Perú: Decreto pro semillas transgénicas en la picota

Cartel en marcha contra transgénicos en Lima, Perú. Imagen: Aldo Arnao / Conacami

- Continúan las críticas al polémico Decreto Supremo 003-2011 del Ministerio de Agricultura que abre las puertas al ingreso de semillas transgénicas.

Servindi, 6 de mayo, 2011.- El “Reglamento Interno Sectorial sobre Seguridad de la Biotecnología en el desarrollo de actividades con Organismos Vivos Modificados agropecuarios o forestales y/o sus productos derivados” expedido el 15 de abril ha dividido a dos ministros en posiciones antagónicas.

Mientras, la Defensoría del Pueblo expresó su opinión a favor de una moratoria y el reconocido chef Gastón Acurio enfiló sus críticas a los intereses privados y particulares detrás de la norma.

Esta semana diversos medios destacaron el rol de algunos lobbystas a quienes la norma beneficiaría directamente. Este es el caso de Alexander Grobman, quién funge de asesor del Ministerio de Agricultura mientras patrocina empresas asociadas a los bionegocios.

Todo esto sucede en un contexto de manifestaciones públicas de abierto rechazo ciudadano a la norma que es defendida por un alicaído jefe de estado y su ministro de agricultura a quién un diario local también acusa de tener intereses privados asociados a los transgénicos.

División ministerial

Rafael Quevedo, titular de la cartera de agricultura, es un partidario acérrimo del ingreso de los organismos genéticamente modificados (OGM).

Quevedo argumenta que de establecerse la moratoria que exigen los agricultores y otros sectores del país se pondría “en riesgo los Tratados de Libre Comercio (TLC) puesto que sería considerada una medida arancelaria”.

En un afán extremo de crear temor afirmó  que se pondría en riesgo el comercio multilateral, con Brasil, Uruguay y Argentina; en tanto que el Perú sufrirá “represalias comerciales” contra sus exportaciones.

Al contrario de éste, el titular del Ministerio del Ambiente, Antonio Brack Egg, apoya la propuesta de establecer una moratoria de 15 años para el ingreso de los OGM, hasta que se hayan realizado los estudios respectivos.

Para el Ministro Brack es una exageración decir que si se establece la moratoria no ingresará ningún OGM al país y que “todas las pollerías y chancherías tendrían que cerrar”.

Las semillas genéticamente modificadas –las cuales tienen patentes-, afirmó Brack, serían inaccesibles para los campesinos, porque “no son de libre disponibilidad”.

“Eso no solo no favorece a los pequeños agricultores sino que les puede causar dependencia económica y tecnológica, quienes la mayor parte de ellos no está en capacidad de afrontar”, sostuvo Brack.

Asimismo recalcó la necesidad del etiquetado de los productos transgénicos, dispuesto por el Código del Consumidor, para que los peruanos sepan qué consumen.

Proyecto derogatorio

Mientras tanto, el jueves 5 de mayo, la congresista de la Alianza Parlamentaria, Rosario Sasieta, presentó el proyecto de Ley Nº 4812, en el que se exige la derogación inmediata del D.S. 003-2011 MINAG.

Sasieta advirtió que “hay que informarle al país que existen intereses empresariales muy fuertes que colocan en peligro al Perú, hoy convertido en un banco genético muy importante a nivel mundial por la biodiversidad de sus recursos.”

Críticas a discreción

La Defensoría del Pueblo recomendó suspender los efectos del decreto supremo que regula las actividades con organismos vivos modificados en el sector agrícola en el país y abrir espacios de diálogo a fin de buscar consenso sobre el tema.

En un oficio dirigido a la presidenta del Consejo de Ministros, Rosario Fernández, el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, formuló esa recomendación "teniendo en cuenta la importancia que la medida tiene en el futuro del agro nacional".

Vega Luna señaló que si bien la biotecnología ofrece aspectos beneficiosos, es importante  también reconocer la preocupación respecto de los riesgos potenciales que suscita, los cuales incluyen efectos en la salud humana y de los animales, así como consecuencias ambientales.

Las políticas de regulación de la biotecnología deben guiarse por el principio precautorio, de modo que cuando haya indicios razonables de peligro de daño grave o irreversible al ambiente, o, a través de éste, a la salud, la ausencia de certeza científica no se deberá utilizar como razón para no adoptar o postergar la ejecución de medidas para evitar o reducir dicho peligro.

“No menos importante se considera la necesidad de tener en cuenta que la regulación de la biotecnología debe contemplar la particular condición del Perú de ser un país caracterizado por su megadiversidad y con importantes oportunidades para el desarrollo de una agricultura orgánica”, anotó.

El oficio dirigido a la PCM contempla también la necesidad de brindar las garantías de transparencia, de una debida y oportuna información, así como de participación, para asegurar que esas políticas no respondan a intereses particulares ni que produzcan conflictos de intereses.

“Estas políticas deben responder al interés común del país, objetivo al cual habría contribuido la pre publicación de la norma objeto del pronunciamiento, antes de su promulgación”, indicó.

Vega Luna sostuvo que, en consideración a lo indicado, también se ha solicitado al Ministerio de Agricultura que brinde información sobre el proceso sectorial que ha conducido a la aprobación del decreto supremo en cuestión.

Críticas al lobbysta Grobman

El influyente diario El Comercio alertó en su edición del domingo 24 de abril sobre la forma sorpresiva en que se envió el decreto cuestionado sin un debate público ni el consenso de mos ministros a pesar de tratarse de un tema de gran controversia.

Pero el diario también destacó el nombramiento como asesor de Alexander Grobman, a pesar de tratarse de una persona fuertemente conprometida con el negocio de los transgénicos.

Grobman preside la Asociación Peruana para el Desarrollo de la Biotecnología (Perúbiotec), organización que promueve y defiende el ingreso de semillas transgénicas en el país; y preside los directorios de las empresas comercializadoras Semillas Penta del Perú y Productora Agrícola del Campo.

Los portales de Internet Servindi y La Mula publicaron notas informativas poniendo el acento es destacar el rol de Grobman, del ex Ministro de Agricultura Ismael Benavides y otros funcionarios influyentes en decisiones públicas a favor de las semillas transgénicas a pesar de tener intereses privados asociados a lo mismo.

El chef Gastón Acurio habló sin ambiguedad con la prensa extranjera y puso el dedo en la llaga al señalar que intereses particulares y privados coyunturales están detrás de la norma que es inapropiada para el perfil del Perú, un país de enorme potencial en los cultivos orgánicos gracias a su extraordinaria biodiversidad, señaló.