Servindi, 10 de enero, 2012.- Un severo cuestionamiento recibió no solo el borrador de reglamento sino además la propia Ley de Consulta por parte de trescientos líderes indígenas y campesinos reunidos en Chiclayo el fin de semana último.
Ellos coincidieron en demandar la modificación de la Ley de Consulta N° 29785, por no estar ajustada a los estándares del derecho internacional, ni incorporar la visión de desarrollo de las comunidades andinas, amazónicas y costeñas.
Por ejemplo, señalaron que en la Ley debe modificarse el término "afectación directa" por "afectación" debido a que los proyectos suelen restringir los impactos ambientales a un área determinada cuando es común que los impactos alcancen a toda una cuenca.
Otra de las observaciones tiene que ver con el fraseo confuso e inadecuado al momento de definir los sujetos de consulta y la eliminación de la referencia al "derecho a veto" incorporada innecesariamente en el reglamento y que no estaba contenida en la ley.
Asimismo, se insistió en que se mencionen los estándares internacionales que amparan los derechos de los pueblos indígenas, contenidos en el Convenio sobre Pueblos Indígenas 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la Declaración sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y en la doctrina y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Señalaron que el proceso de consulta debe ser permanente, es decir, realizarse antes, durante y después, con la participación las comunidades que serían afectadas en la cuenca, y no de manera direccionada con población de otros lugares.
En tal sentido consideraron inadmisible que no se haga mención a los casos o situaciones en los que se requiere el consentimiento libre, previo e informado.
En cuanto a su propia visión de desarrollo, la macro región norte considera que el modelo basado en la extracción perjudica a las mayorías, por lo que prefieren la cultura ecológica frente a la contaminación.
Plantearon la zonificación económica y ecológica para definir en qué sitios es factible realizar actividades mineras y en dónde no; el manejo integral de cuencas y la conformación de cordones ecológicos.
El taller macro regional norte se ratificó en el documento: Principios Mínimos No Negociables para la aplicación de los derechos a la participación, consulta previa y consentimiento previo libre e informado, que fue aprobado en el Primer Encuentro Nacional del Pacto de Unidad, realizado en Lima los días 30 y 31 de noviembre y 1 de diciembre de 2011.
El evento fue convocado por cinco organizaciones indígenas y campesinas que conforman el Pacto de Unidad para revisar y aportar al borrador del reglamento de la Ley de Consulta Previa elaborado por el Ejecutivo.
El evento permitió que los participantes provenientes de seis regiones norteñas del Perú expresaran su respaldo a la lucha emprendida por las autoridades, ronderos, frentes de defensa, comunidades y organizaciones de Cajamarca para proteger sus recursos hídricos y cabeceras de cuenca.
La jornada congregó a delegados de Tumbes, Piura, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad y Ancash, quienes trabajaron en diez grupos de trabajo y consensuaron sus planteamientos en una sesión plenaria.
El evento fue inaugurado por Iván Lanegra Quispe, viceministro de Interculturalidad, quién comunicó la disposición del Estado para escuchar las propuestas de las organizaciones en el programa de talleres macro regionales descentralizados que continuarán en Pucallpa, Huancayo, Iquitos, Cusco, Bagua y que culminará en Lima los días 8,9 y 10 de febrero.
Alicia Abanto Cabanillas, Jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, y Gustavo Zambrano, jefe del Indepa, destacaron la importancia de la participación de los pueblos y comunidades indígenas y acompañaron el evento hasta el final.
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