Guatemala: Solidaridad con indígenas maya: Detener la Mina Marlin en Guatemala

Mina Marlín a cielo abierto. Foto Sipaz

Salva la Selva, 21 de marzo, 2011.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció en mayo 2010 la suspensión cautelar temporal de la mina Marlin. Pero tanto la empresa minera como el gobierno hicieron desde entonces oídos sordos.

Por eso, las comunidades decidieron presionar bloqueando de manera pacífica los accesos principales de la empresa minera a su proyecto. Marlin I es una mina de oro y plata subterránea y a cielo abierto situada en un área de 6 km2 en las inmediaciones del río Tzalá y Quivichil en los municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, Departamento de San Marcos. Abarca los territorios tradicionales de los pueblos mayas mam y sipakapense.

Dados los antecedentes e impactos de la mina , la CIDH solicita al Gobierno que: “suspenda la explotación minera del proyecto Marlin I y demás actividades relacionadas con la concesión otorgada a la empresa Goldcorp/Montana Exploradora de Guatemala S.A., y (…) prevenir la contaminación ambiental”.

Además, solicita al Gobierno la adopción de medidas de descontaminación de las aguas de las comunidades indígenas; la atención médica de afectados por la contaminación y la garantía de la vida y la integridad física de los miembros de las 18 comunidades mayas afectadas.

El Relator de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas presentó un informe sobre la minería en Guatemala justo el 4 de marzo de 2011, cuatro días después de los incidentes denunciados.

Allí efectúa observaciones sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas de Guatemala afectados por proyectos extractivos en sus territorios tradicionales, y dedica un amplio capítulo al caso de la Mina Marlin.

El Relator concluye su informe recomendando al Estado guatemalteco y a la empresa Goldcorp acatar las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, incluyendo la suspensión de las operaciones de la mina.

Escriba al presidente guatemalteco en apoyo de las denuncias del Frente de Defensa Miguelense.

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