Servindi, 10 de junio, 2011.- A dos años de ocurridos los sucesos del 5 de junio en Bagua, el Congreso de la República aprobó el informe en mayoría que excluye de responsabilidad penal a los ex ministros Mercedes Cabanillas, Mercedes Aráoz y Yehude Simon, por los hechos que costaron la vida a 34 personas.
El informe, que se debatió a un año de su presentación, fue elaborado por los congresistas Martha Moyano (GPF), Eduardo Espinoza Ramos (UPP) y Juan Perry Cruz (AN) y solo encuentra encuentra "responsabilidad política" en los ex ministros.
El documento establece la responsabilidad de los hechos en los mandos policiales, entre ellos el Gral. Luis Muguruza, quien ya está procesado por los delitos de Homicidio Calificado y Lesiones Graves perpetrados en la Curva del Diablo.
Además, el documento señala que algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) azuzaron a la población con información falsa y exagerada.
El informe fue aprobado con 44 votos a favor, 21 en contra (toda la bancada nacionalista presente) y ninguna abstención. Además se debatieron otros 3 informes sobre el Baguazo, eaborados por Víctor Islas Rojas (GPN), Guido Lombardi (UN); y otro de los apristas Humberto Falla Lamadrid y Wilder Calderón.
El informe de Islas Rojas plantea una acusación constitucional contra Cabanillas (ex ministra del Interior) y Simon (ex presidente del Consejo de Ministros), por el supuesto incumplimiento de sus deberes y la responsabilidad en la muerte de 33 personas.
Además, una acusación contra Aráoz (ex ministra de Comercio Exterior) por falsedad genérica al haber declarado que los decretos legislativos afectaban el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos; y una acusación contra el ex ministro del interior Octavio Salazar.
El informe de Isla es el único que determina responsabilidad en Alan García. Isla, basado en una información que dio la ex Ministra de la Mujer, Carmen Vildoso, a la Comisión Congresal, señala que Alan García tiene responsabilidad penal.
Por su parte, los apristas Falla Lamadrid y Calderón, exoneran de todo cargo a los ex ministros, pues solo velaron por el orden público. Si bien Cabanillas tiene responsabilidad política, esta fue asumida con su renuncia, concluye este informe.
El informe Lombardi
El informe de Guido Lombardi, por su parte, concluyó con que sí existe responsabilidad política de los ex ministros por el incumplimiento de sus deberes y por no haber resuelto los reclamos de los pueblos indígenas.
Lombardi sostiene que el Congreso debía evaluar la posibilidad de denunciarla por infracción constitucional a la ex ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, porque no hizo nada para evitar el desenlace fatal y su responsabilidad política deriva de esa inexcusable omisión.
“Era exigible que, en una circunstancia de tamaño contenido político, estuviera involucrada y no fuera meramente una observadora (…) Demostró incapacidad absoluta al declarar al mediodía del 5 de junio que la situación estaba controlada”, dice el informe.
Para sustentar esta sugerencia, el legislador señala una serie de omisiones cometidas por la ex funcionaria antes, durante y después del denominado “Baguazo’. “Cabanillas ha alegado abstencionismo absoluto, derivando todas las responsabilidades a la Policía (…)”.
Además señala que el 3 de junio del 2009, en una sesión del Consejo de Ministros, el presidente Alan García llamó la atención a Cabanillas para que solucionara el problema en la “Curva del Diablo’, que estaba tomada por los nativos.
Para Lombardi, si Cabanillas no hizo nada, como lo ha expresado en reiteradas ocasiones, entonces desoyó un llamado del mandatario. Lo que queda claro –sostiene el legislador– es que la ministra no adoptó ninguna medida para prevenir un desenlace tan trágico como el ocurrido el 5 de junio.
El informe Lombardi además de la responsabilidad política pide evaluar la posibilidad de denunciar a los ministros Mercedes Aráoz y Octavio Salazar y al ex premier Yehude Simon.
Respecto a Mercedes Aráoz, afirmó que es “deleznable” que la ministra dijera que, por desconocimiento, no se consultó a los nativos sobre las leyes que generaron la protesta en la selva.
“Su responsabilidad política se desprende del incumplimiento de la obligación constitucional de someter a consulta los decretos que afectaban a los pueblos indígenas”, refiere.
Respecto de Yehude Simon, el parlamentario sostiene que no dio una solución política a la crisis en Bagua y que se concentró en organizar “mesas de diálogo infructuosas”.
Finalmente, señala que el actual ministro del Interior, Octavio Salazar, incumplió con su obligación de entregar la información que le solicitó la comisión investigadora.
Lombardi agregó que hubo un quiebre de mando en el operativo y el comando policial incumplió su propio plan de operaciones.
Explicó además que los hechos se originaron por la oposición de las comunidades a ciertos proyectos de inversión extractiva en los que ellos deben decidir si aceptan.
“Es su territorio, son muchos más sus territorios que los nuestros”, expresó. Por ello, es necesario debatir y aprobar la Ley de Consulta Previa e Informada, puntualizó.
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Acceda a los cuatro informes de la Comision Investigadora de los sucesos de Bagua, en formato PDF:
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