Servindi, 29 de agosto, 2011.- En esta segunda entrega continuamos con la publicación de los comunicados de prensa de las instituciones y personalidades que saludaron la aprobación de la Ley de Consulta Previa. Figuran la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, el relator James Anaya, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, la Asociación SER y Cooperacción.
Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos:
Aprobación de la Ley de Consulta Previa es un gran paso hacia el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas
Es prioritaria su pronta promulgación y la participación de los pueblos indígenas en su implementación
El Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos saluda la aprobación de la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas por el pleno del Congreso de la República y solicita al Poder Ejecutivo su pronta promulgación.
Consideramos que la Ley aprobada, constituye un primer gran paso en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y reivindica su lucha por ser tomados en cuenta en las decisiones que los afectan.
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), vigente desde el año 1995, obliga a brindar medidas de protección efectiva a los pueblos indígenas. La aprobación de la Ley de Consulta Previa por el nuevo Congreso de la República es una señal importante, pues hace ver que existe voluntad política en las nuevas autoridades de respetar sus obligaciones, y asumir medidas efectivas que permitan a los pueblos indígenas ejercer sus derechos.
El texto aprobado, con algunos cambios, es sustancialmente el mismo que fuera aprobado en el Congreso de la República el 19 de mayo del año 2010. La norma busca instituir procesos de diálogo intercultural, y prioriza el respeto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, a fin de prevenir posibles conflictos, siguiendo las pautas establecidas en el Convenio 169, la Declaración de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano y las del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
A fin de implementar debidamente la Ley aprobada, es necesario fortalecer a la autoridad en materia indígena designada: el Vice Ministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura. Para ello, es importante que se asegure la posibilidad de contar con el personal especializado y el presupuesto suficiente que le permita cumplir con su tarea de velar por los derechos de los pueblos indígenas.
Consideramos que los representantes de los Pueblos Indígenas deben participar directamente en los siguientes pasos para la implementación de la Ley. Por ello, proponemos que se conforme una Mesa Multisectorial, que integre a todos los sectores involucrados y a los representantes de las organizaciones nacionales de pueblos indígenas, a fin de establecer el mecanismo para la implementación y pronta aplicación de la Ley.
Amnistía Internacional: El Congreso de Perú aprueba por unanimidad la ley de consulta indígena
El nuevo Congreso de Perú ha aprobado una ley que, por primera vez, exigirá el consentimiento de la población indígena antes de permitir que se lleven a cabo proyectos de desarrollo en sus tierras ancestrales.
La ley de consulta con la población indígena, que fue aprobada por unanimidad el martes, obliga a que el gobierno consulte a las comunidades indígenas antes de que las empresas puedan comenzar proyectos como excavaciones mineras o petrolíferas, o la construcción de embalses. También deberá consultarse con la población indígena cualquier propuesta de ley que pueda afectar a sus derechos antes de que sea aprobada por el Congreso.
Destacadas organizaciones de pueblos indígenas han participado en las negociaciones de esta ley, y han estado luchando por su aprobación desde 2009. Aunque el año pasado el Congreso aprobó una versión consensuada del proyecto de ley, el ex presidente peruano Alan García la vetó.
“Esta ley, que respeta los principales acuerdos alcanzados con las organizaciones de pueblos indígenas durante la legislatura anterior, inicia un esperado nuevo capítulo en la relación de las comunidades indígenas con las autoridades peruanas”, ha expresado Susan Lee, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.
“Pedimos al gobierno del presidente Ollanta Humala que ofrezca su máximo apoyo a la puesta en marcha de la ley de consulta indígena, garantizando que los organismos de gobierno y sus políticas se creen de forma inmediata y se consulten previamente con las comunidades indígenas, para darles la oportunidad de influir en las decisiones que se tomen”.
La ley entrará en vigor cuando el presidente Humala la firme en las próximas dos semanas.
Con la nueva ley, los acuerdos entre los pueblos indígenas y el gobierno serán obligatorios. En aquellos casos en los que no se alcance un acuerdo, los organismos estatales deberán tomar todas las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
Perú ha suscrito las normativas internacionales, incluida la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y las normas de la Corte Interamericana, que exigen el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas para cualquier actividad que pueda tener un impacto significativo en sus tierras y recursos.
De acuerdo con el derecho internacional, el término “pueblos indígenas” incluye a todos los grupos que se identifiquen colectivamente a sí mismos como tales.
