Perú: Fujimorismo votó en contra de la Ley de Consulta

Por Javier Ugaz

Servindi, 30 de mayo, 2011.- Los hechos desdicen sus ofertas electorales. Keiko Fujimori y su grupo parlamentario no demostraron preocupación y compromiso por las comunidades campesinas y nativas del país cuando hace un año se votó la Ley de Consulta Previa en el Congreso, puesto que o bien votaron en contra, se abstuvieron o se hallaron ausentes.

De acuerdo con el Diario de Debates, el 19 de mayo de 2010 se aprobó la ley con 62 votos a favor, 7 en contra y 6 abstenciones. En aquella ocasión el Grupo Parlamentario Fujimorista marcó de la siguiente manera en la primera votación:

En contra: Alejandro Aguinaga, Cecilia Chacón y Oswaldo de la Cruz.

Abstenciones: Santiago Fujimori, Ricardo Pando y Rolando Souza.

Licencia por enfermedad: Martha Hildebrandt.

Ausentes: Keiko Fujimori, Luisa Cuculiza, Martha Moyano, Carlos Raffo.

Luego, en la exoneración de la segunda votación, solo se abstuvo Souza Huanambal y el resto votó en contra. Rolando Reátegui, que había votado a favor de la ley en un primer momento, modificó su decisión para hacerlo también en contra.

Ley de consulta a los pueblos

El 19 de mayo de 2010 se votó una de las leyes más importantes de los últimos años, que tuvo como antecedente las decenas de protestas y conflictos socioambientales en gran parte de la amazonía y la sierra peruana. El hecho que presentó al Perú como un país dividido entre una clase dominante y una población desprotegida que recurre a las calles para hacerse escuchar fue el baguazo, que dejó 25 policías muertos, 10 civiles muertos y cientos de heridos.

La aprobación de dicha ley se caía por su propio peso: no se podía negar el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados previamente sobre cualquier medida legislativa o administrativa que les pudieran afectar. Incluso, como nunca antes, se discutía en los plenos, comisiones y pasillos del Congreso, los alcances del Convenio 169 de la OIT -ratificado por el Perú- que reconocía éste y otros derechos de las comunidades indígenas.

Ningún partido político estaba ajeno al tema y nadie en su sano juicio podría oponerse a una ansiada norma, salvo que se tuviera una posición contraria al derecho internacional, a la voluntad de los pueblos, y a pensar en los indígenas como seres sin derechos.

El fujimorismo y su repentina preocupación por los indígenas

Son fingidos los gestos del fujimorismo por aparentar una identificación con la población originaria. En el Congreso se pueden encontrar más pistas.

La Comisión de Energía y Minas, cuya presidencia ha estado en manos del fujimorismo en estos cinco años, ha bloqueado las iniciativas que buscaban, por ejemplo, suspender el otorgamiento de concesiones mineras que han generado decenas de conflictos socioambientales para iniciar un reordenamiento territorial en el país, y ha soslayado los reclamos de la población rural por la contaminación minera y petrolera o por los impactos del gasoducto de Camisea.

Keiko Fujimori y el cambio constitucional

Aunque parezca insólito, Keiko Fujimori ha presentado ella misma dos proyectos de ley para modificar la Constitución Política de 1993. El primero es el 3115/2008 que propone modificar el artículo 194 de la Constitución, referente a la autonomía de las municipalidades de centros poblados.

El otro es el 4200/2010 que propone modificar el artículo 140 de la Constitución, para aplicar la pena de muerte a los violadores y por robo agravado seguido de muerte.

Keiko y el Baguazo

A pesar de su discurso electoral, ninguno de los 22 proyectos de ley presentados en estos cinco años por la congresista Keiko Fujimori ha estado relacionado con las comunidades campesinas y nativas. La mayoría de sus iniciativas están dirigidas a los temas judiciales y a la reforma del Código Penal.

En materia ambiental se registra un hecho desafortunado de la candidata. En un cálculo político generado por los sucesos del 5 de junio de 2009 en Bagua, Keiko Fujimori presentó el 9 de junio un proyecto para suspender la vigencia del Decreto Legislativo 1090, que aprobaba la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Sin embargo, el país exigía la derogación de la norma porque consideraba, con razón, que una suspensión tenía carácter temporal.

De igual idea era la Comisión de Constitución que había presentado al Pleno, un mes atrás, un dictamen en mayoría cuyo único artículo derogaba el DL 1090.

El 10 y 11 de junio, este tema fue motivo de debate en el Pleno, que derivó en la suspensión de sus funciones de siete indignadas parlamentarias nacionalistas por exigir lo que demandaban las comunidades y pueblos indígenas.

La alianza entre el fujimorismo y el aprismo permitió que se apruebe la Ley 29376 disponiendo la suspensión de los DL 1090 y 1064.

Keiko y los transgénicos

Fujimori Higuchi presentó también una ambigua iniciativa para declarar una moratoria de tres años al ingreso de organismos vivos modificados al país. La propuesta sería saludable siempre y cuando tuviera respaldo en las políticas de bioseguridad que ejecuta el Estado.

Por lo pronto, la posición de algunos gobiernos regionales es más clara: declarar a sus regiones libres de transgénicos mediante ordenanzas. Así ya lo han hecho Cusco, San Martín, Lambayeque, Ayacucho y Huánuco. Cajamarca y Loreto también han anunciado que lo harán. Susana Villarán, alcaldesa de Lima, también se encuentra analizando el tema.

En el Congreso, existen mejores iniciativas sobre el tema: un dictamen de moratoria por 15 años que prohíbe el ingreso de transgénicos y otro de la congresista Juana Huancahuari que declara a todo el país de territorio libre de organismos transgénicos.