Servindi, 7 de diciembre, 2011.- El Noveno Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú concluye que el discurso del presidente Ollanta Humala ha girado 180 grados desde su elección como tal.
Por un lado, una de las primeras buenas señales de protección del derecho de las comunidades y pueblos del país fue la promulgación de la Ley de Consulta Previa, el pasado 6 de setiembre.
Sin embargo, en sus últimos discursos, el presidente Humala ha dejado ver que “en aras de la implementación de una serie de políticas sociales, se busca afirmar el modelo extractivista”, se lee en el informe.
Lo que nos deja Conga
En el caso del proyecto minero Conga, de la empresa Yanacocha, el cual ha sido suspendido debido a la amplia oposición de la población, deja claro que “no existe una política de prevención y transformación de los conflictos que haya permitido tener una visión integral de los mismos”.
Asimismo, se ve que la lógica del presente gobierno en temas de conflictos sociales es la misma que la del gobierno aprista: “polarizar los conflictos y reducir su existencia a la presencia de grupos extremistas que azuzan a la población”.
Por otro lado, el informe da cuenta de que en la última década se han duplicado las concesiones en el país, las cuales se otorgan “sin tener en cuenta la planificación territorial y la conservación de ecosistemas frágiles”.
El reporte del segundo semestre del presente año es elaborado las organizaciones CooperAcción, Grufides y Fedepaz.
Marco Arana: Conga podría ir, pero no de cualquier manera
Durante la presentación del informe, el 7 de diciembre, el líder ambiental Marco Arana, sostuvo que “con los marcos jurídicos que tenemos, con las normas, con el comportamiento del gobierno, ese proyecto no garantiza que no va a afectar a la población, mi opinión es que el proyecto Conga no va.”
“Se podría hacer un nuevo estudio de impacto ambiental que en primer lugar garantice el agua para la población, el camino podría estar abierto”, señaló el líder ambiental.
“El problema es que quién le cree a una empresa minera que dice que ha usado tecnología de punta para destruir más de 20 lagunas como ha sucedido en Yanacocha y que lo que hace es bombear agua a los ríos”, puntualizó.
“Lo mejor sería no agitar más las cosas”, señaló, “todavía estamos en un punto de no conflictivizar más las cosas para no poner en peligro toda la inversión minera, en Cajamarca hay interés de que haya inversión minera pero no de cualquier manera”, finalizó el sacerdote.
Por otro lado, Idelso Hernández Llanos, presidente del Frente de Defensa de los Intereses de la Región Cajamarca, señaló que las rondas campesinas velan por que no se realice la actividad minera informal en dicha región.
“Hay que tener en cuenta que las mismas empresas (mineras) formales son las que promueven a las empresas mineras informales para luego justificar y decir: ahí está la irresponsabilidad (de la minería informal)”, señaló.
“Nosotros estamos apostando por un ordenamiento territorial en el cual ya están trabajando los gobiernos locales y provinciales”, puntualizó.
Por su parte, Emma Gómez, Subdirectora de CooperAcción, dio cuenta de una serie de problemas a solucionar: la inexistencia de una política integral de prevención y transformación de conflictos, y la ausencia de una autoridad ambiental autónoma e independiente.
Gómez Moreno recordó indicó que la inversión minera en nuestro país aumentó 67.2% entre enero y setiembre del 2011, en comparación a igual período del 2010.
Según la Defensoría del Pueblo, los conflictos mineros a octubre del 2011 llegan a los 227 activos. La cifra es casi la misma que dejó el ex presidente Alan García a octubre de este año, sin embargo los conflictos han aumentado en intensidad.
“A cuatro meses del gobierno de Ollanta Humala hay conflictos que han tomado picos de crisis. La pregunta es por qué no se hizo nada para evitarlo”, cuestionó Gómez.
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