Servindi, 26 de noviembre, 2010.- Con lágrimas de emoción, las madres viudas de Anfasep y que perdieron a sus hijos en manos del terrorismo abrazaron al Primer Ministro, José Antonio Chang, al conocer de sus propias palabras que el gobierno aceptaba iniciar las reparaciones económicas individuales a partir del próximo año y que había pedido al Congreso incorporarlo en el dictamen de Ley de Presupuesto.
Juana Huancahuari fue la congresista que se encargó de presentar la fórmula técnica de inclusión en los anexos de la Ley para el Pliego Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y que tras varias gestiones el ministro Chang la hizo suya.
Esta parlamentaria de origen quechua y procedente de Ayacucho, tierra en la que murieron más de 25 mil personas según la Comisión de la Verdad, fue también la más persistente en persuadir al Ejecutivo de crear la meta presupuestal para reparaciones económicas en el 2011.
El compromiso
“Me comprometo a iniciar las reparaciones económicas individuales a partir de enero del 2011 y hacer todos los esfuerzos para agilizar los trámites para atender a las víctimas en la medida de lo que alcancen los 20 millones”, dijo el premier a los dirigentes, delante de algunos congresistas.
Si bien el Congreso ha postergado la aprobación del Dictamen de Ley de Presupuesto para la próxima semana, al interior de la PCM se tiene claro que ya no puede dar marcha atrás con las reparaciones económicas a los afectados por la violencia política.
La reunión tuvo lugar el jueves 25 entre el Premier, los congresistas Nidia Vílchez, Miro Ruiz y Juana Huancahuari y dirigentes de las organizaciones de afectados.
Por los dirigentes participaron Daniel Roca, de la Coordinadora Nacional de Afectados por la Violencia Política (Conavip), Adelina García, Eudocia Conde y Celsiana Maldonado por la Asociación Nacional de Familiares de Detenidos, Secuestrados y Desaparecidos del Perú (Anfasep), Giovana Cueva de la ADFADA de Huancavelica, entre otros.
Gestión permanente
“Fueron varios meses de gestiones en los que se tuvo que persuadir e insistir en todas las instancias para que se reconozca el derecho de las víctimas y familiares a ser reparadas económicamente y que se exprese dicha voluntad en la ley de presupuesto”, contó la parlamentaria.
No comprendíamos la apatía del Ejecutivo por recoger una propuesta que no demandaba mayores recursos al Estado, sino que únicamente se pedía una redistribución del monto ya asignado, que consistía en otorgar 20 millones para las reparaciones colectivas y 20 millones para las económicas.
Huancahuari resaltó la movilización en Lima de más de mil quinientos afectados realizada en julio de este año como el punto de quiebre en que el gobierno se vio presionado a cumplir dos metas: crear la Comisión Técnica Multisectorial para establecer los montos, procedimientos y modalidades de pago de reparaciones económicas y comprometerse a iniciarlo a partir del 2011.
Sin embargo, en los meses sucesivos el gobierno no daba muestras de avance, que recordaba la forma de actuar del año anterior por el mismo tema. La tarea se orientó entonces a hacerle recordar al gobierno este compromiso, y exigirle su incorporación con nombre propio en la ley.
Huancahuari Páucar cuenta que mantuvo conversaciones con el premier, el secretario general de la PCM, la CMAN, el ministerio de Economía, la Comisión de Presupuesto del Congreso, los directivos portavoces de las bancadas parlamentarias, las organizaciones de derechos humanos y con todos quienes estaban involucrados en el tema.
“No se descuidó a ningún actor con la intención de obtener su compromiso”, dijo.
Lo que falta
Según se informó, a partir del lunes 29 de noviembre, la Comisión de Presupuesto, que preside José Carrasco, presentaría un nuevo texto sustitutorio de Dictamen de Ley de Presupuesto con las modificaciones y disposiciones complementarias finales.
Por lo avanzado, se espera que dicha iniciativa contenga la propuesta de reparaciones económicas.
De otro lado, se sabe que PCM ya ha solicitado a Economía y Finanzas la creación de la meta presupuestal 017 que considera el programa de reparaciones económicas.
De otro lado, la Comisión Técnica debe entregar su informe final hacia la quincena de enero, la cual deberá ser aprobada en la CMAN y luego emitirse una norma que establezca el reglamento respectivo.
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