a diversas organizaciones indígenas campesinas del centro del país; evento que de manera arbitraria fue postergado por el INDEPA, a pocas horas de su realización; actitud que rechazamos enérgicamente. Por agredir y privar nuestros derechos, quedando demostrado la postura del actual gobierno, de imposición y de espaldas a las comunidades y pueblos indígenas del Perú, entendiendo que el Estado tiene la obligación de consultar y recoger los aportes de los pueblos al Reglamento de la Ley 29785 no solo en eventos macro regionales sino provincia por provincia y región por región.
2. Ante este lamentable acontecimiento exhortamos a nuestros dirigentes nacionales a no dejarse sorprender ni manipular por el Gobierno de Ollanta Humala, que muestra nítidamente la verdadera postura de un Estado que pretende mostrar al mundo que respeta el derecho a la consulta, pero la ley lo limita a un mero procedimiento administrativo para continuar con la política neoliberal extractivista.
3. Para nosotros los pueblos indígenas la consulta es mucho más: es un derecho propio y legítimo, un ejercicio ancestral que se desarrolla en nuestras comunidades y pueblos desde hace miles de años, a través de nuestras asambleas, reuniones y procedimientos propios, para tomar las decisiones que conciernen a toda la colectividad. La consulta es un derecho en sí mismo y además forma parte del ejercicio de la libre determinación, derecho reconocido por los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero la Ley de Consulta 29785 reduce este derecho a un mero procedimiento tendiente a legalizar la imposición de proyectos en territorios indígenas, una especie de coartada puramente formal, porque reserva al Estado la facultad de tomar la última decisión, aunque el gobierno pretenda mostrar al mundo que el Perú cuenta con una de las primeras y mejores leyes sobre la consulta.
4. Para que el derecho a la consulta sea una realidad, lo que el país y los pueblos indígenas requieren es abrir un debate nacional sobre el modelo de desarrollo basado en la constitución fujimorista, en las leyes que favorecen las inversiones y flexibilizan las normas ambientales, en particular la Ley de Minería, y sobre todos los beneficios otorgados a las empresas dedicadas a actividades extractivas. Solo a partir de allí será posible iniciar un auténtico proceso de participación y de respeto a las decisiones de los pueblos y las comunidades. Porque sin este debate, acorde a los procedimientos propios de los pueblos, toda medida legal o administrativa será siempre para seguir favoreciendo las inversiones principalmente multinacionales, la criminalización de la protesta, el vacío de las políticas ambientales, y continuará reduciéndose a buscar pequeñas retribuciones de esas actividades para el Estado, retribuciones que nunca llegan a los pueblos.
5. En tanto las comunidades y pueblos indígenas del Centro del país, nos mantenemos firmes por hacer respetar nuestros derechos, rechazando la suspensión unilateral del Taller Macro Regional Centro de Evaluación del Reglamento de la Ley de Consulta, así mismo expresamos nuestra solidaridad con la lucha de los pueblos en defensa de las fuentes de agua, por la intangibilidad de las cabeceras de cuenca, en particular con los pueblos de Cajamarca contra la imposición del proyecto minero Conga a cargo de Yanacocha.
Defender el agua es defender la vida. Por un ejercicio real del derecho a la consulta. Por el cambio de la Constitución y del modelo económico.
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