Servindi, 11 de marzo, 2011.- El gobierno regional de Junín emitió una ordenanza que establece a los inversionistas privados condiciones de resguardo ambiental, promover la sociedad con las comunidades campesinas y nativas, cumplir el derecho a la consulta previa conforme el Convenio 169, entre otras disposiciones.
La norma dispone que las empresas y sus respectivas concesionarias que operen en terrenos de las comunidades indígenas y campesinas promuevan la sociedad con esas organizaciones, como forma de participación en la administración y conservación de sus recursos, y en los beneficios que reporten tales actividades.
“Eso significa que las comunidades participen en las empresas como accionistas menores, lo cual ya viene sucediendo con dos unidades de Cemento Andino, que tienen como accionistas a comunidades de la zona, con menos del 1% de participación en la empresa”, explicó el presidente regional, Vladimir Roy Cerrón.
La ordenanza 108-2011 emitida el 9 de marzo pasado, señala además otras condiciones para un adecuado desarrollo de las actividades privadas en esa región.
Establece por ejemplo, que las empresas cumplan estrictamente las políticas de resguardo ambiental considerando el Programa de Adecuación del Medio Ambiente, Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Cierre de Actividades que dispone la Ley General del Ambiente.
Dispone que las empresas fomenten el empleo regional en un porcentaje superior al 60 por ciento del total del personal, que fomenten la contratación de personal con discapacidad, que adquieran preferentemente los bienes y servicios que brindan las pequeñas y medianas empresas.
Demanda asimismo, el estricto pago de regalías, canon, sobrecanon a las empresas obligadas por ley y el respeto de las disposiciones laborales.
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