Servindi, 16 de julio, 2011.- La problemática minera en el país durante el primer semestre de este año fue abordada en la presentación del Octavo Informe del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) en el Perú, que se realizó el miércoles 13 de julio en el Hotel Meliá de San Isidro.
El informe, elaborado conjuntamente por la asociación CooperAcción, el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES) y la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ).
El reporte analiza los casos emblemáticos de conflictos sociales generados por la minería en los departamentos de Junín, Piura, Apurímac, Cajamarca y Cusco; problemas que quedará en la agenda del próximo gobierno.
José De Echave, representante de CooperAcción, condenó que la empresa minera Doe Run Perú demande al Estado peruano por pretendiendo obtener una indemnización de US$ 800 millones.
Doe Run busca llevar al Estado peruano a un arbitraje internacional, amparada en lo dispuesto por el Tratado de Libre Comercio con su país, Estados Unidos. De Echave denunció que la empresa ya tiene el respaldo de 8 congresistas norteamericanos.
Por otro lado, comentó que la minería artesanal e informal se ha incrementado, lo mismo que sus relaciones con las actividades mineras formales.
Por su parte, Marco Arana, se refirió a la actividad minera en Cajamarca, donde ha habido reiterados enfrentamientos a causa de ese tema y a la vulneración de los derechos fundamentales.
Así mencionó que recientemente los frentes de defensa de Cajamarca, han solicitado que se emita una ordenanza para impedir las actividades mineras que puedan afectar sus recursos hídricos.
Mencionó como un caso emblemático el derrame de aguas ácidas por parte de la empresa Minera Yanacocha, que afectó los caseríos de Aliso Colorado y Lagamarca.
Arana informó que existe una solicitud de nulidad en el proceso de Ordenamiento Territorial, conducido por el Gobierno Regional, por parte del conglomerado de empresas mineras Grupo Norte. Estos intereses, recalcó, ponen en riesgo el plan de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) realizado de manera participativa en la región.
Por su parte, Javier Jahncke de Fedepaz se refirió al proyecto minero Río Blanco en Piura con el cual existe un riesgo de que se retome, lo cual implicaría la minería a tajo abierto en una zona donde hay páramos.
Por ello indicó que se debe establecer el sentido de protección y conservación que deben tener las Áreas Naturales Protegidas (ANP), especialmente las Áreas de Conservación Regional (ACR).
Asimismo informó que la minería informal en los distritos piuranos de Las Lomas y Suyo se han agudizado. El Gobierno Regional, por su parte, ha abierto una mesa de trabajo con los actores involucrados, informó.
Indicó que en la región Piura se ha iniciado una etapa participativa de Zonificación Ecológica y Económica, para recoger información de las comunidades y poblaciones de la sierra de Piura, representadas en el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera en el Perú.
Asimismo indicó que existen intereses económicos y políticos que el proyecto minero Tambogrande con los riesgos que ello implica para la actividad agrícola, agroexportadora y agroindustrial del valle de San Lorenzo.
En síntesis, los miembros del observatorio proponen medidas puntuales como la moratoria de las concesiones mineras para revisar el marco normativo que plantea la Ley General de Minería.
Por otra parte, reclamaron la necesidad de aprobar leyes como la Ley de Ordenamiento Territorial, la Ley Marco de Consulta Previa de los Pueblos Indígenas, y la Revisión del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Además, el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental con una Oficina de Evaluación y Fiscalización (OEFA) del Minam, que asuma el rol evaluador de los estudios de impacto ambiental (EIA), a fin de que se haga de manera independiente.
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