Los conflictos sociales han surgido cuando se han llevado a cabo proyectos de desarrollo sin el consentimiento previo e informado de las comunidades indígenas. El resultado ha sido un balance de numerosas muertes en Perú durante los últimos años.
En junio de 2009 murieron 10 habitantes de la zona y 23 agentes de policía durante los enfrentamientos que se produjeron cuando la policía irrumpió en una manifestación pacífica convocada por pueblos indígenas en Bagua, región amazónica del norte de Perú. Más de 200 personas resultaron heridas en el incidente, pero nunca se ha realizado una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido, y las personas responsables no han sido llevadas ante los tribunales.
“Pasar una apisonadora sobre los derechos de los pueblos indígenas y otras personas afectadas por los proyectos de desarrollo rural no es la forma de alcanzar el desarrollo económico”, ha afirmado Susan Lee.
"En Perú y en toda América, los conflictos sociales agravados por el hecho de que se hace caso omiso a los derechos de los pueblos indígenas y por el rechazo a sus aportaciones han tenido como resultado numerosas violaciones de derechos humanos que podrían haberse evitado. Esperamos que esta ley abra las puertas hacia un camino de buena fe y diálogo intercultural, e instamos a otros países de la zona a que sigan este gran ejemplo".
James Anaya: Perú: ley de consulta previa es un logro clave para el país y la región
El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, declaró hoy que la aprobación de la ley de consulta previa a los pueblos indígenas por el Congreso del Perú “representa un importante avance en el país y en el resto de la región latinoamericana en materia de derechos de los pueblos indígenas”.
“Espero que esto demuestre un firme compromiso por parte del Estado peruano de atender las exigencias actuales de los pueblos indígenas a ser consultados sobre medidas que les afecten directamente, y en particular sobre proyectos de industrias extractivas en sus territorios o a su alrededor”, recalcó el Sr. Anaya.
“Ahora exhorto al Presidente de la República a que proceda a promulgar la ley”, dijo el Relator Especial, “y hago un llamado al Gobierno a que tome todas las medidas necesarias para garantizar la implementación adecuada de esta ley”.
El experto de la ONU felicitó al Congreso de la República del Perú por la aprobación de la ‘Ley de derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios reconocido en el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo’. “Veo con agrado que la ley fue aprobada por unanimidad en el Congreso, sin votos en contra ni abstenciones”, dijo el Sr. Anaya.
El 26 de marzo de 2008, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU nombró a James Anaya Relator Especial los derechos de los pueblos indígenas, por un período inicial de tres años. El Consejo renovó su mandato por tres años adicionales en 2011. El Sr. Anaya es titular de Regents’ Professor y de la Cátedra James J. Lenoir de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Arizona (EE.UU.).
SPDA: Pronunciamiento sobre la Ley de Consulta Previa para Pueblos Indígenas
La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) saluda la aprobación por unanimidad por parte del Congreso de la República del texto consensuado de la “Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocido en el Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo” (Ley de Consulta). La aprobación de esta ley representa un paso muy importante hacia la consolidación de la interculturalidad en el Perú, en la medida en que se formaliza un mecanismo que permite la inclusión de los pueblos indígenas en la toma de decisiones sobre aspectos que los afectan directamente.
Es preciso destacar la voluntad política positiva que ha demostrado el Poder Legislativo al aprobar por unanimidad esta ley. Esperamos que esta voluntad se mantenga para los grandes desafíos que supondrá la implementación de esta norma, y esperamos también que otros actores como las organizaciones indígenas, Poder Ejecutivo y demás instituciones del Estado, empresarios, sociedad civil, entre otros, mantengan un ánimo constructivo y razonable para llevar a la práctica la aplicación de los futuros procesos de consulta.
Los desafíos incluyen aspectos centrales como los procedimientos para identificar a los pueblos indígenas a ser consultados, así como tener claridad sobre cuáles son los temas y decisiones que serán materia de consulta. Si bien la mencionada ley marca pautas sobre estos temas, el éxito para su implementación requiere aún de precisiones reglamentarias y/o lineamientos que ayuden a la transparencia de estos procesos.
Esta importante norma deberá complementarse también con medidas claras para enfrentar otras actividades no amparadas en actos de gobierno, sino en el uso ilegal del suelo y de los recursos naturales, y que afectan día a día a nuestros bosques y pueblos indígenas, y que se manifiestan a través de cultivos de coca, agricultura migratoria, tala ilegal, tráfico de tierras y minería ilegal, por mencionar sólo algunos.
