Servindi, 28 de abril, 2011.- La incorporación del economista Hernando de Soto en el equipo de la candidata presidencial Keiko Fujimori es un verdadero peligro para las comunidades nativas, afirmó Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
“De Soto es el ideólogo de la derecha que impulsa la formalización y pretende convencer a los pueblos de la amazonía de que nuestro problema se basa en que los indios no tienen propiedad. Él no entiende que el problema de las comunidades indígenas va más allá de la propiedad, porque deja de lado el valor de la colectividad, costumbres y tradición", aseguró.
"En un eventual gobierno de Keiko Fujimori la presencia de De Soto sería una amenaza para las comunidades, porque su propuesta es atentatoria a los pueblos nativos”, dijo.
Pizango consideró que el economista representa y defiende la misma política económica de los últimos gobiernos.
“Es el ideólogo de García quien promovió una política de represión contra las comunidades nativas, lo que desencadenó los hechos funestos de Bagua. Y ahora se ha sumado a Keiko, quien defiende la dictadura de su padre que promulgó la Constitución del 93 en que se ratificó la exclusión de los pueblos indígenas, es seguro que los conflictos sociales se agudizarían. Sería un verdadero peligro”, agregó.
El líder nativo criticó, por otra parte, el papel de Keiko Fujimori como congresista en los últimos cinco años, durante el segundo gobierno aprista, ante la problemática de los pueblos indígenas y nativos.
“Al comienzo Keiko mostró cierto interés por nuestros problemas, pero después simplemente fue indiferente y su partido nos dio la espalda. Los que sí se mostraron más solidarios fueron los del Partido Nacionalista que estuvieron apoyándonos hasta el final”, sostuvo Pizango.
De otro lado, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de derechos humanos (CIDH), Santiago Cantón, manifestó que la posesión de la tierra debería bastar para que los pueblos indígenas obtengan un reconocimiento del Estado, que debe además garantizar sus derechos.
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Con información del diario La Primera.
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