Perú: Los ríos contaminados buscando justicia...

Derrame en el río Corrientes

Por Paul MacAuley y Rubén Medina Robledo*

05 de noviembre, 2010.- El acontecimiento del derrame de crudo en el Marañon en Junio de este año ha provocado bastante debate público y hasta polémica entre instituciones.

Últimamente la atención se ha centrado en las diferentes medidas e interpretaciones de la contaminación presente en el río. Que existe contaminación en el Río Marañon – en gran parte como resultado de la actividad petrolera – es innegable.

Existe el peligro de centrar nuestra atención en sólo este último caso y perder de vista el panorama amplio de contaminación que es el producto real y actual de más de 30 años de actividad petrolera. Aunque si no hubiera habido el derrame de Junio, el rio Marañón seguiría siendo un río contaminado por razones obvias.

El río Marañon es receptor de las aguas de todas las quebradas que confluyen hacia los ríos Tigre, Pastaza y Corrientes que salen al Marañon. Durante toda la época petrolera cientos de millones de barriles de aguas saladas, además de crudo y grasas han sido tirados a las quebradas de estos ríos desde la altura del oleoducto. Y estas aguas, altamente contaminadas, han bajado al Marañon y han seguido su curso hacia el Atlántico.

Existen muchísimas quebradas y cochas en los ríos Tigre, Corrientes y Pastaza que hasta hoy no han recibido tratamiento o limpieza de los residuos contaminantes que aun albergan.

Existen muchas quebradas donde basta una fuerte lluvia o el pase de un peque-peque para que el crudo sentado en el lecho de la quebrada suba para mezclarse de nuevo – como en una licuadora – con las aguas que saldrán al Marañon.

En Febrero de este año la Red Ambiental Loretana pidió a la Fiscalía del Medio Ambiente investigar la situación en la base de Bartra (abandonada) y en la quebrada Montoya que sale al río Tigre.

Presentamos, como prueba, un corto video de la contaminación en la quebrada. Hasta la fecha no tenemos indicios de investigación de parte de la Fiscalía y menos una respuesta del pedido. Y esa quebrada no es un caso excepcional. Es más bien la regla en las quebradas que son cercanas a los cientos de pozos.

Dada esta triste realidad que ha sido ignorada por las autoridades durante los años de actividades de extracción – que ha causada muerte, repentina o lenta, daños no calculados a fauna y flora, quisiéramos sugerir que el debate actual sean ampliado para ir hacia una evaluación real de los impactos sociales y ambientales de todas las quebradas, ríos y comunidades en las zonas de explotación petrolera de Loreto. Obviamente esto incluiría al ambiente y comunidades en Pastaza, Tigre, Corrientes y la reserva Pacaya Samiria.

Apoyamos a las comunidades del Marañon actualmente reclamando sus derechos en términos de salud y de entorno natural. Y quisiéramos que este reclamo sea:

• Causa de reflexión para el público Loretano sobre el costo real de querer beneficiarse – como todos nos beneficiamos – del petróleo.
• Motivo para promover una política de desarrollar fuentes de energía alternativa en la región
• La clave que abre una investigación realista de los costos – en salud pública y en fauna y flora – que las empresas han ido cargando a la población local y a nuestros recursos naturales.
• Motivo para que el GOREL asuma el liderazgo en esta investigación
• El inicio de un proceso serio que resulte en compensaciones verdaderas a las comunidades que han perdido seres queridos y recursos naturales.
• El inicio de una “conversión” dentro de las instituciones estatales encargadas de garantizar la salud pública , los derechos constitucionales y sanciones reales a los que ponen en peligro la salud y derechos humanos.
• La creación de un ente fiscalizador local.

Durante la clausura del 1º Congreso Internacional sobre Justicia Intercultural de Pueblos Indígenas, en Junín recientemente, el Dr. Víctor Prado de la Corte Supremo comentó:

“tenemos que ir más allá de la mirada penal y ampliar este enfoque intercultural para garantizar la seguridad del medio ambiente y de los territorios de los pueblos.”

Con este enfoque sobre la seguridad del medio ambiente y de los derechos de los pueblos, nos da esperanza que podremos contar – desde el Poder Judicial – con una mirada de justicia que fundamenta los reclamos de tantas comunidades (y de la naturaleza “sin voz”) frente al poder e influencia de los intereses tras las industrias extractivas.

Iquitos 2 Noviembre 2010

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* Paul McAuley es presidente de la Red Ambiental Loretana (RAL) y Ruben Medina Robledo Presidente de la Asociación Curuinsi

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Fuente: Asociación Curuinsi