La SPDA considera un paso fundamental la aprobación de la Ley de Consulta, que marca un hito muy importante en términos de inclusión y justicia social para con los pueblos originarios del Perú. En esta línea, es preciso atender ahora, y hacia adelante, los enormes desafíos que implica la promulgación de esta ley.
SER: Editorial: Los desafíos de la Consulta Previa
La aprobación unánime de la Ley de Consulta Previa a los Pueblos indígenas u originarios en el Congreso de la República significa un enorme avance en la siempre compleja relación entre el Estado y los pueblos indígenas en nuestro país. Más allá del debate sobre cómo se aplicará, lo fundamental es que la Ley expresa el reconocimiento explícito del Estado de que existen derechos colectivos que tienen que ser respetados por autoridades y funcionarios públicos, que a partir de ahora, tendrán que mirar con otros ojos a un sector de la ciudadanía al que siempre se le ha negado tal condición.
Llama la atención que la norma haya sido aprobada de manera unánime, incluso por quienes la consideran un peligro para la gran inversión minera y petrolera o quienes antes exigían que expresamente se dijera en la ley que la consulta no es vinculante. Sin duda las bancadas y congresistas que tenían esta posición, han tenido que ceder ante el clamor de una opinión pública que desde los trágicos hechos de Bagua en el año 2009 reconoció que éstos fueron producto de la falta de diálogo y consulta de parte del gobierno del presidente García.
Luego de la promulgación que sin duda hará el presidente Humala, viene un segundo momento, el de la reglamentación e implementación, en el cual el Estado tendrá que irse adaptando –de a pocos- a un nuevo tipo de relación con pueblos y comunidades, ya que la consulta puede ser aplicada a diversas normas y medidas, que no sólo tienen que ver con las actividades extractivas, como algunos piensan.
También significa un enorme reto para las organizaciones y dirigencias de los pueblos indígenas, ya que deberán asumir que la consulta es un proceso de negociación en la búsqueda de acuerdos que hagan que la acción del Estado, respete la cultura y sus modos de vida, sin que ello signifique una parálisis estatal, como anuncian quienes ven con escepticismo esta medida.
Los procesos de consulta previa no estarán exentos de tensiones y sobre todo, en un primer momento, habrá que tener una buena disposición de las partes al aprendizaje del ejercicio de la misma. Habrá situaciones en las que el Estado tenga que retroceder ante la defensa que los pueblos indígenas hagan de sus modos de vida, y en otros casos, los pueblos indígenas deberán hacer lo mismo. Para ello habrá que recordar permanentemente que se asume que habrá buena fe y que poco a poco tendrán que ir borrándose los enormes prejuicios entre ambos partes.
En Noticias SER consideramos que los desafíos son enormes y el camino no será fácil, pero el primer paso ha sido dado luego de la enorme lucha de las organizaciones indígenas y campesinas por lograr que la ley sea aprobada por el Congreso. Ahora le corresponde al gobierno del Presidente Humala tomar las acciones para que la consulta previa comience a ser una realidad.
Cooperacción: Ley de Consulta Previa reivindica derechos de los pueblos indígenas
El 23 de agosto de 2011, el Congreso de la República aprobó unánimemente con 113 votos, la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u originarios. Marcando así, un primer e importante paso en el camino que el nuevo gobierno va a tener que recorrer por la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas.
Esta ley atiende a una de las fuertes demandas de los pueblos indígenas, que a partir de los lamentables sucesos de Bagua, pedían la promulgación de una norma que regule el derecho colectivo a la consulta previa. Esta norma deberá ser reglamentada y además deberá establecerse una metodología que permita en la práctica, el desarrollo de procesos de consulta, siguiendo los lineamientos y principios del convenio 169 de la OIT.
CooperAcción considera que la ley aprobada, va propiciar procesos de diálogo intercultural, ausentes hasta la fecha, contribuyendo en la implementación de políticas de prevención, atención y transformación de los conflictos sociales en nuestro país y promoviendo la defensa de los derechos de las poblaciones indígenas a nivel nacional.
Cabe resaltar que la norma promulgada, ha rescatado en gran medida, el contenido de la propuesta trabajada en consenso con las organizaciones y pueblos indígenas, que fuera aprobada por el Congreso el 19 de mayo de 2010 y observada por el Ejecutivo del gobierno anterior.
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