Por Róger Rumrrill
Las filtraciones de Wikileaks que informan que entre el 70% y 90% de las exportaciones de caoba en el Perú tienen procedencia ilegal están aguando la fiesta de la celebraciones del Año Internacional de los Bosques en el 2011 y del Día Forestal mundial, el 21 de este mes.
Porque, al contrario de las versiones optimistas y triunfalistas de las autoridades, la tala ilegal de la caoba continúa. Una prueba irrefutable de que nada ni nadie ha podido detener hasta ahora la tala ilegal de la caoba es la carta que ha enviado recientemente la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) a la Cancillería señalando sin tapujos ni medias tintas que el Perú no ha cumplido hasta la fecha con el manejo del cupo de exportación de la caoba ni con el control de la tala ilegal de esa valiosa especie forestal, el oro rojo de la Amazonía.
A causa de este incumplimiento, el Perú está en la antesala de una declaratoria de veda denominada “comercio significativo de la caoba” que implicará que los permisos de exportación de dicha especie forestal serán evaluados y aprobados por la CITES. Esta veda tendría graves implicancias en la aplicación y ejecución del TLC con Estados Unidos.
Múltiples son las debilidades, omisiones y fallas de por qué nuestro país no puede cumplir sus compromisos pactados, desde la corrupción endémica hasta el poder de los lobbies que han capturado al Estado. Por ejemplo, la Dirección General de Forestal y Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura, responsable de toda la actividad forestal, está digitada por los exportadores madereros a través de ADEX.
Existen también otras fallas de fábrica en el aparato del Estado que explican la imposibilidad de construir un sistema forestal moderno, sostenible y competitivo. Marc J. Dourojeanni Ricordi, uno de nuestros mayores especialistas en el tema, en un comentario a ese denso y confuso mamotreto que se llama Ley Forestal y de Fauna Silvestre 4141 que el régimen alanista intenta promulgar sin previa consulta de los pueblos indígenas, opina que los bosques naturales deberían estar en el Ministerio del Ambiente y no en el Ministerio de Agricultura, cuyo fin es precisamente talar el bosque para la producción agraria.
“La expansión agropecuaria se hace esencialmente a costa del bosque. Es ilógico incluir los bosques naturales bajo el control de los que precisan destruirlo. Es como poner al zorro cuidando el gallinero”, ironiza Dourojeanni.
En el Perú actual, hay muchos zorros que controlan el gallinero y se comen glotonamente a la gallina de los huevos de oro de nuestras riquezas naturales.
Fuente: La Primera
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