Servindi, 30 de diciembre del 2010.- Durante los últimos 30 años, los 241 pueblos indígenas del Brasil han visto frustradas sus aspiraciones de obtener un nivel de vida digno ya que los sucesivos gobiernos, han desatendido a este importante sector de la población.
Así se expresó, Roberto Antonio Liebgott, vicepresidente del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), organización que vela por los derechos de los pueblos indígenas del Brasil.
En un análisis que realiza desde 1980, sobre la actuación de los gobiernos frente a la situación marginal de los indígenas, Liebgott comprobó los escasos avances efectuados así como la desatención en los sectores de salud, educación y la demarcación de tierras indígenas.
La violencia y la criminalización de las protestas indígenas fueron otros puntos negativos que marcaron los últimos ocho años. Bahía, Pernambuco, Maranhão y Mato Grosso do Sul fueron escenario de episodios de violencia, desalojo e invasiones.
El caso de los Guaraní Kaiowá, que fueron desalojados de sus tierras, perseguidos y obligados a vivir al costado de una ruta, fue considerado uno de los episodios más significativos que demuestra "la falta de interés por los pueblos indígenas".
Otro de los hechos negativos que marcan la gestión de Lula fue la mala utilización del presupuesto indígena, que no promovió acciones efectivas para la supervivencia física y cultural de los pueblos, contrariando lo solicitado por los 241 pueblos indígenas de Brasil.
Los sectores de la salud y la educación tampoco se tomaron en cuenta, ya que las propuestas dirigidas a los pueblos fueron olvidadas en detrimento de las propuestas gubernamentales.
Por todo lo expuesto –según Liebgott- a los pueblos indígenas y organizaciones que defienden los derechos de éstos sólo les queda intensificar la lucha.
“Presentar demandas, movilizarse por ellas para que se transformen en políticas públicas, luchar por la participación en todas las etapas, y presionar al poder público por la efectivización de políticas en favor de los pueblos indígenas continúa siendo el camino", aseguró el vicepresidente del CIMI.
Cronología
El análisis determina que en el gobierno del general Joao Batista Figueiredo (1979-1985), se produjeron epidemias y endemias que mataron a decenas de pueblos y casi extinguieron etnias como los Deni. También se construyeron carreteras e hidroeléctricas en tierras indígenas.
Durante el gobierno del presidente José Sarney (1985-1990), la penetración a territorios ancestrales indígenas se incrementó, esta vez protagonizada por pescadores, madereros, buscadores de piedras preciosas y empresas mineras.
Por esos años, unos 2 mil indígenas murieron debido a las diferentes enfermedades que trajeron los cerca de 30 mil buscadores de piedras preciosas que ocuparon las tierras indígenas Yanomami.
Luego siguió el mandato de Fernando Collor de Mello (1990 a 1992), quien demarcó las tierras Yanomami. Asimismo, se promovió la homologación de 108 tierras indígenas.
Durante el gobierno de Itamar Franco, se promovió la homologación de 20 tierras indígenas.
Entre los años 1994 y 2002, gobernó Fernando Henrique Cardoso quien se preocupó más sobre la problemática indígena. Durante sus dos mandatos, Cardoso homologó 147 tierras indígenas.
En el 2003 inició su gestión el presidente Lula da Silva, que hizo renacer las esperanzas en los sectores populares y las minorías étnicas. Sin embargo, ese sentimiento se evaporó con los años, porque demandas prioritarias de la agenda indígena no fueron tomadas en cuenta.
Por ejemplo, las demarcaciones no fueron priorizadas; ya que sólo 88 tierras fueron homologadas, y en algunos casos, los procedimientos se iniciaron en gobiernos anteriores. Cientos de otros procesos de demarcación están paralizados.
A juicio del estudioso Liebgott, de las 988 tierras, 323 todavía se encuentran sin medida alguna tomada; 146 están en estudio, pero aún por identificar.
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